EN MANANTIAL SUR. El cuerpo de Érika fue arrojado en un descampado.
La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez no sólo avanza sobre el femicidio de la joven, sino que también comenzó a exponer posibles vínculos narcos del principal sospechoso, Felipe “El Militar” Sosa. Un testimonio incorporado a la causa reveló que el acusado habría vendido grandes cantidades de cocaína y podría estar relacionado con la comercialización de drogas sintéticas en fiestas electrónicas.
Nicolás Navarro Flores, uno de los imputados por encubrimiento en el caso, declaró ante el fiscal Pedro Gallo que el acusado incluso le ofrecía venderle droga por montos millonarios. “Siempre buscaba hacer economía cuando compraba droga. Busqué comprar cantidad, pero Felipe se pasaba. Era como $2 millones en cocaína. Le decía que no tenía esa plata y él siempre me respondía que le tirara algo y después veríamos”, señaló ante el fiscal. “A mí me vendía, desconozco si hacía lo mismo con otras personas”, añadió el hombre que es defendido por Candelaria Hernández y Patricio Char.
Con el correr de los días se confirma que Érika Antonella Álvarez no fue víctima de un crimen narco. Sin embargo, la causa dejó al descubierto que Sosa podría haber mantenido vínculos con la comercialización de drogas sintéticas en fiestas electrónicas y con personas vinculadas al poder, exitosos profesionales y empresarios de la provincia.
Además, se robustece la teoría de que todas las maniobras de encubrimiento se habrían montado para evitar que se conocieran los detalles de esa actividad ilícita y quiénes eran los que formaban parte de ella.
La joven fue asesinada en la madrugada del 7 de enero en una vivienda de Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena. Luego arrojaron su cuerpo en un descampado de Manantial Sur, donde fue encontrado un día después. La línea narco surgió casi de inmediato.
Los familiares de Érika informaron a las autoridades que, por sus problemas de adicción, habría mantenido una relación sentimental con Carlos Ferreira, un paraguayo vinculado al envío de grandes cantidades de marihuana por vía aérea. Además, conocía a un tal “Militar”, un hombre al que señalaron como vendedor de éxtasis en la provincia.
Otros testigos confirmaron esa versión y dijeron que ese sujeto era muy peligroso. Uno de ellos incluso aseguró que tenía dos “boletas”, es decir, dos asesinatos, y precisó que uno de ellos fue conocido porque encontraron el cuerpo de la víctima en el interior de una cisterna. Aunque no lo dijo explícitamente, los investigadores creen que se refería al femicidio de Ana Gabriela Picciuto, crimen registrado en marzo de 2024 y que quedó impune.
Justina Gordillo, empleada judicial y pareja de Sosa cuando se registró el asesinato de la joven, declaró que sabía que “El Militar” había comercializado éxtasis en fiestas electrónicas años atrás, pero que en principio había dejado de hacerlo. “Cuando leí todo eso en el diario quedé aterrorizada”, dijo ante el fiscal Gallo la mujer que está procesada por encubrimiento.
Declaración clave
Navarro Flores fue el único imputado que aportó datos actuales sobre los vínculos del acusado del crimen de Érika con las drogas.
En su declaración también reconoció que Sosa, el miércoles 7 de enero, le entregó una “piedra” de cocaína. Para los especialistas en la materia se trata de un pedazo de esa sustancia que no pesa menos de 200 gramos y que es de máxima pureza, porque hasta ese momento no fue estirada.
También relató que Sosa le entregó una caja de herramientas cerrada con candado para que se la llevara. Navarro Flores, cuando se enteró de la detención del “Militar”, decidió abrirla.
“Había pedazos de papel manteca de color marrón que se fuma. Creo que se llama MDT, pero no la conozco”, explicó ante el fiscal.
Las autoridades creen que podría tratarse de MMDA o LSD, sustancias sintéticas que normalmente se comercializan en fiestas electrónicas.
“Era mucha cantidad para una persona. Me asusté y tiré todo por el inodoro. La caja aún está en mi casa”, indicó.
Más sospechas
“Él no tiene nada que ver con el tráfico o la comercialización de drogas. Es una persona que sufre graves problemas de adicción”, sostuvieron en varias oportunidades Marcelo Concianci y Rubén Flores, defensores del “Militar”.
Sin embargo, Sosa ya había afrontado una causa por drogas. En junio de 2023, en una medida judicial ordenada por el fuero civil, la Policía encontró en su domicilio un centro de producción de marihuana.
En total, los uniformados secuestraron 168 plantas, balanzas de precisión, frascos con flores de marihuana y varios elementos utilizados para cultivar cannabis.
“El Militar” señaló que cultivaba para su consumo y para otras personas. El juez federal José Manuel Díaz Vélez decidió sobreseerlo, pero el fiscal Agustín Chit apeló la resolución al entender que se trataría de una organización dedicada a la producción de flores a gran escala para luego comercializarlas. El próximo mes se cumplirá un año sin que se resuelva el asunto.
“No conozco a ese señor Carlos Ferreira y tampoco a César Fernández Facio”, respondió Navarro Flores cuando fue interrogado en su declaración. El primero es el narco paraguayo que habría tenido una relación con Érika y, supuestamente, fue quien la presentó a “El Militar”. El otro está procesado por ser el supuesto líder de una organización que habría organizado fiestas electrónicas en las que se vendía éxtasis.
Hasta el momento no trascendió si el Ministerio Público ordenó abrir un expediente paralelo por la supuesta venta de drogas o si remitió copia de la causa para que la Justicia Federal iniciara una investigación.
“Con todo lo que hay en el expediente, haremos una presentación ante el fiscal Chit para que inicie una pesquisa”, adelantó Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima.
Si esa línea se confirma, el crimen de Érika no sólo podría derivar en un juicio por femicidio, sino también en una investigación paralela sobre el posible negocio narco que rodeaba al principal acusado.

























