06 Mayo 2014
La Legislatura ya elevó los nombre de sus representantes para la comisión interpoderes que trabajará en la adaptación de los Tribunales provinciales a las investigaciones de causas por narcotráfico al menudeo. Por el oficialismo, los escogidos fueron el presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, José Alberto León, y la titular de la comisión de Acciones Preventivas y Asistenciales de las Adicciones, Graciela Suárez; el tercer lugar habría sido desechado por la oposición, por lo que allí quedó una aliada del alperovichismo, Nancy Bulacio, presidenta del bloque del Partido de los Trabajadores (PT).
Así, el equipo que deberán conformar el Poder Ejecutivo (PE), la Legislatura y el Poder Judicial está cada vez más cerca de ponerse en marcha. La Casa de Gobierno ya designó a Lucas Haurigot Posse, secretario de Estado de Prevención y Asistencia a las Adicciones, y a Paul Hofer, secretario de Seguridad Ciudadana. Sólo resta que el titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Gandur, dé a conocer qué funcionarios judiciales participarán del comité.
El pasado 13 de marzo, el parlamento aprobó -con quejas de la oposición- la ley N° 8.644, que establece la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, en el párrafo que habilita a las Provincias a intervenir en causas de drogas a menor escala (dealers barriales, casos de consumo, etcétera). Según el oficialismo, esta medida ayudará a la Justicia Federal a descomprimir su tarea para que pueda perseguir a los medianos y grandes vendedores de sustancias ilegales. Las dudas planteadas por los letrados apuntan a si se cuenta con la cantidad apropiada de recursos humanos (fiscales y jueces, entre otros) y materiales (equipos para analizar las drogas secuestradas, nuevas oficinas para tomar declaraciones, etcétera).
Según la norma, el nuevo sistema puede ser habilitado desde el 1 de marzo de 2015, aunque se otorgó al PE la potestad de dilatar el inicio de las nuevas funciones tribunalicias. El gobernador, José Alperovich, advirtió en febrero que esta iniciativa será costosa. “La plata que nos están pidiendo (para desfederalizar las causas por narcomenudeo) es muy mucha, arriba de los $ 200 millones. Pero vamos a ir viendo, porque estos son momentos donde hay que cuidar mucho la plata, no nos está sobrando, entonces vamos a ir viendo de a poquitito”, comentó el mandatario semanas antes de que se sancionara la ley.
Respecto al financiamiento, un artículo indica que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) puede realizar aportes para este fin.
La comisión interpoderes deberá realizar un informe que determinará qué espacios del Poder Judicial se fortalecerán para comenzar a actuar contra los dealers. Ayer, el presidente del bloque Tucumán Crece, Roque Álvarez, elevó los nombres de sus “compañeros” León y Suárez para que integren el comité. Bulacio ocupará el tercer lugar, que habrían rechazado bloques de la oposición. El vicepresidente de la Cámara, Manuel Fernández, firmó ayer las designaciones.
Para entender el nuevo sistema
La Ley Nacional de Estupefacientes establece que las causas sobre drogas son de competencia federal. Un párrafo habilita la actuación de los fueros provinciales.
En marzo, por pedido de la Nación y del PE, la Cámara sancionó la ley que permite la “desfederalización” de los casos de drogas. El plan regiría desde 2015.
Si el programa comienza a aplicarse, los “dealers” de barrios y los consumidores que sean detenidos serán procesados por los Tribunales locales.
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