Molina no representa a la Iglesia, según Lozano

BUENOS AIRES.- El presidente de la Comisión de Pastoral Social, Jorge Lozano, dijo ayer que el Gobierno nacional "no consultó con la Iglesia" la designación del padre Juan Carlos Molina en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción (Sedronar). Indicó que no conoce a Molina y resaltó que "parece que es un hombre con sensibilidad, que conoce el problema de la calle y sabe qué implica que un chico adicto quiera recuperarse".

El obispado de Río Gallegos, al cual pertenece Molina, aclaró que el sacerdote asumía "a título personal" y no lo hacía "ni en nombre ni en representación" de la Iglesia.

Lozano, obispo de Gualeguaychú que leyó el duro informe de la Iglesia hace dos semanas por el avance del narcotráfico, sostuvo que "era una necesidad imperiosa ocupar ese cargo" en el Sedronar pero remarcó que "es una designación que brota del propio Poder Ejecutivo" y no se le ha "pedido sugerencia, ni opinión, ni parecer" a la Iglesia.

Ante la consulta sobre si la Iglesia participa en el Gobierno, respondió que "no" y precisó que se trató de una decisión de la presidenta, Cristina Fernández, y que el padre designado se limitó a consultar con su Obispo para ver cómo continuaba su ejercicio sacerdotal.

Lozano resaltó que el párroco designado "sabe las necesidades que hay para los centros de atención, de prevención y de educación" y sentenció que "tiene las cualidades de estar cerca del problema". También consideró que el nuevo nombramiento "es una señal de parte del Gobierno de querer afrontar esta tarea (contra el narcotráfico) y seguir trabajando" y agregó que "de parte de la Iglesia está colaborar en lo que haga falta".

El obispo indicó que "hay una ausencia en esta temática del Estado" pero también manifestó que durante mucho tiempo "la sociedad miró para otro lado pensando que no era tan grave" el problema de las drogas.

"Las tareas que tienen que ver con la seguridad y la persecución del delito son tareas irrenunciables del Gobierno y del Estado", enfatizó.

La diócesis de Río Gallegos precisó que el padre Molina acudió a su obispo diocesano, monseñor Miguel Ángel D'Annibale y le pidió que le retire las licencias ministeriales para el ejercicio público del ministerio sacerdotal, a fin de poder asumir el cargo que se le ofrecía".

El retiro de las licencias ministeriales para un sacerdote significa que no puede celebrar los sacramentos ni presidir el culto público de la Iglesia.

El obispado remarcó que "el padre Molina, quien continúa perteneciendo a la diócesis de Río Gallegos y mantiene el vínculo con su obispo y su clero, asume esta tarea a título personal, por la larga experiencia que tiene en el campo del trabajo con jóvenes que han caído en el flagelo de la droga, pero no lo hace ni en nombre ni en representación de la Iglesia Católica". (DyN)