07 Mayo 2014
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) recibió una nota de Luis De Mitri, ministro público fiscal y pupilar, en la que este daba a entender que dejaba el cargo para jubilarse. La “carta de despedida” ingresó el lunes a la Secretaría de Superintendencia del alto tribunal, pero en ella consta la fecha 14 de marzo de 2014. “Pongo en vuestro conocimiento la renuncia condicionada al Ministerio Público (...). Agradezco al Poder Judicial: me he sentido muy honrado de prestar servicios como magistrado. Acompaño la renuncia dirigida al gobernador José Alperovich para su remisión al Poder Ejecutivo (PE), a fin de su aceptación”, dijo De Mitri.
Aunque la misiva no incluyó ninguna presentación destinada al PE, la Corte dio por hecho que el ministro, que inició los trámites previsionales en julio, por fin se retiraba. Pero tanto el Ministerio de Gobierno y Justicia como la Secretaría General de la Gobernación confirmaron oficialmente que no había entrado la dimisión de De Mitri. En virtud de una consulta expresa de LA GACETA, el jefe de los fiscales negó y renegó que tuviese intenciones de abandonar el despacho que ocupa por decisión del ex gobernador Julio Miranda.
La nota enigmática de De Mitri desorientó por igual al Gobierno y al Poder Judicial. Ayer ambos poderes cruzaron múltiples consultas en el afán de dilucidar la situación del presunto dimitente. Tanto en la sede de 25 de Mayo al 100 como en el Palacio de Justicia coinciden en que la única renuncia válida es la que el funcionario -eventualmente- presente en la Casa de Gobierno. De hecho, la Justicia dispuso reservar la carta misteriosa del titular del Ministerio Público hasta que el Poder Ejecutivo dicte un decreto de aceptación de la dimisión.
Mientras ello no suceda, De Mitri sigue siendo ministro público: de hecho, fuentes judiciales informaron que este estaba trabajando en el dictamen del sumario administrativo que la Corte abrió en contra de Carlos Albaca, fiscal de la II Nominación de esta capital y ex director de la investigación del caso “Lebbos” (el dictamen, que no es vinculante, habilita al alto tribunal para tomar una decisión). En su descargo explosivo, Albaca pidió a la CSJT que deje sin efecto la imputación formulada en su contra esgrimiendo que el titular del Ministerio Público había estado al tanto de lo que hacía. “Tuvo conocimiento de todo lo sucedido durante mi actuación hasta que me desprendí de la causa y es quien, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, puede dar instrucciones particulares y generales a los fiscales”, recordó Albaca al final de su descargo. Pese a ello, Marta Ignacia Jerez, instructora del sumario y fiscala de Cámara, no analizó el desempeño del ministro, que es su jefe (tampoco se expidió respecto de la actuación de Alejandro Noguera, primer fiscal del caso “Lebbos” -luego ascendido a fiscal de Cámara-, a quien Albaca también cuestionó).
La nota que De Mitri dejó en la Corte fue interpretada como un intento de zafar de otro eventual pedido de destitución. En febrero, la comisión de Juicio Político de la Legislatura había archivado la denuncia contra el ministro que había formulado un sector de la oposición como consecuencia de la parálisis de la causa “Lebbos” durante el período de Albaca (desde junio, la pesquisa es dirigida por el fiscal Diego López Ávila).
El cargo de De Mitri resulta fundamental para el establecimiento de una política criminal y la supervisión de su desarrollo, más aún con la perspectiva de una reforma procesal penal que pone énfasis en esas funciones. De modo que no son pocos los candidatos a suceder al ministro público, máxime en un escenario sin reelección para una veintena de legisladores oficialistas y para el propio gobernador, que ya nombró a tres de los cinco miembros de la Corte: Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse.
La cuestión "De Mitri" en tres tiempos
En julio, el ministro público Luis De Mitri inició los trámites para jubilarse con el beneficio del 82% móvil. En febrero, la Anses le pidió que presente la documentación relativa al cese.
El lunes pasado, el ministro notificó a la Corte Suprema que presentaba la renuncia condicionada. Pero esa decisión no consta en el Gobierno y De Mitri la desmintió verbalmente.
Los magistrados deben presentar su renuncia al titular del Poder Ejecutivo (institución que designa a los jueces). El gobernador, a posteriori, ha de aceptar la dimisión mediante un decreto.
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