Por Abrehu Carlos
12 Enero 2014
La ley de reordenamiento administrativo generó el primer gran debate político de la restauración democrática en Tucumán.
La coexistencia de un presidente radical con un gobernador peronista (Raúl Alfonsín y Fernando Riera) suscitó tensiones y encontronazos. Al mismo tiempo, ambas fuerzas debían lidiar con la herencia procesista, a la que rechazaban.
Durante el bimestre enero-febrero, la Legislatura bicameral y las entidades sindicales polemizaron agriamente acerca de los verdaderos alcances de la iniciativa girada por Riera. Por esta proponía el reordenamiento administrativo del aparato estatal. La UCR discrepó con los lineamientos generales de la propuesta del PJ. En medio de esas controversias, el intendente Rubén Chebaia (UCR) inauguró la plaza Democracia en Luis F. Nougués y Ecuador, en el barrio Casino de esta ciudad, como espacio de síntesis multipartidaria de tinte institucional.
Suleta vs Suleta
Las divisiones afloraron en el mundo laboral. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) salió en apoyo del proyecto. En un documento dirigido al secretario de Gobierno, Ricardo Sanjuán, pidió que se revisaran los nombramientos y promociones realizados entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Luis Humberto Suleta y Carlos Romano avalaban la solicitud.
Desde otro lado, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) planteó por solicitada: los trabajadores estatales le dicen no a la ley de Riera. Eduardo Suleta y Juan Andrés Sandoval defendían esa postura. Precisaban que Alfonsín respetaba la estabilidad laboral. Era la guerra de Suleta vs Suleta.
Eduardo Posse Cuezzo, a la sazón titular del PJ, reiteró que los funcionarios y jueces nombrados por la dictadura militar, debían irse por lo ilegítimo de sus designaciones. El senador oficialista Ernesto Corbalán calentó el ambiente cuando habló de 500 contratados que condicionaban el andar del Gobierno. Es necesario sanear la administración pública en su cúpula desde 1976, aseveró. La UCR, en tanto, aseguró: la ley de prescindibilidad vulnera la estabilidad de los trabajadores y establece un régimen discriminatorio. Esa tormenta política se desencadenó en la primera semana de enero.
El laberinto bicameral
La pelea legislativa activó el mecanismo de pesos y contrapesos propios del esquema de una cámara iniciadora (Diputados) y otra revisora (Senadores).
Diputados aprobó el texto en su primera versión el 10 de enero. Miguel Nazur (PJ) lo justificó, afirmando que había que desplazar los equipos de relevo de los golpes de Estado, y pidió confianza en la prudente aplicación de la norma. Alfredo Terraf (UCR) le replicó que el PE tendría las manos libres para ocupar 3.000 agentes en la burocracia. El PJ ganó la votación, con la oposición radical y la abstención de Salvador Martín (VF). Durante la primera revisión, en el Senado, tras una dura controversia, el PJ incluyó en la norma la suspensión del Estatuto del Empleado Público y de la carrera policial. Los radicales abandonaron el recinto. Diputados volvió a ocuparse del asunto el 3 de febrero, ocasión en la que Enrique Kaenel (PJ) aseveró que la ley apuntaba a los cargos altos. El radical Aldo Suárez refirió que el PJ buscaba remplazar a uno de ellos por otro del peronismo.
En tercera vuelta, retornó al Senado, que la sancionó el 9 de febrero. Hugo Lazarte (PJ) dijo que la ley facilitaría la gestión peronista. Hugo Chantire (UCR) arguyó que se abriría un círculo vicioso de indemnizaciones y juicios. Profecía cumplida.
La coexistencia de un presidente radical con un gobernador peronista (Raúl Alfonsín y Fernando Riera) suscitó tensiones y encontronazos. Al mismo tiempo, ambas fuerzas debían lidiar con la herencia procesista, a la que rechazaban.
Durante el bimestre enero-febrero, la Legislatura bicameral y las entidades sindicales polemizaron agriamente acerca de los verdaderos alcances de la iniciativa girada por Riera. Por esta proponía el reordenamiento administrativo del aparato estatal. La UCR discrepó con los lineamientos generales de la propuesta del PJ. En medio de esas controversias, el intendente Rubén Chebaia (UCR) inauguró la plaza Democracia en Luis F. Nougués y Ecuador, en el barrio Casino de esta ciudad, como espacio de síntesis multipartidaria de tinte institucional.
Suleta vs Suleta
Las divisiones afloraron en el mundo laboral. El Sindicato de Empleados Públicos (SEP) salió en apoyo del proyecto. En un documento dirigido al secretario de Gobierno, Ricardo Sanjuán, pidió que se revisaran los nombramientos y promociones realizados entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Luis Humberto Suleta y Carlos Romano avalaban la solicitud.
Desde otro lado, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) planteó por solicitada: los trabajadores estatales le dicen no a la ley de Riera. Eduardo Suleta y Juan Andrés Sandoval defendían esa postura. Precisaban que Alfonsín respetaba la estabilidad laboral. Era la guerra de Suleta vs Suleta.
Eduardo Posse Cuezzo, a la sazón titular del PJ, reiteró que los funcionarios y jueces nombrados por la dictadura militar, debían irse por lo ilegítimo de sus designaciones. El senador oficialista Ernesto Corbalán calentó el ambiente cuando habló de 500 contratados que condicionaban el andar del Gobierno. Es necesario sanear la administración pública en su cúpula desde 1976, aseveró. La UCR, en tanto, aseguró: la ley de prescindibilidad vulnera la estabilidad de los trabajadores y establece un régimen discriminatorio. Esa tormenta política se desencadenó en la primera semana de enero.
El laberinto bicameral
La pelea legislativa activó el mecanismo de pesos y contrapesos propios del esquema de una cámara iniciadora (Diputados) y otra revisora (Senadores).
Diputados aprobó el texto en su primera versión el 10 de enero. Miguel Nazur (PJ) lo justificó, afirmando que había que desplazar los equipos de relevo de los golpes de Estado, y pidió confianza en la prudente aplicación de la norma. Alfredo Terraf (UCR) le replicó que el PE tendría las manos libres para ocupar 3.000 agentes en la burocracia. El PJ ganó la votación, con la oposición radical y la abstención de Salvador Martín (VF). Durante la primera revisión, en el Senado, tras una dura controversia, el PJ incluyó en la norma la suspensión del Estatuto del Empleado Público y de la carrera policial. Los radicales abandonaron el recinto. Diputados volvió a ocuparse del asunto el 3 de febrero, ocasión en la que Enrique Kaenel (PJ) aseveró que la ley apuntaba a los cargos altos. El radical Aldo Suárez refirió que el PJ buscaba remplazar a uno de ellos por otro del peronismo.
En tercera vuelta, retornó al Senado, que la sancionó el 9 de febrero. Hugo Lazarte (PJ) dijo que la ley facilitaría la gestión peronista. Hugo Chantire (UCR) arguyó que se abriría un círculo vicioso de indemnizaciones y juicios. Profecía cumplida.
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