22 Noviembre 2013
REPARTO DISPAR. Robles aseguró que no todos los convencionales recibieron los mismos recursos en 2006. LA GACETA / FOTO DE ARCHIVO
Juan Roberto Robles, el único representante que tuvo la Unión Cívica Radical (UCR) en la Convención Constituyente (CC) de 2006, afirma que también conserva los comprobantes de las erogaciones de funcionamiento que demandó aquella labor. Y al igual que otros ex convencionales de la oposición, apuntó que su bloque unipersonal no contó con idénticos fondos que sus pares alperovichistas. "(El presidente de la CC, Juan) Manzur manejaba absolutamente todo. Esto fue hace siete años, y no recuerdo exactamente el monto. Pero si el PJ nos dio para gastos, fueron monedas", indicó Robles, hoy secretario general del centenario partido.
El opositor remarcó que, tal como lo señalaba la ley 7.469, el cargo fue desempeñado ad honórem. Esa norma preveía sin embargo que los constituyentes recibieran dinero para contratar asesores, alquilar oficinas y otros recursos operativos.
El domingo pasado tomaron estado público una serie de recibos que se rubricaron durante la reforma de 2006, que incluyó en la Constitución provincial la posibilidad de la reelección para cargos ejecutivos y parlamentarios. Sólo dos de los consultados (los actuales legisladores alperovichistas Alejandro Martínez y Adriana Nájar) negaron haber firmado comprobantes. Los restantes (como los hoy intendentes Julio Silman, de Alderetes; y Alberto Olea, de Monteros) confirmaron que habían manejado dinero para cuestiones administrativas de la CC.
A partir de que los recibos tomaron estado público, comenzaron a surgir interrogantes respecto al manejo de esos fondos. Martín Correa, ex convencional del Partido Obrero (PO), aseguró que esa bancada sólo contó con $ 5.000 para gastos de funcionamiento. Mientras que el secretario de la bancada de constituyentes oficialistas, Mario Humoller, rubricó un documento por un total de $ 40.000.
Este comprobante, al igual que los firmados por Armando Cortalezzi (hoy interventor de la Caja Popular de Ahorros), Daniel Toledo (actual intendente de Yerba Buena), y Silvia Rojkés de Temkin (ministra de Educación), entre otros, está en blanco en los apartados para detallar la fecha y el concepto de la erogación.
El reglamento interno de la CC de 2006 indicaba que la Presidencia estaba a cargo de manejar los recursos administrativos. En la sesión del 5 y 6 de junio de ese año, cuando se anunció la nueva Carta Magna local, sin la oposición en el recinto, los dirigentes que respondían al alperovichismo aprobaron la rendición de cuentas. Según el decreto N° 1.039 (MGyJ) de abril de 2007 (expediente 811/110-C-2.006), el gobernador, José Alperovich, convalidó los gastos, que sumaban un total de $ 1,8 millón.
El radical Robles aseguró que en esa ocasión decidieron marcharse porque "la situación era insostenible". "Incluso ya en las comisiones no se trataban nuestros proyectos, muchos de los cuales eran muy importantes, como que figuraran entre los derechos humanos la provisión de agua y otros recursos. Las iniciativas que se manejaban venían empaquetadas de la casa de Alperovich, y ellos levantaban la mano para aprobar (esos textos). Por eso finalmente nos fuimos", expresó el radical. En ese cuerpo, 32 de las 40 bancas respondían al alperovichismo.
El dirigente radical aseguró que conserva las carpetas de su labor en la CC. "Intentamos que se contemplaran muchos asuntos de gran interés social, elaboramos proyectos, pero al último ni nos cedían la palabra", recordó el ex constituyente.
El opositor remarcó que, tal como lo señalaba la ley 7.469, el cargo fue desempeñado ad honórem. Esa norma preveía sin embargo que los constituyentes recibieran dinero para contratar asesores, alquilar oficinas y otros recursos operativos.
El domingo pasado tomaron estado público una serie de recibos que se rubricaron durante la reforma de 2006, que incluyó en la Constitución provincial la posibilidad de la reelección para cargos ejecutivos y parlamentarios. Sólo dos de los consultados (los actuales legisladores alperovichistas Alejandro Martínez y Adriana Nájar) negaron haber firmado comprobantes. Los restantes (como los hoy intendentes Julio Silman, de Alderetes; y Alberto Olea, de Monteros) confirmaron que habían manejado dinero para cuestiones administrativas de la CC.
A partir de que los recibos tomaron estado público, comenzaron a surgir interrogantes respecto al manejo de esos fondos. Martín Correa, ex convencional del Partido Obrero (PO), aseguró que esa bancada sólo contó con $ 5.000 para gastos de funcionamiento. Mientras que el secretario de la bancada de constituyentes oficialistas, Mario Humoller, rubricó un documento por un total de $ 40.000.
Este comprobante, al igual que los firmados por Armando Cortalezzi (hoy interventor de la Caja Popular de Ahorros), Daniel Toledo (actual intendente de Yerba Buena), y Silvia Rojkés de Temkin (ministra de Educación), entre otros, está en blanco en los apartados para detallar la fecha y el concepto de la erogación.
El reglamento interno de la CC de 2006 indicaba que la Presidencia estaba a cargo de manejar los recursos administrativos. En la sesión del 5 y 6 de junio de ese año, cuando se anunció la nueva Carta Magna local, sin la oposición en el recinto, los dirigentes que respondían al alperovichismo aprobaron la rendición de cuentas. Según el decreto N° 1.039 (MGyJ) de abril de 2007 (expediente 811/110-C-2.006), el gobernador, José Alperovich, convalidó los gastos, que sumaban un total de $ 1,8 millón.
El radical Robles aseguró que en esa ocasión decidieron marcharse porque "la situación era insostenible". "Incluso ya en las comisiones no se trataban nuestros proyectos, muchos de los cuales eran muy importantes, como que figuraran entre los derechos humanos la provisión de agua y otros recursos. Las iniciativas que se manejaban venían empaquetadas de la casa de Alperovich, y ellos levantaban la mano para aprobar (esos textos). Por eso finalmente nos fuimos", expresó el radical. En ese cuerpo, 32 de las 40 bancas respondían al alperovichismo.
El dirigente radical aseguró que conserva las carpetas de su labor en la CC. "Intentamos que se contemplaran muchos asuntos de gran interés social, elaboramos proyectos, pero al último ni nos cedían la palabra", recordó el ex constituyente.
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