06 Enero 2014
Frases que se escucharon durante la última década: “No vamos a permitir que sigan en las calles”, “No nos vamos a ir”, “Tenemos que hacer cumplir la ley”, “Les vamos a dar contención”, “Resistiremos”, “Tendrán que abandonar sus puestos callejeros”, “La venta ambulante debe terminarse para beneficio de la comunidad”, “Es un problema del intendente”, “No vamos a reprimir a los ambulantes, aquí trabajamos para persuadir”, “Los vendedores comprendieron que hay una medida judicial que se debe cumplir”, “Nosotros nos comprometemos a encontrar un lugar para ubicarnos y a dejar las calles. Pero si la Municipalidad permite la entrada de ambulantes que no son del sindicato, volveremos otra vez a vender en las calles”, “No vamos a dar marcha atrás con el resuelto el 7 de enero”...
Un nuevo capítulo de esta saga que se prolonga en el tiempo sin solución de continuidad comenzará mañana. La gran incógnita es si los cuentapropistas respetarán el acuerdo que hicieron con el Gobierno en noviembre pasado, de retirarse del centro al día siguiente de la festividad de Reyes Magos.
Mientras la secretaria general de la Gobernación dijo que el objetivo del Gobierno es que los ambulantes se conviertan en trabajadores formales, el referente de los cuentapropistas anticipó que no abandonarán el microcentro hasta tanto no se confirme la contratación de un inmueble o predio que permita la reubicación de los 300 puestos, a partir del martes. Según el Gobierno, viene trabajando en diversas alternativas de solución que se darán a conocer hoy.
En noviembre pasado, en el marco de las negociaciones, la Federación Económica de Tucumán había propuesto absorber a los ambulantes a través del plan “Comercio a Cielo Abierto”. Se conformaría un consorcio que estaría a cargo no sólo de la limpieza, higiene y seguridad, sino también de implementación de planes específicos de venta comercial. Sobre la inserción de los cuentapropistas en la actividad legal, la FET planteó que el Ejecutivo concediera subsidios transitorios, durante cinco meses, para que los puesteros efectuaran cursos de capacitación, que abarcarían distintos rubros, tales como artesanía, plomería básica, huerta, repostería, mozos y ayudante de cocina.
En noviembre pasado se cumplió el séptimo aniversario de la decisión de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenó al municipio desalojar a los ambulantes del centro. El fallo judicial quedó firme el 24 de noviembre de 2006, y en el instrumento la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al municipio que, en un plazo de 30 días hiciera cumplir las ordenanzas para mantener despejada la vía pública. El municipio nunca cumplió con la orden judicial.
En estas más de cuatro décadas, nunca se conocieron los nombres de los empresarios que proveen mercaderías a los ambulantes y en sus declaraciones de noviembre el entonces secretario general de la Gobernación afirmó que algunos de ellos integraban la FET, pero no reveló sus identidades. La central empresaria guardó un llamativo silencio sobre estas declaraciones.
El Gobierno tiene una nueva oportunidad de escribir el capítulo final de esta película tantas veces vista a lo largo de más de 40 años que a esta altura ya se hace merecedora de un premio Guinness.
Un nuevo capítulo de esta saga que se prolonga en el tiempo sin solución de continuidad comenzará mañana. La gran incógnita es si los cuentapropistas respetarán el acuerdo que hicieron con el Gobierno en noviembre pasado, de retirarse del centro al día siguiente de la festividad de Reyes Magos.
Mientras la secretaria general de la Gobernación dijo que el objetivo del Gobierno es que los ambulantes se conviertan en trabajadores formales, el referente de los cuentapropistas anticipó que no abandonarán el microcentro hasta tanto no se confirme la contratación de un inmueble o predio que permita la reubicación de los 300 puestos, a partir del martes. Según el Gobierno, viene trabajando en diversas alternativas de solución que se darán a conocer hoy.
En noviembre pasado, en el marco de las negociaciones, la Federación Económica de Tucumán había propuesto absorber a los ambulantes a través del plan “Comercio a Cielo Abierto”. Se conformaría un consorcio que estaría a cargo no sólo de la limpieza, higiene y seguridad, sino también de implementación de planes específicos de venta comercial. Sobre la inserción de los cuentapropistas en la actividad legal, la FET planteó que el Ejecutivo concediera subsidios transitorios, durante cinco meses, para que los puesteros efectuaran cursos de capacitación, que abarcarían distintos rubros, tales como artesanía, plomería básica, huerta, repostería, mozos y ayudante de cocina.
En noviembre pasado se cumplió el séptimo aniversario de la decisión de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordenó al municipio desalojar a los ambulantes del centro. El fallo judicial quedó firme el 24 de noviembre de 2006, y en el instrumento la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al municipio que, en un plazo de 30 días hiciera cumplir las ordenanzas para mantener despejada la vía pública. El municipio nunca cumplió con la orden judicial.
En estas más de cuatro décadas, nunca se conocieron los nombres de los empresarios que proveen mercaderías a los ambulantes y en sus declaraciones de noviembre el entonces secretario general de la Gobernación afirmó que algunos de ellos integraban la FET, pero no reveló sus identidades. La central empresaria guardó un llamativo silencio sobre estas declaraciones.
El Gobierno tiene una nueva oportunidad de escribir el capítulo final de esta película tantas veces vista a lo largo de más de 40 años que a esta altura ya se hace merecedora de un premio Guinness.
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