Qué hay detrás del proyecto de controlar los cielos tucumanos

El gobernador Osvaldo Jaldo realizó el anuncio más importante en materia de seguridad de su gestión. Quizás también sea más fuerte que el realizado al día siguiente de haber sido reelecto como vicegobernador. En esa mañana de 2019, en los estudios de LG Play, dijo que su principal objetivo era sancionar la ley de narcomenudeo. Él, cuando era gobernador interino, logró destrabar todos los conflictos que generó la iniciativa y la norma se puso en marcha en diciembre de 2022. Ahora adelantó que la Provincia se hará cargo del control aéreo instalando radares o utilizando drones de última generación para detectar vuelos narcos.

Antes de ahondar en el porqué, vale aclarar algunas cuestiones. Primero, la vigilancia de los cielos es responsabilidad de la Nación, no de las provincias. Segundo, Tucumán no tiene los recursos para perseguir y, mucho menos, derribar una nave que transporta droga. Tercero, el Gobierno Nacional tiene un sistema de radarización que no es efectivo. ¿Entonces? En el transcurso de estos días, Jaldo viajará a Buenos Aires para mantener una reunión con Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad de la Nación. La idea es presentar el proyecto y elaborar un plan en conjunto.

¿Por qué realizar una inversión millonaria? En los últimos meses se robusteció la teoría de que los vuelos narcos surcan los cielos de la región sin problemas. Menos del 20% de las naves que transportaban estupefacientes (pueden cargar entre 300 y 500 kilos) fueron detectadas por las autoridades. Las restantes fueron avionetas que cayeron por un desperfecto mecánico o cuyos ocupantes abandonaron porque ya habían realizado el transporte. El sur de Salta, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires aparecen como los lugares elegidos por los narcos para descargar o “bombardear” cocaína y marihuana.

Jaldo reconoció en una entrevista con LA GACETA que la prioridad en la segunda etapa de su gobierno será evitar que en Tucumán avance el narcotráfico. Entiende que si se extiende el narcomenudeo y el tráfico en gran escala de drogas, en la provincia se dispararán los índices de inseguridad. “Se mata por el negocio y se roba para drogarse”, es el concepto que manejan en Casa de Gobierno para justificar la decisión del mandatario.

Preocupación

En el NOA, en lo que va del año, se registró un solo caso. Una avioneta que transportaba más de 300 kilos de cocaína cayó en un campo de Rosario de la Frontera (a 50 kilómetros del límite con Tucumán). Los lugareños de ese y otros lugares insisten que es cada vez más común observar ese tipo de naves en los parajes más alejados. Los ruralistas lo saben y están preocupados. “Hablamos de propiedades muy extensas que no podemos controlar”, se quejó un productor. Los narcos involucrados en el envío detectado habían elegido unas tierras que no estaban alambradas y estaban cerca de una ruta que les habría permitido transportarla rápidamente a un centro de acopio.

Hace un año, los representantes del NOA del Foro de Seguridad Rural Argentina (FSRA) presentaron un documento a las autoridades nacionales. “Cabe destacar que nuestra zona, como todo el país, pasó de ser un lugar de tránsito y consumo de estupefacientes provenientes de Perú, Colombia y Bolivia a uno con pistas aéreas clandestinas detectadas en la ruralidad, esto es consecuencia de la permeabilidad de nuestras fronteras terrestres y la falta de radares en el espacio aéreo”, se leyó en el documento firmado por los responsables de este grupo.

Los dirigentes de Apronor y de la Sociedad Rural de Tucumán marcaron una especie de zona roja. Señalaron que la mayor cantidad de vuelos sospechosos se registran en los límites con Salta (al norte) y con Santiago del Estero (al este).  Por la primera provincia, según las estadísticas, ingresa la mayor cantidad de droga al país. Mientras que la otra, no sólo está siendo considerada como clave en la distribución de estupefacientes, sino que cada vez son más grandes las sospechas de que en esas tierras crecieron las actividades ligadas al lavado de activos. El santiagueño Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia está en la mira. Además, la fiscala federal de esa jurisdicción, Indiana Garzón, está siendo investigada por presuntas irregularidades en una investigación por lavado de dinero que involucra al senador nacional Gerardo Antenor Montenegro.

Pablo Iramain, uno de los que firmó el histórico documento de la FSRA, indicó como acertada la decisión de la provincia de realizar controles aéreos. “No hay dudas que eso fortalecerá aún más al Operativo Lapacho, que fue clave para el incremento del secuestro de drogas en Tucumán. La pregunta que uno se hace, sin ser especialista en la materia, es por qué Salta y Santiago del Estero no hacen lo mismo”, reflexionó.

El productor también aclaró que no está en condiciones de informar sobre si se agravó o no el problema de los vuelos narcos, pero sí hizo referencia a un drama social. “El avance del consumo en las zonas rurales está creciendo a pasos agigantados. Cada vez hay más deserción escolar y chicos que caen presos en las adicciones. Como no trabajan, para poder comprar drogas roban cualquier cosa. Desde herramientas, pasando por alambrados y hasta agroquímicos”, añadió.

¿Tendrá apoyo?

“No puedo opinar mucho porque no conozco cuál es el proyecto. Pero no puedo negar la importancia de que haya un control aéreo”, explicó el diputado nacional Federico Pelli. “Hay muchos puntos para analizar. Básicamente lo que hay que dejar en claro que la instalación de este sistema no significa que Tucumán pueda derribar avionetas con droga. No tiene con qué y tampoco puede legalmente”, añadió el representante de la Libertad Avanza que integrará la Comisión de Seguridad de la cámara.

El libertario ya fijó postura. “Si esta medida se lanza de manera independiente y sin la participación de la Nación, será humo nada más. Estoy dispuesto a colaborar y a gestionar que se realice un plan conjunto para que sea una medida exitosa. Es una manera de reforzar el Operativo Lapacho”, indicó.

Los próximos días serán claves para analizar cómo continuará este plan. En principio, la idea del Gobierno es utilizar ese sistema para alertar sobre los vuelos irregulares para que la Nación actúe. Las respuestas de algunas de las preguntas podrían surgir de la reunión de Jaldo con Monteoliva. Al parecer, todo indicaría que al menos en la lucha contra el narcotráfico, las disputas políticas quedarán a un lado.