06 Julio 2014
reuters
La Argentina tiene poco más de tres semanas para llegar a un acuerdo con los fondos buitre del juicio por la cláusula pari-passu, antes de caer en default en los bonos poscanje. Actualmente se reclaman U$S 1.650 millones, pero resulta inevitable que otros holdouts rápidamente busquen beneficiarse de esta nueva jurisprudencia, estimándose en un máximo cercano a los U$S 15.000 millones los reclamos potenciales totales que se enfrentarían por los bonos con ley Nueva York aún en default (con valor nominal original cercano a los U$S 4.400 millones). Así lo plantea Empiria Consultores, en su último reporte monetario y cambiario.
A ello habría que agregar algo más de U$S 2.000 millones originales en bonos en default emitidos en otras jurisdicciones (se estima que se podrían reclamar entre US$ 8.000 millones y US$ 9.000 millones), aunque no queda claro el circuito y el tiempo que les llevaría para conseguir (si es que lo consiguen) que su reclamo sea “asimilado” por los tribunales de Nueva York. “Es interesante que hasta el momento el juez Thomas Griesa viene rechazando los intentos de varios holdouts de “unirse” al juicio, aunque sólo sería cuestión de tiempo que se los habilite”, puntualiza.
Los “fondos buitre” que litigan contra la Argentina son 47. Los más reconocidos son NML Elliott, Olifant y Aurelius. El multimillonario Paul Singer, de Elliott, es la cara más visible. El fondo EM Ltd., de Kenneth Dart, fue el primero en comprar bonos en default.
El diario económico “Ámbito Financiero” señaló que Dart compró unos U$S 900 millones, con apoyo de inversores que “lo seguían” porque “los había hecho ganar toneladas de dinero con dos embestidas similares” en Ecuador y Brasil. Lo que no se sabe es si el fondo de Dart aún tiene títulos o si “los vendió a un mejor postor”. El gobierno argentino dice que la mayoría de los “buitres” están radicados en paraísos fiscales.
De las cifras queda claro que resulta imposible el pago directo con reservas de las sentencias, sostiene Empiria.
Por lo tanto, indica la consultora, la única salida posible sería negociar el pago con bonos, cubriendo esa negociación con el paraguas judicial para evitar “activar” la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). Se trata de una suerte de paraguas jurídico que evita negociar con los fondos buitres, en mejores condiciones que las pactadas con los acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda lanzada por el Gobierno nacional en 2005 y en 2010. Una negociación complicada, en un marco temporal acotado, y con indudables costos económicos (y políticos).
Las negociaciones deberían ser facilitadas por la presencia del “Special Master” Daniel Pollack (foto), nombrado por Griesa para supervisar el proceso. No es un árbitro ni cumple el papel de un “Juez de Concurso” (que puede “forzar” a las partes), pero es un especialista que combina conocimientos legales y económicofinancieros, como para “entender” lo que sucede y eventualmente hacer propuestas para acercar las partes.
Las limitaciones
Estos días que restan para evitar que la Argentina caiga en un default técnico no tienen por qué ser el límite estricto para llegar al acuerdo. De las declaraciones de los mismos fondos buitres (y puede asumirse que habría apoyo pleno de Griesa), surge con claridad que reponer el stay (permitiendo pagar a los bonistas poscanje y evitar el default el 30/7) sería posible si Argentina avanza con propuestas realistas. Sin embargo, considera el reporte al que accedió DINERO, los días que restan para llegar a fines de mes sí son definitorios respecto al rumbo que Argentina elija (si es que aún no lo eligió).
En breve (en principio mañana irá una delegación de nuestro país) comenzarían las reuniones entre las partes con la presencia de Pollack, y será cuestión de poco tiempo que se deban mostrar las cartas, respecto a si realmente se busca una solución negociada. No parece haber margen para tácticas dilatorias. “Por supuesto que no todo depende de Argentina: si los buitres son inflexibles con las condiciones de pago que reclamen (por ejemplo, si piden cobrar todo en efectivo), no tendría sentido económico cumplir con sus demandas, ya que al poco tiempo no habría capacidad fáctica de cumplir con reclamos similares”, dice Empiria.
Pero los buitres supuestamente son pragmáticos (por ejemplo, ya dijeron que estarían dispuestos a cobrar con bonos), y saben que un default tampoco los beneficiaría. La intersección de intereses comunes es fina, pero existe, y es de allí de donde debería surgir una solución negociada. Según Empiria, evitar el default debería ser la prioridad absoluta del Gobierno, y eso implica lograr un acuerdo con los holdouts (al mismo tiempo que se evita que se activen las RUFO). No es sencillo, pero tampoco imposible. Lo contrario sería tirar por la borda los esfuerzos realizados en los últimos meses en materia de normalización de las relaciones financieras con el resto del mundo, con consecuencias funestas sobre la economía.
