26 Febrero 2014
En lo que podría ser considerada una audiencia histórica, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) se pronunció por el rechazo de la pretensión de suspender el juzgamiento de la causa “Borquez”. El acto público fue celebrado ayer en la sala de debate, con la presencia del Ministerio Público a cargo del fiscal subrogante Leopoldo Peralta Palma y de los cinco imputados que ofrecieron la probation: Alfredo Ducca, César Barboza, Fernando Recalde, Jorge Rigourd y Daniel Martín.
El TOF dio a conocer su veredicto a las 14.40. Previamente expusieron sus ideas el imputado Ducca, y los defensores Walter Ojeda Ávila (Ducca), Rodolfo Tercero Burgos (Martín), y César Merlo y Josefina Villagra Orellana (Rigourd, Recalde y Barboza). Luego del primer cuarto intermedio, Peralta Palma ratificó su oposición a la suspensión del juicio a prueba (o probation).
La resolución emitida por Alicia Noli (presidenta del tribunal), Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (ese camarista de Catamarca intervino por la excusación del vocal Enrique Jiménez Montilla) respaldó la postura del fiscal. En diciembre, Peralta Palma dictaminó que el beneficio de la probation no podía ser concedido ni para quien revestía el carácter de funcionario público al momento de la comisión de los delitos endilgados (Felipe Terán, ex juez federal N°2) ni para quienes supuestamente delinquieron con él (Ducca, Martín, Rigourd, Rossi, Recalde y Barboza). “Sin perjuicio de que son válidos los otros argumentos del fiscal, este tribunal entiende que, para negar el otorgamiento de las probation, es dirimente la presencia de un funcionario público (como imputado)”, expresó el TOF.
Tanto el ex magistrado Terán como el séptimo acusado, Pablo Javier Rossi, se abstuvieron de pedir la suspensión del juicio en “Borquez”. Esta es la causa testigo de las pesquisas iniciadas tras el hallazgo de irregularidades en la tramitación de cautelares con títulos públicos en los juzgados federales N° 1 y 2. El expediente en cuestión fue determinante para la destitución de Terán en 2006 y la renuncia de Parache en 2007 (ese ex juez está imputado en otras pesquisas similares a “Borquez”).
La audiencia de este martes bien puede hacer historia por el número y calidad de imputados (entre los que están los letrados Ducca y Martín, un ex juez y operadores del sector financiero como Rigourd -asistió ayer acompañado por su abogado comercial, Emilio Rodríguez Vaquero-); por la naturaleza de los hechos investigados (una supuesta tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional, entre otros delitos que rara vez o nunca llegan al TOF) y por la prolongada instrucción de “Borquez”, investigación que comenzó en 2005 y que estuvo a un milímetro de la prescripción total (invocando el paso del tiempo, Terán logró reducir su imputación). Ducca, el único de los acusados que habló en la audiencia, hizo hincapié en este último aspecto: “la probation parece sinónimo de culpabilidad. Pero la causa lleva nueve años y, como dice la frase, para el hombre probo e inocente la condena está en el proceso, no en la sentencia. Más allá del resultado del juicio, el proceso ha significado una condena en este caso en extremo mediatizado. Necesito cerrar esta etapa de mi vida”.
Con matices, los defensores propusieron aumentar las dotaciones de sus respectivas probation según el criterio del TOF. En su momento, Ducca se comprometió a donar $ 300 mensuales durante un año; Rigourd, Recalde y Barboza, a entregar $ 1.000 mensuales por cabeza a la Sala Cuna y Martín ofreció dar $ 300 por mes a la organización Cáritas. Los abogados añadieron la posibilidad de hacer trabajo comunitario mientras que los acusados vinculados a MA Valores SA (Rigourd, Barboza y Recalde) dijeron que renunciaban a exigir el pago de los títulos involucrados en la investigación.
En su dictamen, Peralta Palma había calificado de “desproporcionadas” a las prestaciones ofrecidas. Al momento de elevar la causa a juicio, el fiscal Carlos Brito consideró probado que los acusados perpetraron la maniobra consistente en la compra de títulos pos default de 2001 para presentarlos como adquiridos antes de la cesación de pagos; buscar un reembolso de U$S 5,2 millones o $ 15 millones (según la cotización de entonces) y obtener una ganancia equivalente al 241,15% del capital inicial.
Pese a que los defensores “ametrallaron” la oposición del fiscal al otorgamiento de las probation (Burgos llegó a pedir la nulidad del dictamen), el TOF manifestó que la opinión estaba motivada y era lógica, y que, por ende, resultaba vinculante. “La solicitud (de suspender el juicio a prueba) no puede prosperar”, sentenciaron Noli, Casas y Reynaga. Del destino de esa decisión -que con seguridad será recurrida- depende la celebración del juicio oral de la baqueteada causa “Borquez”.
