20 Noviembre 2013
Algunos convencionales de 2006 recibieron unos $ 5.000 para asesores; otros, más de $ 80.000
El Poder Ejecutivo convalidó, mediante un decreto de 2007, una erogación de $ 1,8 millón por el funcionamiento de la Convención. Continúa el misterio en torno a la rendición de cuentas. Un opositor quería entregar documentación respaldatoria de los fondos
OFICIALISTA. Courel recibió un monto que equivalía, en 2006, a 10 dietas.
La falta de detalles públicos respecto de la rendición de los fondos que utilizó la Convención Constituyente (CC) de 2006 suma un nuevo interrogante. Hasta esta semana, oficialistas y opositores habían relatado a LA GACETA que habían recibido dinero para gastos de funcionamiento del cuerpo, y habían aclarado que la labor, tal como lo indicaba la ley 7.469/04, había sido ad honórem.
La aparición de nuevos comprobantes revela sin embargo que la distribución de fondos no fue equitativa. Carlos Alberto Courel, ex convencional de Participación Cívica -bloque de origen radical, aliado al alperovichismo- tiene su firma en dos comprobantes cuya suma asciende a $ 42.000, y a los que accedió este diario. Además, en fotocopias, las fuentes aportaron papeles similares valuados en otros $ 42.000, aunque estos últimos contienen más detalles; por ejemplo, en el apartado "concepto" expresa: "gasto de funcionamiento bloque Convencional Constituyente, bloque Participación Cívica". Así, el monto ascendería a $ 84.000.
Esta situación se contrapone con lo expresado por los opositores José Páez (del bloque ASI; hoy es legislador de la Democracia Cristiana) y Martín Correa (PO), quienes habían apuntado que percibieron montos bastante inferiores para estos fines. Páez detalló que no recordaba con precisión la cifra, pero que rondaba los $ 10.000 y que con eso debió pagar asesores y alquilar oficinas, entre otros, durante los tres meses de trabajo que llevó la modificación de la Constitución provincial. Agregó que tenía todo listo para rendir cuentas, pero que jamás se le dio oportunidad de hacerlo. Correa, en tanto, señaló que le otorgaron sólo $ 5.000. "Nos cerraron el grifo cuando aparecieron las diferencias políticas con el oficialismo", relató.
Participación Cívica (PC) era el segundo bloque con mayor cantidad de representantes en ese cuerpo: Courel, Roberto Martínez Zavalía (entonces intendente de Yerba Buena), Osvaldo Morelli (ya era jefe municipal de Concepción) y María Cecilia Serra encontraron afinidad con el alperovichismo. Varios de ellos, como Morelli, mantienen hoy con firmeza ese lazo.
Estos fueron algunos de los 40 parlamentarios elegidos para reformar la Carta Magna provincial en 2006. Según la ley 7.469/04, que convocó a la modificación del texto constitucional, la labor de los convencionales debía ser ad honórem. Se preveía sin embargo que podían efectuar gastos para asegurar el buen funcionamiento del órgano.
Según el decreto N° 1.039 (MGyJ) de abril de 2007 (expediente N° 811/110-C-2.006), el gobernador, José Alperovich, convalidó las erogaciones de la CC por la cifra de $ 1,8 millón.
Estos recursos habían sido administrados, según el reglamento interno, por el presidente del cuerpo, Juan Manzur, entonces vicegobernador tucumano en ejercicio. En el apartado sobre "administración", la normativa de la CC indicaba: "(deberá) proveer todo lo necesario al funcionamiento; ordenar, autorizar y aprobar la administración, inversión y manejo de fondos y recursos asignados. La rendición de cuentas de los gastos efectuados deberá ser sometida a conocimiento de la Convención Constituyente y, una vez aprobada por esta, revestirá el carácter de definitiva ante los poderes constituidos y órganos de control".
En estos siete años no se les dio estado público a los detalles sobre el costo de la reforma constitucional. Sólo se difundió el decreto del PE que convalidaba las erogaciones; pero la Legislatura aprobó "a libro cerrado" -de manera ficta- la Cuenta de Inversión de 2006, que había llegado sin objeciones respecto a este tema tras el análisis del Tribunal de Cuentas (TC).
El domingo, LA GACETA publicó los primeros recibos de la Convención Constituyente. Allí aparecían las firmas de los actuales legisladores oficialistas Alejandro Martínez (en dos recibos por un total de $ 27.000) y Adriana Nájar (dos documentos por un total de $ 15.000). Ellos negaron haber percibido fondos. En los días siguientes, los intendentes alperovichistas Julio Silman (Alderetes) y Alberto Olea (Monteros) admitieron que sí manejaron dinero en ese momento. Esto fue ratificado luego por el ex convencional jurista, Fernando Juri Debo, y el ex secretario del bloque oficialista en la CC, Mario Humoller.
Este último llevaba la "cifra top" en el listado de recibos, con $ 40.000. Ahora, Courel -de una bancada aliada- lo supera.
