Marchas y contramarchas con los ambulantes

La pobreza y la miseria son las madres de muchos de los problemas sociales que se vuelven crónicos por diferentes razones. El de los vendedores ambulantes es uno de los asuntos que lleva más de cuatro décadas de vida sin solución. Hace casi dos semanas, una vez más se anunció que esta modalidad de venta callejera ilegal se erradicaría del microcentro de la capital. El Gobierno dijo que había llegado a un acuerdo con los cuentapropistas.

El secretario general de la Gobernación y el representante del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara) afirmaron que el miércoles pasado se iba a definir el alquiler de un inmueble para instalar a los vendedores. Luego de esa instancia, el Gobierno iba a efectuar controles policiales en el microcentro. Se conoció luego que el lugar propuesto era la ex estación ferroviaria El Provincial, ubicada en avenida Roca al 600. El optimismo inicial desapareció pronto cuando los vendedores ilegales decidieron rechazar el ofrecimiento y pidieron permanecer, por lo menos hasta el 6 de enero, tras lo cual se retirarían. Casi todos los años, repiten la misma promesa ante la inminencia de las Fiestas, la lógica presión de la Federación Económica de Tucumán y la amenaza de desalojarlos para finalmente dar cumplimiento a la orden judicial del 24 de noviembre de 2006 que pesa aún sobre la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

La idea de instalarlos ahí no era nueva. En septiembre de 2012, uno de los dirigentes de los ambulantes dijo que iban a presentar un proyecto para convertir ese predio en una feria similar a La Salada, de Buenos Aires. Se preveía la construcción de cuatro galpones que albergarían a cientos de puestos de venta que generarían unos 1.000 puestos de trabajo. Ya en junio de 2011, alrededor de 120 puesteros se hallaban instalados en forma permanente en la acera de la ex sede ferroviaria y en la del parque contiguo.

En la vieja estación que data de 1889 y tiene un gran valor arquitectónico, viven desde hace tiempo varias familias de indigentes. Enterados de que serían desalojados para que allí se instalaran los vendedores del centro, comenzaron a cortar la avenida Roca en son de protesta. Se trata de 50 unas personas; la mayoría trabaja en los lavaderos de autos que funcionan en el predio y otros se dedican a la construcción. Si quieren que nos vayamos, tendrán que darnos una solución y dejarnos que sigamos trabajando aquí. De esto vive la mayoría de las 12 familias que ocupan el lugar", dijo una mujer.

Lo curioso y preocupante de esta historia de nunca acabar que quienes están en la ilegalidad son los que imponen condiciones, poniendo al desnudo la impericia del Estado para hacer cumplir la ley, porque él mismo incurre en desacato al incumplir una orden judicial que data de hace siete años. Nada concreto se ha hecho para desarticular esta cadena comercial ilegal, poniendo la mira en los proveedores, a quienes nadie denuncia, ni el Gobierno ni la FET. Si no hay abastecedor, no hay vendedor. Tampoco el Estado se ha ocupado del destino las familias indigentes que viven en El Provincial, dejando además que el valioso inmueble se siga deteriorando.

La pobreza y la miseria son la consecuencia de la inequidad, del analfabetismo, la desocupación, de las políticas deficientes en materia social. Los ambulantes y los indigentes son reflejo de esta realidad.