14 Enero 2014
LA VERSIÓN OFICIAL. El titular de la UIF, José Sbatella, aclaró que sólo hubo un pedido de informe judicial. telam
BUENOS AIRES.- El juez federal Claudio Bonadío, ordenó dos allanamientos, ubicados dentro de la causa que investiga si la Unidad de Información Financiera (UIF) encubrió al empresario kirchnerista Lázaro Báez, al retener durante cinco años varios Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), emitidos por el Banco Finansur.
El caso se abrió a partir de una denuncia de los diputados opositores Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, luego de una investigación del programa Periodismo Para Todos.
Los legisladores apuntaron contra el economista ultra K, José Sbatella, quien se encuentra desde hace cuatro años al frente de la unidad antilavado. El funcionario fue acusado de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Según los datos publicados por el diario Clarín, la UIF retuvo tres ROS por más de $ 180 millones. Estos movimientos sospechados se dividieron en varias tandas: la primera, por un monto de $ 54,6 millones, fue reportada entre el 1 de enero de 2008 y noviembre del mismo año.
La segunda abarcó hasta julio de 2011 y alcanzó operaciones cuestionadas por $ 125 millones más. En este último caso, el banco envió a la UIF documentos sobre los negocios cruzados entre Austral Construcciones, Gotti e Invernes.
La primera tanda de reportes, emitidos en 2008, contiene 553 páginas con los movimientos de la cuenta y su origen injustificado. Esa carpeta llegó a la UIF el 11 de noviembre de ese año y decía que en la cuenta corriente de Invernes había depósitos en efectivo por apenas mil pesos, en 2007 habían escalado a casi $ 9 millones, y al año siguiente ya eran $ 11,8 millones. En ese momento entraron también por transferencia bancaria, un monto de $ 42 millones de Gotti.
Desmentida
Mientras tanto, la Unidad de Información Financiera, (UIF) desmintió que el requerimiento judicial recibido el viernes en ese organismo haya sido un allanamiento, como publicaron algunos medios, sino un pedido de información realizado por el juez federal Bonadío.
“Esta Unidad desmiente enfáticamente que los hechos ocurridos el pasado viernes 10 del corriente se trataran de un allanamiento”, expresó la unidad que conduce Sbatella, mediante un comunicado difundido ayer, en respuesta a publicaciones periodísticas que durante la jornada habían dado cuenta de un falso allanamiento.
Al respecto, la UIF aclaró que el viernes “se recibió una orden de presentación firmada por el magistrado, en la que requirió información relacionada con los Reportes de Operaciones Sospechosas vinculados a la causa iniciada por diputados del PRO”.
“Ese mismo día se dio cabal cumplimiento a lo solicitado por el juez”, aseguró el ente, al detallar que “se entregó copia de la documentación en soporte digital, ya que la información original había sido remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello el año pasado”.
La UIF recordó que la denuncia “inspirada en una nota periodística, resulta ser idéntica a la efectuada por el (entonces) senador nacional José Cano (UCR Tucumán), el 3 de mayo de 2013”.
Al respecto, el presidente de la Unidad de Investigación Financiera presentó ayer al mediodía un escrito solicitando la acumulación de la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 -a cargo de Bonadio-, caratulada “NN Sobre Abuso de Autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público”.
En la causa promovida por el ahora diputado Cano, se formuló una denuncia sobre el actuar de la UIF con relación a los Reportes de Operaciones Sospechosas, informados por entidades bancarias en virtud de movimientos de dinero realizados por la firma “Invernes”, relacionada con Lázaro Báez. (DyN-Télam)
El caso se abrió a partir de una denuncia de los diputados opositores Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, luego de una investigación del programa Periodismo Para Todos.
Los legisladores apuntaron contra el economista ultra K, José Sbatella, quien se encuentra desde hace cuatro años al frente de la unidad antilavado. El funcionario fue acusado de cometer los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Según los datos publicados por el diario Clarín, la UIF retuvo tres ROS por más de $ 180 millones. Estos movimientos sospechados se dividieron en varias tandas: la primera, por un monto de $ 54,6 millones, fue reportada entre el 1 de enero de 2008 y noviembre del mismo año.
La segunda abarcó hasta julio de 2011 y alcanzó operaciones cuestionadas por $ 125 millones más. En este último caso, el banco envió a la UIF documentos sobre los negocios cruzados entre Austral Construcciones, Gotti e Invernes.
La primera tanda de reportes, emitidos en 2008, contiene 553 páginas con los movimientos de la cuenta y su origen injustificado. Esa carpeta llegó a la UIF el 11 de noviembre de ese año y decía que en la cuenta corriente de Invernes había depósitos en efectivo por apenas mil pesos, en 2007 habían escalado a casi $ 9 millones, y al año siguiente ya eran $ 11,8 millones. En ese momento entraron también por transferencia bancaria, un monto de $ 42 millones de Gotti.
Desmentida
Mientras tanto, la Unidad de Información Financiera, (UIF) desmintió que el requerimiento judicial recibido el viernes en ese organismo haya sido un allanamiento, como publicaron algunos medios, sino un pedido de información realizado por el juez federal Bonadío.
“Esta Unidad desmiente enfáticamente que los hechos ocurridos el pasado viernes 10 del corriente se trataran de un allanamiento”, expresó la unidad que conduce Sbatella, mediante un comunicado difundido ayer, en respuesta a publicaciones periodísticas que durante la jornada habían dado cuenta de un falso allanamiento.
Al respecto, la UIF aclaró que el viernes “se recibió una orden de presentación firmada por el magistrado, en la que requirió información relacionada con los Reportes de Operaciones Sospechosas vinculados a la causa iniciada por diputados del PRO”.
“Ese mismo día se dio cabal cumplimiento a lo solicitado por el juez”, aseguró el ente, al detallar que “se entregó copia de la documentación en soporte digital, ya que la información original había sido remitida al Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo del juez Sebastián Casanello el año pasado”.
La UIF recordó que la denuncia “inspirada en una nota periodística, resulta ser idéntica a la efectuada por el (entonces) senador nacional José Cano (UCR Tucumán), el 3 de mayo de 2013”.
Al respecto, el presidente de la Unidad de Investigación Financiera presentó ayer al mediodía un escrito solicitando la acumulación de la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 -a cargo de Bonadio-, caratulada “NN Sobre Abuso de Autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público”.
En la causa promovida por el ahora diputado Cano, se formuló una denuncia sobre el actuar de la UIF con relación a los Reportes de Operaciones Sospechosas, informados por entidades bancarias en virtud de movimientos de dinero realizados por la firma “Invernes”, relacionada con Lázaro Báez. (DyN-Télam)
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