El gobierno acusó a Griesa de empujar al país al default. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo varias veces que el país “no va a defaultear la deuda reestructurada” y consideró “una extorsión” la posición de los fondos “buitres”. La presidenta sostiene que el caso involucra “a todo el sistema financiero global”.
A ello habría que agregar algo más de U$S 2.000 millones originales en bonos en default emitidos en otras jurisdicciones (se estima que se podrían reclamar entre US$ 8.000 millones y US$ 9.000 millones), aunque no queda claro el circuito y el tiempo que les llevaría para conseguir (si es que lo consiguen) que su reclamo sea “asimilado” por los tribunales de Nueva York. “Es interesante que hasta el momento el juez Thomas Griesa viene rechazando los intentos de varios holdouts de “unirse” al juicio, aunque sólo sería cuestión de tiempo que se los habilite”, puntualiza.
Los “fondos buitre” que litigan contra la Argentina son 47. Los más reconocidos son NML Elliott, Olifant y Aurelius. El multimillonario Paul Singer, de Elliott, es la cara más visible. El fondo EM Ltd., de Kenneth Dart, fue el primero en comprar bonos en default.
El diario económico “Ámbito Financiero” señaló que Dart compró unos U$S 900 millones, con apoyo de inversores que “lo seguían” porque “los había hecho ganar toneladas de dinero con dos embestidas similares” en Ecuador y Brasil. Lo que no se sabe es si el fondo de Dart aún tiene títulos o si “los vendió a un mejor postor”. El gobierno argentino dice que la mayoría de los “buitres” están radicados en paraísos fiscales.
De las cifras queda claro que resulta imposible el pago directo con reservas de las sentencias, sostiene Empiria.
Por lo tanto, indica la consultora, la única salida posible sería negociar el pago con bonos, cubriendo esa negociación con el paraguas judicial para evitar “activar” la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). Se trata de una suerte de paraguas jurídico que evita negociar con los fondos buitres, en mejores condiciones que las pactadas con los acreedores que aceptaron la reestructuración de la deuda lanzada por el Gobierno nacional en 2005 y en 2010. Una negociación complicada, en un marco temporal acotado, y con indudables costos económicos (y políticos).
Las negociaciones deberían ser facilitadas por la presencia del “Special Master” Daniel Pollack (foto), nombrado por Griesa para supervisar el proceso. No es un árbitro ni cumple el papel de un “Juez de Concurso” (que puede “forzar” a las partes), pero es un especialista que combina conocimientos legales y económicofinancieros, como para “entender” lo que sucede y eventualmente hacer propuestas para acercar las partes.
Las limitaciones
Estos días que restan para evitar que la Argentina caiga en un default técnico no tienen por qué ser el límite estricto para llegar al acuerdo. De las declaraciones de los mismos fondos buitres (y puede asumirse que habría apoyo pleno de Griesa), surge con claridad que reponer el stay (permitiendo pagar a los bonistas poscanje y evitar el default el 30/7) sería posible si Argentina avanza con propuestas realistas. Sin embargo, considera el reporte al que accedió DINERO, los días que restan para llegar a fines de mes sí son definitorios respecto al rumbo que Argentina elija (si es que aún no lo eligió).
En breve (en principio mañana irá una delegación de nuestro país) comenzarían las reuniones entre las partes con la presencia de Pollack, y será cuestión de poco tiempo que se deban mostrar las cartas, respecto a si realmente se busca una solución negociada. No parece haber margen para tácticas dilatorias. “Por supuesto que no todo depende de Argentina: si los buitres son inflexibles con las condiciones de pago que reclamen (por ejemplo, si piden cobrar todo en efectivo), no tendría sentido económico cumplir con sus demandas, ya que al poco tiempo no habría capacidad fáctica de cumplir con reclamos similares”, dice Empiria.
Pero los buitres supuestamente son pragmáticos (por ejemplo, ya dijeron que estarían dispuestos a cobrar con bonos), y saben que un default tampoco los beneficiaría. La intersección de intereses comunes es fina, pero existe, y es de allí de donde debería surgir una solución negociada. Según Empiria, evitar el default debería ser la prioridad absoluta del Gobierno, y eso implica lograr un acuerdo con los holdouts (al mismo tiempo que se evita que se activen las RUFO). No es sencillo, pero tampoco imposible. Lo contrario sería tirar por la borda los esfuerzos realizados en los últimos meses en materia de normalización de las relaciones financieras con el resto del mundo, con consecuencias funestas sobre la economía.
El gobierno acusó a Griesa de empujar al país al default. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo varias veces que el país “no va a defaultear la deuda reestructurada” y consideró “una extorsión” la posición de los fondos “buitres”. La presidenta sostiene que el caso involucra “a todo el sistema financiero global”.
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