El fin de la ley de las 4AM marca el cierre de un ciclo

01 Febrero 2014
El anuncio del gobernador José Alperovich sobre la muerte de la polémica ley “de las 4AM” no llega en un momento cualquiera: en 2006, la norma nació como una estrategia contra la inseguridad urbana, tras el asesinato de Paulina Lebbos, una joven estudiante de Ciencias de la Comunicación que había estado en un boliche del Abasto y cuyos últimos rastros con vida se pierden en un remise en el que viajaba con una amiga. Desde 2006 y hasta hoy, la norma que fijaba el tope horario de las 4 de la mañana para las actividades nocturnas en boliches y restaurantes se convirtió en un símbolo que trascendió sus marcos operativos.

El jueves, Alperovich anunció el fin del tope horario de las 4 de la mañana, y lo extendió a las 6 de la mañana. No hubo un mea culpa, sino el argumento de que “estos son otros tiempos”. Lo que ha quedado claro es que la ley “4AM” no sirvió para frenar la inseguridad, sino todo lo contrario: desde el propio seno del Gobierno muestran preocupación por los índices crecientes de consumo de drogas ilegales y alcohol, y de accidentes de tránsito, muchos de ellos protagonizados por jóvenes alcoholizados que salen de los boliches en busca de más diversión en el circuito de fiestas ilegales que nació fogoneada por el tope horario impuesto por la ley 4AM.

Esta semana, atado al anuncio del fin del tope horario de las 4 de la madrugada, el Gobierno anunció un plan más ambicioso, que apunta -con una batería de estrategias- a bajar la mortalidad en accidentes de tránsito y a ensayar nuevas herramientas para enfrentar el combate desigual contra la droga.

En la carpeta de cambios se incluyen medidas de concientización sobre uso del casco en motos y de cinturón de seguridad, de vigilancia, como la instalación de cámaras de seguridad en zonas de circulación de jóvenes, así como la profundización de la campaña ya en marcha “Activá tu control”, en boliches bailables.

Entre las medidas más osadas, Tucumán se incorpora a la Ley Nacional de Drogas, cuyo artículo 34 faculta a la provincia a atacar el menudeo. Los dos juzgados federales radicados en la provincia no dan abasto para contener la “economía familiar de la droga”, que en Tucumán se ha viralizado de la mano de la pobreza.

En términos generales, los anuncios de todas las medidas fueron bienvenidos por la comunidad, tanto por los jóvenes como por el mundo adulto. La sociedad parece haber percibido que las metas trazadas son las correctas y necesarias, en estos tiempos de “epidemias sociales”. Pero, por otra parte, estamos convencidos de que el cumplimiento de esas metas exige tanto voluntad política como idoneidad técnica para su cumplimiento. Y un tercer eje que no puede estar ausente: la concientización a la sociedad, y a nuestros jóvenes, de la gravedad del escenario en el que les ha tocado crecer.

Por último, en el crucial asunto de la venta de drogas, está claro que la respuesta más firme al avance del narcotráfico son las políticas activas contra la pobreza, de creación de empleo para las familias que se han aferrado a ese “negocio”, y la formulación de proyectos que contemplen la visión de una sociedad “del hacer”. Y una sociedad del hacer no entendida tanto como producción utilitaria, sino como una herramienta de creatividad. Las medidas reactivas, aquellas que surgen para satisfacer demandas sociales momentáneas, tienen efectos relativos y de poca duración, como bien lo ha comprobado el Gobierno en todos sus años de gestión.

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