14 Marzo 2014
CARACAS.- La mayor ola de protestas en una década en Venezuela ya ha cobrado 28 vidas, según la fiscalía, mientras que en un intento por retomar el orden la máxima corte del país ordenó a alcaldes opositores la remoción de las barricadas puestas por manifestantes para expresar su descontento con el Gobierno. La Fiscal General, Luisa Ortega, precisó la cifra camino a una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, un día después de que enfrentamientos en la ciudad de Valencia, dejaron tres muertos por balas.
En Caracas y el centro del país parecía haber regresado el orden, pero las barricadas se mantenían en el occidental estado Táchira, donde hace más de cinco semanas empezaron los enfrentamientos entre policías y manifestantes, que luego contagiaron al resto de la nación. Aunque las protestas por la galopante inflación, la escasez de productos básicos y la preocupante delincuencia llevan más de un mes, no había indicios de que pudieran hacer tambalear al presidente Nicolás Maduro, el heredero del fallecido Hugo Chávez que asumió hace 11 meses.
Ortega agregó que los hechos deben ser investigados a fondos para determinar las responsabilidades y que 104 personas detenidas durante los disturbios se mantienen encarceladas y otras 1.293 han sido procesadas y liberadas.
El Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo en el que ordena a los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, respectivamente, “la inmediata remoción de obstáculos y (que) se mantengan las vías y zonas adyacentes libres”. En esos municipios, además del de Chacao, de predominante clase media y alta y todos en el este de Caracas, se han congregado la mayoría de los disturbios, barricadas y asalto a la propiedad pública.
“Este municipio está en orden, entonces Maduro póngale orden al país, que a usted le ha quedado grande el cargo donde está”, reaccionó Smolansky, militante del partido Voluntad Popular de Leopoldo López, el líder opositor encarcelado el mes pasado acusado de azuzar a la violencia.
El miércoles, miles de estudiantes que intentaron marchar hacia el centro de Caracas para exigir que se investiguen las denuncias de torturas a los detenidos fueron replegados por la policía antimotines con gases lacrimógenos y chorros de agua, para evitar que se toparan con una marcha de adeptos a Maduro.
La batalla campal dentro de la Universidad Central de Venezuela fue seguida más tarde por enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en el este de Caracas, luego de que los manifestantes rompieran vidrios e intentaran incendiar un edificio que es sede de varios organismos públicos.
Maduro advirtió la noche del miércoles que tomaría “medidas drásticas” contra quienes disparen “contra el pueblo” y agregó que supuestos francotiradores asesinaron a las tres personas en Valencia, incluyendo a un soldado de la Guardia Nacional, que intentaba levantar una barricada. Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron el miércoles, en Santiago de Chile, crear una comisión que asesore y busque mecanismos para recuperar la convivencia política en Venezuela. (Télam-especial)
En Caracas y el centro del país parecía haber regresado el orden, pero las barricadas se mantenían en el occidental estado Táchira, donde hace más de cinco semanas empezaron los enfrentamientos entre policías y manifestantes, que luego contagiaron al resto de la nación. Aunque las protestas por la galopante inflación, la escasez de productos básicos y la preocupante delincuencia llevan más de un mes, no había indicios de que pudieran hacer tambalear al presidente Nicolás Maduro, el heredero del fallecido Hugo Chávez que asumió hace 11 meses.
Ortega agregó que los hechos deben ser investigados a fondos para determinar las responsabilidades y que 104 personas detenidas durante los disturbios se mantienen encarceladas y otras 1.293 han sido procesadas y liberadas.
El Tribunal Supremo de Justicia emitió un fallo en el que ordena a los alcaldes de los municipios Baruta y El Hatillo, Gerardo Blyde y David Smolansky, respectivamente, “la inmediata remoción de obstáculos y (que) se mantengan las vías y zonas adyacentes libres”. En esos municipios, además del de Chacao, de predominante clase media y alta y todos en el este de Caracas, se han congregado la mayoría de los disturbios, barricadas y asalto a la propiedad pública.
“Este municipio está en orden, entonces Maduro póngale orden al país, que a usted le ha quedado grande el cargo donde está”, reaccionó Smolansky, militante del partido Voluntad Popular de Leopoldo López, el líder opositor encarcelado el mes pasado acusado de azuzar a la violencia.
El miércoles, miles de estudiantes que intentaron marchar hacia el centro de Caracas para exigir que se investiguen las denuncias de torturas a los detenidos fueron replegados por la policía antimotines con gases lacrimógenos y chorros de agua, para evitar que se toparan con una marcha de adeptos a Maduro.
La batalla campal dentro de la Universidad Central de Venezuela fue seguida más tarde por enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en el este de Caracas, luego de que los manifestantes rompieran vidrios e intentaran incendiar un edificio que es sede de varios organismos públicos.
Maduro advirtió la noche del miércoles que tomaría “medidas drásticas” contra quienes disparen “contra el pueblo” y agregó que supuestos francotiradores asesinaron a las tres personas en Valencia, incluyendo a un soldado de la Guardia Nacional, que intentaba levantar una barricada. Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acordaron el miércoles, en Santiago de Chile, crear una comisión que asesore y busque mecanismos para recuperar la convivencia política en Venezuela. (Télam-especial)
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