28 Abril 2014
La situación financiera de la Municipalidad de Famaillá parece no ser la mejor, a juzgar por una deuda que le reclama la Mutualidad Provincial al intendente Juan Enrique Orellana.
Según la carta documento a la que accedió LA GACETA, la entidad que preside Daniel Deiana le exige al jefe municipal aliado al massismo casi $ 72.000 abonados por los empleados municipales y retenidos por el Departamento Ejecutivo famaillense.
“Las sumas retenidas y no rendidas fueron actualizadas con tasa pasiva y ascienden al 31 de diciembre del año pasado a $ 71.843. En caso de no hacerse efectivo el pago, procederemos a denunciar penalmente el accionar por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, retención indebida y/o el que oportunamente calificare el fiscal que por turno corresponda”, expresa la Mutualidad Provincial, vía carta documento.
El abogado de la institución, Alfredo Fernando Ducca, además, advierte en el documento que “las irregularidades y omisiones en su actuación (de la Municipalidad) sólo hacen presumir una conducta ilícita, por incumplimiento de las leyes y regímenes vigentes”.
El letrado, paralelamente, deja constancia en la carta documento que las sumas reclamadas fueron abonadas por los afiliados a la Mutualidad y descontadas de sus haberes por la Municipalidad, “por lo que no corresponde retenerlas y/o imputarlas a ningún concepto que no sea el pago de la cuota social del afiliado”.
Según la carta documento a la que accedió LA GACETA, la entidad que preside Daniel Deiana le exige al jefe municipal aliado al massismo casi $ 72.000 abonados por los empleados municipales y retenidos por el Departamento Ejecutivo famaillense.
“Las sumas retenidas y no rendidas fueron actualizadas con tasa pasiva y ascienden al 31 de diciembre del año pasado a $ 71.843. En caso de no hacerse efectivo el pago, procederemos a denunciar penalmente el accionar por el presunto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, retención indebida y/o el que oportunamente calificare el fiscal que por turno corresponda”, expresa la Mutualidad Provincial, vía carta documento.
El abogado de la institución, Alfredo Fernando Ducca, además, advierte en el documento que “las irregularidades y omisiones en su actuación (de la Municipalidad) sólo hacen presumir una conducta ilícita, por incumplimiento de las leyes y regímenes vigentes”.
El letrado, paralelamente, deja constancia en la carta documento que las sumas reclamadas fueron abonadas por los afiliados a la Mutualidad y descontadas de sus haberes por la Municipalidad, “por lo que no corresponde retenerlas y/o imputarlas a ningún concepto que no sea el pago de la cuota social del afiliado”.
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