30 Enero 2014
MANAGUA.- La Asamblea Nacional de Nicaragua refrendó ayer en forma definitiva un paquete de reformas a la Constitución Nacional que permiten la reelección indefinida del presidente, Daniel Ortega, y lo autorizan a gobernar mediante decretos con fuerza de ley.
El proceso de aprobación concluyó con la votación de una aplastante mayoría sandinista, que controla 63 de los 92 votos del plenario legislativo. El debate de las reformas, en el que participaron sólo cuatro de los 29 legisladores de la oposición, permitió a la fracción oficialista aprobar 27 de los 51 artículos constitucionales propuestos para ser reformados. Uno de ellos autoriza al Ejecutivo a nombrar a militares y policías en servicio activo en cargos públicos.
Las enmiendas eliminan la segunda vuelta electoral y determinan que un candidato es vencedor en las elecciones presidenciales con mayoría relativa de votos. También extienden de cuatro a cinco años el período de alcaldes, vicealcaldes y concejales; y prohíben que cualquier ciudadano ocupe la presidencia -u otro cargo público- mediante golpe de Estado.
Castigan el “transfuguismo” (el cambio de bancada parlamentaria) para los diputados y funcionarios electos mediante el sufragio.
Reacciones
El jefe de la bancada opositora del PLI, Wilber López, calificó las reformas de “aberrantes, ilegítimas, inconsultas e innecesarias”.
Las reformas tampoco contaron con la aprobación la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que en un mensaje a la Nación sostuvo que no consideraban necesarias las reformas propuestas, “sobre todo cuando éstas reflejan la pretensión de un cambio sustancial e integral en el sistema político de Nicaragua, en un momento de evidente desmantelamiento institucional del país”.
Los obispos señalaron en su mensaje, emitido ya a mediados de diciembre pasado. que las reformas propuestas, “vistas en su conjunto, están orientadas a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica”. (DPA)
El proceso de aprobación concluyó con la votación de una aplastante mayoría sandinista, que controla 63 de los 92 votos del plenario legislativo. El debate de las reformas, en el que participaron sólo cuatro de los 29 legisladores de la oposición, permitió a la fracción oficialista aprobar 27 de los 51 artículos constitucionales propuestos para ser reformados. Uno de ellos autoriza al Ejecutivo a nombrar a militares y policías en servicio activo en cargos públicos.
Las enmiendas eliminan la segunda vuelta electoral y determinan que un candidato es vencedor en las elecciones presidenciales con mayoría relativa de votos. También extienden de cuatro a cinco años el período de alcaldes, vicealcaldes y concejales; y prohíben que cualquier ciudadano ocupe la presidencia -u otro cargo público- mediante golpe de Estado.
Castigan el “transfuguismo” (el cambio de bancada parlamentaria) para los diputados y funcionarios electos mediante el sufragio.
Reacciones
El jefe de la bancada opositora del PLI, Wilber López, calificó las reformas de “aberrantes, ilegítimas, inconsultas e innecesarias”.
Las reformas tampoco contaron con la aprobación la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que en un mensaje a la Nación sostuvo que no consideraban necesarias las reformas propuestas, “sobre todo cuando éstas reflejan la pretensión de un cambio sustancial e integral en el sistema político de Nicaragua, en un momento de evidente desmantelamiento institucional del país”.
Los obispos señalaron en su mensaje, emitido ya a mediados de diciembre pasado. que las reformas propuestas, “vistas en su conjunto, están orientadas a favorecer el establecimiento y perpetuación de un poder absoluto a largo plazo, ejercido por una persona o un partido de forma dinástica o por medio de una oligarquía política y económica”. (DPA)
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