29 Septiembre 2013
Apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. En las últimas semanas, la usurpación ha convulsionado a la opinión pública por su avance y su grado de atropello y por la represión inusitada. Los argumentos de los intrusos son la desocupación, la falta de una casa, el hacinamiento, aunque otros apelan a esta acción ilícita porque el Instituto Provincial de la Vivienda no les dan una respuesta, según sus testimonios.
Hubo piedras, balas de goma, un par de bombas molotov durante el desalojo de las 16 hectáreas de la ex fábrica "Pacífico" en San José, que habían sido ocupadas ilegalmente por más de un centenar de familias, hace tres semanas. El operativo en el que tomaron parte 300 policías, dejó como saldo 19 detenidos y más de 30 heridos, 13 de ellos policías. También fue agredido un periodista que denunció que la Policía le quitó elementos de trabajo, mientras filmaba. La ocupación se había producido el 5 de septiembre; la Justicia les había notificado que el fin de semana pasado debían desalojar el lugar.
El domingo pasado, unas 160 familias intentaron apoderarse de los terrenos de Campo Norte, ubicado entre Viamonte, Uruguay, Sargento Cabral y Bolivia. "En la casa de mis suegros viven tres familias y que no podemos seguir así", "Mi hijo alquila una casa y los costos son cada vez mayores"; "en el Instituto Provincial de la Vivienda no nos dan una respuesta" fueron alguna de las explicaciones de los usurpadores que en pocos minutos comenzaron a dividir los terrenos con palos e hilos. "Hace cuatro meses que venimos programando, porque esto es un basural... necesitamos un lugar donde vivir", dijo el coordinador del grupo.
En la segunda quincena de agosto, alrededor de 300 personas derribaron el paredón de dos metros de altura que protege las nueve hectáreas del Club Tiro Federal de Tucumán. El fiscal ordenó el desalojo y dispuso que la Policía custodiara el lugar. "Están armados con machetes y palos. Los miembros de la comisión directiva no pueden transitar ni a tres cuadras del club porque les apedrean los autos y ya han sido amenazados", dijo un dirigente del club.
El Código Penal Argentino, en su capítulo VI, art. 181 prescribe que será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.
Se suele decir que detrás de los usurpadores, siempre hay instigadores. Una puntera ha afirmado, por ejemplo, que para apropiarse de la ex fábrica Pacífico, contaba con el aval del Gobierno, afirmación que fue negada por el secretario de Seguridad.
Usurpar significa robar. No hay argumentos válidos para justificar el latrocinio. En muchos casos, la Justicia obra con lentitud, favoreciendo la instalación de estos asentamientos, que son difíciles de expulsar, pero tampoco la violencia es el camino para hacerlo. Sería no sólo positivo, sino también esclarecedor si la Justicia investigara en profundidad, descubriera quiénes son los instigadores y les aplicara el art. 181 del Código Penal. ¿Qué sucedería si los miles de tucumanos que carecen de una casa o viven en situación de hacinamiento o pobreza usurparan terrenos ajenos? El Ejecutivo y la Justicia no deben permitir estos latrocinios organizados, deben hallar a sus verdaderos promotores y aplicarles la ley con todo rigor.
Hubo piedras, balas de goma, un par de bombas molotov durante el desalojo de las 16 hectáreas de la ex fábrica "Pacífico" en San José, que habían sido ocupadas ilegalmente por más de un centenar de familias, hace tres semanas. El operativo en el que tomaron parte 300 policías, dejó como saldo 19 detenidos y más de 30 heridos, 13 de ellos policías. También fue agredido un periodista que denunció que la Policía le quitó elementos de trabajo, mientras filmaba. La ocupación se había producido el 5 de septiembre; la Justicia les había notificado que el fin de semana pasado debían desalojar el lugar.
El domingo pasado, unas 160 familias intentaron apoderarse de los terrenos de Campo Norte, ubicado entre Viamonte, Uruguay, Sargento Cabral y Bolivia. "En la casa de mis suegros viven tres familias y que no podemos seguir así", "Mi hijo alquila una casa y los costos son cada vez mayores"; "en el Instituto Provincial de la Vivienda no nos dan una respuesta" fueron alguna de las explicaciones de los usurpadores que en pocos minutos comenzaron a dividir los terrenos con palos e hilos. "Hace cuatro meses que venimos programando, porque esto es un basural... necesitamos un lugar donde vivir", dijo el coordinador del grupo.
En la segunda quincena de agosto, alrededor de 300 personas derribaron el paredón de dos metros de altura que protege las nueve hectáreas del Club Tiro Federal de Tucumán. El fiscal ordenó el desalojo y dispuso que la Policía custodiara el lugar. "Están armados con machetes y palos. Los miembros de la comisión directiva no pueden transitar ni a tres cuadras del club porque les apedrean los autos y ya han sido amenazados", dijo un dirigente del club.
El Código Penal Argentino, en su capítulo VI, art. 181 prescribe que será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.
Se suele decir que detrás de los usurpadores, siempre hay instigadores. Una puntera ha afirmado, por ejemplo, que para apropiarse de la ex fábrica Pacífico, contaba con el aval del Gobierno, afirmación que fue negada por el secretario de Seguridad.
Usurpar significa robar. No hay argumentos válidos para justificar el latrocinio. En muchos casos, la Justicia obra con lentitud, favoreciendo la instalación de estos asentamientos, que son difíciles de expulsar, pero tampoco la violencia es el camino para hacerlo. Sería no sólo positivo, sino también esclarecedor si la Justicia investigara en profundidad, descubriera quiénes son los instigadores y les aplicara el art. 181 del Código Penal. ¿Qué sucedería si los miles de tucumanos que carecen de una casa o viven en situación de hacinamiento o pobreza usurparan terrenos ajenos? El Ejecutivo y la Justicia no deben permitir estos latrocinios organizados, deben hallar a sus verdaderos promotores y aplicarles la ley con todo rigor.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