El TOF dio a conocer su veredicto a las 14.40. Previamente expusieron sus ideas el imputado Ducca, y los defensores Walter Ojeda Ávila (Ducca), Rodolfo Tercero Burgos (Martín), y César Merlo y Josefina Villagra Orellana (Rigourd, Recalde y Barboza). Luego del primer cuarto intermedio, Peralta Palma ratificó su oposición a la suspensión del juicio a prueba (o probation).
La resolución emitida por Alicia Noli (presidenta del tribunal), Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga (ese camarista de Catamarca intervino por la excusación del vocal Enrique Jiménez Montilla) respaldó la postura del fiscal. En diciembre, Peralta Palma dictaminó que el beneficio de la probation no podía ser concedido ni para quien revestía el carácter de funcionario público al momento de la comisión de los delitos endilgados (Felipe Terán, ex juez federal N°2) ni para quienes supuestamente delinquieron con él (Ducca, Martín, Rigourd, Rossi, Recalde y Barboza). “Sin perjuicio de que son válidos los otros argumentos del fiscal, este tribunal entiende que, para negar el otorgamiento de las probation, es dirimente la presencia de un funcionario público (como imputado)”, expresó el TOF.
Tanto el ex magistrado Terán como el séptimo acusado, Pablo Javier Rossi, se abstuvieron de pedir la suspensión del juicio en “Borquez”. Esta es la causa testigo de las pesquisas iniciadas tras el hallazgo de irregularidades en la tramitación de cautelares con títulos públicos en los juzgados federales N° 1 y 2. El expediente en cuestión fue determinante para la destitución de Terán en 2006 y la renuncia de Parache en 2007 (ese ex juez está imputado en otras pesquisas similares a “Borquez”).
La audiencia de este martes bien puede hacer historia por el número y calidad de imputados (entre los que están los letrados Ducca y Martín, un ex juez y operadores del sector financiero como Rigourd -asistió ayer acompañado por su abogado comercial, Emilio Rodríguez Vaquero-); por la naturaleza de los hechos investigados (una supuesta tentativa de defraudación en perjuicio del Estado nacional, entre otros delitos que rara vez o nunca llegan al TOF) y por la prolongada instrucción de “Borquez”, investigación que comenzó en 2005 y que estuvo a un milímetro de la prescripción total (invocando el paso del tiempo, Terán logró reducir su imputación). Ducca, el único de los acusados que habló en la audiencia, hizo hincapié en este último aspecto: “la probation parece sinónimo de culpabilidad. Pero la causa lleva nueve años y, como dice la frase, para el hombre probo e inocente la condena está en el proceso, no en la sentencia. Más allá del resultado del juicio, el proceso ha significado una condena en este caso en extremo mediatizado. Necesito cerrar esta etapa de mi vida”.
Con matices, los defensores propusieron aumentar las dotaciones de sus respectivas probation según el criterio del TOF. En su momento, Ducca se comprometió a donar $ 300 mensuales durante un año; Rigourd, Recalde y Barboza, a entregar $ 1.000 mensuales por cabeza a la Sala Cuna y Martín ofreció dar $ 300 por mes a la organización Cáritas. Los abogados añadieron la posibilidad de hacer trabajo comunitario mientras que los acusados vinculados a MA Valores SA (Rigourd, Barboza y Recalde) dijeron que renunciaban a exigir el pago de los títulos involucrados en la investigación.
En su dictamen, Peralta Palma había calificado de “desproporcionadas” a las prestaciones ofrecidas. Al momento de elevar la causa a juicio, el fiscal Carlos Brito consideró probado que los acusados perpetraron la maniobra consistente en la compra de títulos pos default de 2001 para presentarlos como adquiridos antes de la cesación de pagos; buscar un reembolso de U$S 5,2 millones o $ 15 millones (según la cotización de entonces) y obtener una ganancia equivalente al 241,15% del capital inicial.
Pese a que los defensores “ametrallaron” la oposición del fiscal al otorgamiento de las probation (Burgos llegó a pedir la nulidad del dictamen), el TOF manifestó que la opinión estaba motivada y era lógica, y que, por ende, resultaba vinculante. “La solicitud (de suspender el juicio a prueba) no puede prosperar”, sentenciaron Noli, Casas y Reynaga. Del destino de esa decisión -que con seguridad será recurrida- depende la celebración del juicio oral de la baqueteada causa “Borquez”.
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