18 Junio 2014
EL JUEZ. Thomas Griesa tiene en sus manos el destino de la deuda argentina. LA GACETA
NUEVA YORK.- La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York levantó hoy la medida cautelar que le evitaba a Argentina pagar unos 1.330 millones de dólares a acreedores de deuda incumplida.
La decisión se conoce luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara el lunes una apelación de Argentina y en momentos en que el Gobierno del país austral se prepara para negociar ante el juez Thomas Griesa con los acreedores que no aceptaron reestructuraciones en el pasado.
La medida judicial es un obstáculo para que la Argentina cumpla con el pago de intereses de los bonos Discount por unos 228 millones de dólares el próximo 30 de este mes, debido a que con el fallo en firme, esos fondos podrían ser embargados para pagar parte de aquellos 1.330 millones de dólares reclamados por los holdouts que litigaron.
Ayer, el ministro de Economía, Axel Kicillof, expresó que "si una sentencia dice 'suicídense', nosotros no podemos, aunque querramos, responsablemente, ciegamente, aceptar eso que dice".
Kicillof expresó que el Gobierno reafirmaba su compromiso de cumplir con los vencimientos de los acreedores "que aceptaron la quita, que cobraron puntualmente y que tienen bonos en su poder, así que no vamos a permitir que nos impidan pagarles".
"Es por eso que estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagarla en Argentina y bajo ley argentina", añadió el funcionario.
Kicillof también indicó que dio instrucciones para que los abogados que representan a a la Argentina concurran a los tribunales del juez Thomas Griesa para negociar con los holdouts.
Sin embargo, ninguna de las dos alternativas será sencilla: ya los tenedores de bonos anticiparon que no están dispuestos a que sus pagos queden bajo jurisdicción de la Justicia argentina, mientras que los acreedores no parecen predispuestos a negociar, ya que tienen a su favor la sentencia de los tribunales norteamericanos para cobrar la totalidad de la deuda.
Ante ese panorama, el gobierno argentino se encuentra en una encrucijada: si paga a los holdouts los u$s1.330 millones, se verá ante la eventual obligación de abonarle también una compensación a los bonistas que ingresaron al canje de deuda y que inicien demandas bajo el argumento del pari passu, establecido en la cláusula de Rights Upon Future Offers (RUFO) del prospecto de emisión de los bonos reestructurados, que determina que por un plazo de diez años, si se ofrece una mejora en los pagos a tan sólo uno de los acreedores, esa mejora deberá ser aplicada a todos los tenedores de bonos. Esa cláusula está vigente hasta fin de este año.
Esta mañana, un grupo de bonistas italianos ya anticipó que están dispuestos a recurrir a la Justicia para cobrar lo mismo que los holdouts si finalmente la Argentina resuelve cumplir con la sentencia.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó que los distintos bloques del Congreso de la Nación "han brindado el pleno respaldo a la posición argentina, en defensa del interés del país", luego de la reunión que mantuvo -junto a Kicillof y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini- con la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios para explicar los alcances del nuevo canje de deuda.
"Todos han coincidido en repudiar la actitud de los fondos buitre y consideraron que este fallo es lesivo contra la soberanía nacional y el interés del pueblo argentino", agregó Capitanich. (DyN-Infobae.com)
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