04 Julio 2014
BUENOS AIRES.- El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, pidió ayer no adelantarse a los pasos sucesivos respecto del caso con los holdouts, pero no descartó la posibilidad de recurrir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, para evitar el pago a los fondos especulativos.
Capitanich descartó, además, que la reunión con los holdouts pueda adelantarse, como se especuló, al señalar que la fecha del próximo lunes “ha sido debidamente coordinada y corroborada con quien tiene que llevar adelante este proceso”. Los fondos en litigio habían solicitado realizar para ayer una reunión de negociación.
Sobre La Haya, el funcionario planteó que “no nos adelantemos a los pasos sucesivos”. “Primero veremos claramente la evolución de los pasos y en virtud de ello, cuando sea necesario ahondar o profundizar estas cuestiones, seguramente lo podremos hacer”, aclaró.
La semana pasada, cuando el Gobierno nacional anunció el pago de títulos a bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010, el ministro de Economía, Axel Kicillof, leyó un comunicado en el que la Casa Rosada dejaba abierta la puerta a reclamos internacionales, no sólo ante La Haya, sino también ante mecanismos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la justicia local.
El Gobierno podría llevar el conflicto a La Haya, amparado en que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, frenó el pago, la semana pasada, a quienes aceptaron acogerse a la reestructuración de la deuda argentina.
El magistrado, sin embargo, no embargó los fondos involucrados.
Capitanich, en el encuentro habitual con periodistas en Casa de Gobierno, insistió ayer en criticar el “criterio interpretativo” del magistrado de Estados Unidos sobre la cláusula pari passu, que altera la igualdad de condiciones que rigen el principio y vulnera los acuerdos de reestructuración voluntaria y soberana de deuda, lo cual “debe ser parte de un debate internacional, que la Argentina está liderando por haber sido un país afectado”.
También reiteró que existe un vacío legal en el mundo para resolver este tipo de controversias, ya que no hay una regulación respecto del apoyo de las mayorías para un acuerdo con los acreedores, como ocurre entre privados.
“La Argentina genera confianza a partir del crecimiento de la economía, de la generación de una estrategia de inclusión social, y una mejor y equitativa distribución de la riqueza, y a su vez el cumplimiento y la manifestación de la voluntad de pago. La Argentina la ha ganado confianza con el cumplimiento de sus obligaciones”, dijo. (DyN)
Capitanich descartó, además, que la reunión con los holdouts pueda adelantarse, como se especuló, al señalar que la fecha del próximo lunes “ha sido debidamente coordinada y corroborada con quien tiene que llevar adelante este proceso”. Los fondos en litigio habían solicitado realizar para ayer una reunión de negociación.
Sobre La Haya, el funcionario planteó que “no nos adelantemos a los pasos sucesivos”. “Primero veremos claramente la evolución de los pasos y en virtud de ello, cuando sea necesario ahondar o profundizar estas cuestiones, seguramente lo podremos hacer”, aclaró.
La semana pasada, cuando el Gobierno nacional anunció el pago de títulos a bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010, el ministro de Economía, Axel Kicillof, leyó un comunicado en el que la Casa Rosada dejaba abierta la puerta a reclamos internacionales, no sólo ante La Haya, sino también ante mecanismos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la justicia local.
El Gobierno podría llevar el conflicto a La Haya, amparado en que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, frenó el pago, la semana pasada, a quienes aceptaron acogerse a la reestructuración de la deuda argentina.
El magistrado, sin embargo, no embargó los fondos involucrados.
Capitanich, en el encuentro habitual con periodistas en Casa de Gobierno, insistió ayer en criticar el “criterio interpretativo” del magistrado de Estados Unidos sobre la cláusula pari passu, que altera la igualdad de condiciones que rigen el principio y vulnera los acuerdos de reestructuración voluntaria y soberana de deuda, lo cual “debe ser parte de un debate internacional, que la Argentina está liderando por haber sido un país afectado”.
También reiteró que existe un vacío legal en el mundo para resolver este tipo de controversias, ya que no hay una regulación respecto del apoyo de las mayorías para un acuerdo con los acreedores, como ocurre entre privados.
“La Argentina genera confianza a partir del crecimiento de la economía, de la generación de una estrategia de inclusión social, y una mejor y equitativa distribución de la riqueza, y a su vez el cumplimiento y la manifestación de la voluntad de pago. La Argentina la ha ganado confianza con el cumplimiento de sus obligaciones”, dijo. (DyN)
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