05 Abril 2014
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Gandur, ordenó que se instalen cámaras de seguridad en el hall del segundo piso del Palacio de Justicia, en el marco del inicio de las audiencias para fijar la pena a los responsables de la desaparición de María de los Ángeles “Marita” Verón.
Fuentes judiciales comentaron que Gandur tomó esa determinación como una medida de seguridad, para que no se produzcan incidentes durante las audiencias. El presidente de la Corte no quiere que se repitan hechos como los que ocurrieron al inicio del juicio oral por el crimen de Constanza González, cuando familiares de la víctima y del acusado (Franco Villagra), se trenzaron en una pelea.
Una de las cámaras apunta hacia la puerta de la sala de juicio oral, y la otra hacia el sector norte, donde se encuentra la sala de Acuerdos de la Corte Suprema.
Las audiencias están planificadas para el lunes y martes, en principio, según lo resolvieron los vocales de la Cámara Penal Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez. En las mismas, escucharán a José “Chenga” Gómez, Gonzalo Gómez, Daniela MIlhein, Alejandro González, Azucena Márquez, Pascual Andrada, Humberto Derobertis, Carlos Luna, Paola Gaitán y Mariana Bustos.
De esta manera, darán cumplimiento a la sentencia dictada a fines del año pasado, en el que los miembros de la Corte Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar, declararon la responsabilidad penal de los 10 acusados, en el secuestro para la explotación sexual de “Marita”, desaparecida el 3 de abril de 2002.
La Corte había dado vuelta el fallo absolutorio que habían dictado Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano en diciembre de 2012. La declaración de responsabilidad penal no alcanzó a todos. María Jesús Rivero y Víctor Rivero fueron absueltos, en tanto que se declaró extinguida la acción penal en contra Lidia Irma Medina, la supuesta madama de La Rioja que murió en febrero de 2013.
En la sentencia de la Corte se dejó establecido que la pena concreta para cada uno de los imputados debería ser resuelta por un tribunal con una integración distinta al que dictó las absoluciones. Los designados fueron Páez de la Torre, Ibáñez y Juárez.
Los defensores presentaron un recurso, tratando de impedir que se realizaran las audiencias para fijar la pena. El jueves a la mañana, la Corte declaró inadmisible la presentación, ya que el fallo que se dictará la semana que viene completará la condena, y recién entonces las partes podrían ir en casación.
Fuentes judiciales comentaron que Gandur tomó esa determinación como una medida de seguridad, para que no se produzcan incidentes durante las audiencias. El presidente de la Corte no quiere que se repitan hechos como los que ocurrieron al inicio del juicio oral por el crimen de Constanza González, cuando familiares de la víctima y del acusado (Franco Villagra), se trenzaron en una pelea.
Una de las cámaras apunta hacia la puerta de la sala de juicio oral, y la otra hacia el sector norte, donde se encuentra la sala de Acuerdos de la Corte Suprema.
Las audiencias están planificadas para el lunes y martes, en principio, según lo resolvieron los vocales de la Cámara Penal Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez. En las mismas, escucharán a José “Chenga” Gómez, Gonzalo Gómez, Daniela MIlhein, Alejandro González, Azucena Márquez, Pascual Andrada, Humberto Derobertis, Carlos Luna, Paola Gaitán y Mariana Bustos.
De esta manera, darán cumplimiento a la sentencia dictada a fines del año pasado, en el que los miembros de la Corte Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar, declararon la responsabilidad penal de los 10 acusados, en el secuestro para la explotación sexual de “Marita”, desaparecida el 3 de abril de 2002.
La Corte había dado vuelta el fallo absolutorio que habían dictado Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano en diciembre de 2012. La declaración de responsabilidad penal no alcanzó a todos. María Jesús Rivero y Víctor Rivero fueron absueltos, en tanto que se declaró extinguida la acción penal en contra Lidia Irma Medina, la supuesta madama de La Rioja que murió en febrero de 2013.
En la sentencia de la Corte se dejó establecido que la pena concreta para cada uno de los imputados debería ser resuelta por un tribunal con una integración distinta al que dictó las absoluciones. Los designados fueron Páez de la Torre, Ibáñez y Juárez.
Los defensores presentaron un recurso, tratando de impedir que se realizaran las audiencias para fijar la pena. El jueves a la mañana, la Corte declaró inadmisible la presentación, ya que el fallo que se dictará la semana que viene completará la condena, y recién entonces las partes podrían ir en casación.
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