En ese momento, la dieta de un legislador provincial llegaba a $ 3.080 en bruto. Los dirigentes que trabajaron en la reforma del texto constitucional que había sido redactado en 1990 no estaban habilitados a percibir dinero en este concepto. El peronista disidente Enrique Romero sin embargo realizó una denuncia penal, en la Fiscalía IX de Instrucción, en la que afirma que se malversaron recursos del erario en ese cuerpo. La representante del Ministerio Público Fiscal, María de las Mercedes Carrizo, citará -según fuentes judiciales- al autor del planteo para que ratifique su versión y, en caso de poseer material de prueba, lo aporte, o amplíe la denuncia.
La aparición de nuevos comprobantes revela sin embargo que la distribución de fondos no fue equitativa. Carlos Alberto Courel, ex convencional de Participación Cívica -bloque de origen radical, aliado al alperovichismo- tiene su firma en dos comprobantes cuya suma asciende a $ 42.000, y a los que accedió este diario. Además, en fotocopias, las fuentes aportaron papeles similares valuados en otros $ 42.000, aunque estos últimos contienen más detalles; por ejemplo, en el apartado "concepto" expresa: "gasto de funcionamiento bloque Convencional Constituyente, bloque Participación Cívica". Así, el monto ascendería a $ 84.000.
Esta situación se contrapone con lo expresado por los opositores José Páez (del bloque ASI; hoy es legislador de la Democracia Cristiana) y Martín Correa (PO), quienes habían apuntado que percibieron montos bastante inferiores para estos fines. Páez detalló que no recordaba con precisión la cifra, pero que rondaba los $ 10.000 y que con eso debió pagar asesores y alquilar oficinas, entre otros, durante los tres meses de trabajo que llevó la modificación de la Constitución provincial. Agregó que tenía todo listo para rendir cuentas, pero que jamás se le dio oportunidad de hacerlo. Correa, en tanto, señaló que le otorgaron sólo $ 5.000. "Nos cerraron el grifo cuando aparecieron las diferencias políticas con el oficialismo", relató.
Participación Cívica (PC) era el segundo bloque con mayor cantidad de representantes en ese cuerpo: Courel, Roberto Martínez Zavalía (entonces intendente de Yerba Buena), Osvaldo Morelli (ya era jefe municipal de Concepción) y María Cecilia Serra encontraron afinidad con el alperovichismo. Varios de ellos, como Morelli, mantienen hoy con firmeza ese lazo.
Estos fueron algunos de los 40 parlamentarios elegidos para reformar la Carta Magna provincial en 2006. Según la ley 7.469/04, que convocó a la modificación del texto constitucional, la labor de los convencionales debía ser ad honórem. Se preveía sin embargo que podían efectuar gastos para asegurar el buen funcionamiento del órgano.
Según el decreto N° 1.039 (MGyJ) de abril de 2007 (expediente N° 811/110-C-2.006), el gobernador, José Alperovich, convalidó las erogaciones de la CC por la cifra de $ 1,8 millón.
Estos recursos habían sido administrados, según el reglamento interno, por el presidente del cuerpo, Juan Manzur, entonces vicegobernador tucumano en ejercicio. En el apartado sobre "administración", la normativa de la CC indicaba: "(deberá) proveer todo lo necesario al funcionamiento; ordenar, autorizar y aprobar la administración, inversión y manejo de fondos y recursos asignados. La rendición de cuentas de los gastos efectuados deberá ser sometida a conocimiento de la Convención Constituyente y, una vez aprobada por esta, revestirá el carácter de definitiva ante los poderes constituidos y órganos de control".
En estos siete años no se les dio estado público a los detalles sobre el costo de la reforma constitucional. Sólo se difundió el decreto del PE que convalidaba las erogaciones; pero la Legislatura aprobó "a libro cerrado" -de manera ficta- la Cuenta de Inversión de 2006, que había llegado sin objeciones respecto a este tema tras el análisis del Tribunal de Cuentas (TC).
El domingo, LA GACETA publicó los primeros recibos de la Convención Constituyente. Allí aparecían las firmas de los actuales legisladores oficialistas Alejandro Martínez (en dos recibos por un total de $ 27.000) y Adriana Nájar (dos documentos por un total de $ 15.000). Ellos negaron haber percibido fondos. En los días siguientes, los intendentes alperovichistas Julio Silman (Alderetes) y Alberto Olea (Monteros) admitieron que sí manejaron dinero en ese momento. Esto fue ratificado luego por el ex convencional jurista, Fernando Juri Debo, y el ex secretario del bloque oficialista en la CC, Mario Humoller.
Este último llevaba la "cifra top" en el listado de recibos, con $ 40.000. Ahora, Courel -de una bancada aliada- lo supera.
En ese momento, la dieta de un legislador provincial llegaba a $ 3.080 en bruto. Los dirigentes que trabajaron en la reforma del texto constitucional que había sido redactado en 1990 no estaban habilitados a percibir dinero en este concepto. El peronista disidente Enrique Romero sin embargo realizó una denuncia penal, en la Fiscalía IX de Instrucción, en la que afirma que se malversaron recursos del erario en ese cuerpo. La representante del Ministerio Público Fiscal, María de las Mercedes Carrizo, citará -según fuentes judiciales- al autor del planteo para que ratifique su versión y, en caso de poseer material de prueba, lo aporte, o amplíe la denuncia.
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