06 Julio 2014
El hallazgo inesperado de un requerimiento de investigación resucita la causa “Funsal”
Gandur, presidente de la Corte, ordenó la prosecución de la pesquisa a Carrizo, la misma fiscala que había archivado el caso en 2011 Una auditoría interna reveló discrepancias entre el sistema informático y el expediente. “Se trata de un error involuntario”, contestó la titular de la Fiscalía IX
LA FISCALA. Carrizo en una fotografía tomada el 15 de junio de 2011, después del archivo del caso “Funsal”. ARCHIVO LA GACETA / ANTONIO FERRONI
Un informe en apariencia inofensivo del Cuerpo de Auditores de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) terminó despertando a “Funsal”, caso archivado en junio de 2011. La orden de proseguir con la investigación y de fundar cada una de las medidas propuestas para dilucidar la posible comisión de delitos por parte de autoridades del Ministerio de Salud de la provincia y de la Fundación Salud (Funsal) partió del despacho de Antonio Gandur, titular del alto tribunal, el 11 de junio pasado. La destinataria de esa instrucción es María de las Mercedes Carrizo, la fiscala de Instrucción de la IX Nominación de esta capital que había cerrado la pesquisa.
La resolución de la presidencia de la Corte menciona la existencia en el sistema informático -la plataforma del fuero penal no está disponible para la consulta pública- de un requerimiento de investigación jurisdiccional elaborado por Carrizo, que, sin embargo, no había sido agregado al expediente. Ese dictamen fue emitido el 19 de marzo de 2010, cuatro días antes del requerimiento que Carrizo efectivamente presentó a Francisco Pisa, juez de Instrucción de la III Nominación de esta capital, y que luego este magistrado declaró nulo con el argumento de que la solicitud tenía defectos formales. Catorce meses después, Carrizo dio un giro rotundo, y se pronunció en favor del archivo de la denuncia con el argumento de que no advertía intención de perjudicar al erario y de que los funcionarios implicados en el caso, entre ellos el ministro Pablo Yedlin, ya habían sido multados por el Tribunal de Cuentas (TC).
“El requerimiento del 19 de marzo de 2010 no está agregado a la causa y figura ‘en estado procesal’ porque se trata de un proyecto que con el transcurso de los días fue siendo modificado con otras consideraciones hasta que quedó conformado el del 23 de marzo de 2010, que es el que realmente tiene validez”, respondió Carrizo a Gandur. Y añadió: “el empleado entonces encargado de la gestión seguramente por error involuntario incorporó al sistema ambos requerimientos, que quedaron ‘en estado procesal’, cuando, en realidad, el primero no debió ser ingresado con ese carácter”. El error involuntario que invocó Carrizo está probado, según su criterio, porque la foliatura del expediente no exhibe salvedades, enmiendas ni refoliaturas. “Por otra parte, me doy por notificada del ‘temperamento’ a seguir (la reanudación de la investigación) en la causa principal”, expresó la fiscala de Instrucción.
La conexión “Lebbos”
La auditoría interna que halló el requerimiento “mellizo” en “Funsal” fue abierta por la Corte como consecuencia de la denuncia penal que había presentado Oscar López, peronista disidente y abogado, contra el fiscal Carlos Albaca y el ministro público Luis De Mitri (ambos funcionarios se jubilarán con el beneficio del 82% móvil el 31 de este mes). López, también denunciante en “Funsal” (firmó esa presentación junto con el letrado radical Raúl Moreno), dijo que la Justicia penal debía investigar la actuación de Albaca y de De Mitri durante la instrucción de “Lebbos”, entre otras causas. Respecto del jefe de los fiscales, cuestionó además su conducta en “Funsal”.
Entre otras pruebas, López había adjuntado el pedido dirigido a De Mitri para que reabra la pesquisa que implica a Yedlin y para que aparte de ese caso a Carrizo, a quien López también había denunciado en sede penal (dicha presentación ingresó en la Fiscalía de la X Nominación de esta capital, a cargo de Guillermo Herrera). El peronista disidente comentó ayer a este diario que De Mitri no hizo lugar a ninguno de sus pedidos. “El 28 de noviembre de 2011, el ministro fiscal ‘de la impunidad’ consagró la supremacía ontológica de la potestad disciplinaria administrativa por encima de las competencias constitucionales otorgadas al Poder Judicial”, dijo el letrado por escrito.
La historia en un pispás
El escándalo de “Funsal” se remonta al acuerdo del TC que rechazó un pago de $ 800.000 autorizado por Yedlin para la Fundación Salud. El órgano detectó una serie de irregularidades en la contratación de una capacitación sobre endodoncia a cargo de la ONG, como incongruencias entre las fechas de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009); de inicio de las actividades de la organización civil (2 de julio de 2009), y de la firma del convenio entre Funsal y el Sistema Provincial de Salud -Siprosa- (19 de agosto de 2009). La intervención del TC hizo caer el pago y el ministro, que nunca declaró en sede penal, fue sancionado con una multa de $ 60.000 (equivalentes a cinco sueldos). El TC también multó a Alberto Sabaj (hoy subsecretario) y a Daniel Álvarez Garmendia, por su participación en el asunto como respectivos secretario médico y director de Recursos Humanos del Siprosa.
- ANOMALÍAS.- El Tribunal de Cuentas (TC) rechazó la orden de pago a la Fundación Salud (Funsal) autorizada por el ministro Pablo Yedlin mediante el Acuerdo Nº 188/2010. El órgano de control cuestionó, entre otras anomalías, que el listado de inscriptos en la capacitación sobre endodoncia a cargo de Funsal no haya sido acompañado por el número de DNI de los estudiantes (odontólogos y auxiliares del Sistema Provincial de Salud -Siprosa-) como tampoco de una constancia de la Dirección de Personal que acredite la pertenencia al Siprosa. Además, criticó que el Ministerio de Salud no haya adjuntado la nómina de profesionales que dictó la capacitación.
- VINCULACIONES.- En el transcurso de la cobertura periodística de la causa “Funsal”, LA GACETA dio cuenta de la relación existente entre el presidente de la organización civil, el profesional chileno Héctor Silva Olivares, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Raúl Penna. Ese vínculo surgió tras la constatación de que el teléfono de la sede social fijada por Funsal (un departamento céntrico) estaba a nombre de Penna.
- “PELOTEO” JUDICIAL I.- 35 días después de la presentación de la denuncia por parte de los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR), la fiscala María de las Mercedes Carrizo elevó al juez Francisco Pisa el requerimiento de apertura de investigación jurisdiccional (prevista para cuando existen impedimentos fundados en privilegios constitucionales). Pisa, sin embargo, se excusó y derivó el planteo a su par Víctor Manuel Pérez. Ese magistrado también se declaró incompetente con el argumento de que el delito habría sido cometido el 29 de diciembre de 2009, día en el que Yedlin autorizó el pago a Funsal. En esa fecha se encontraba de turno la jueza de la V Nominación, Mirta Lenis de Vera, por lo que Pérez remitió el requerimiento a su despacho. Luego, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción zanjó el tema y ordenó que el expediente regrese a Pisa, que declaró la nulidad del pedido de Carrizo.
- “PELOTEO” JUDICIAL II.- Un conflicto similar vivieron los fiscales. Originalmente la denuncia ingresó en la fiscalía de Carrizo, pero aquella funcionaria constitucional entendió que la denuncia debía ser atendida por Carlos Sale (hoy fiscal de Cámara), que estaba de turno al inicio de la capacitación de Funsal (mayo de 2009). Sale consideró lo contrario y requirió un dictamen al fiscal Daniel Marranzino, que, finalmente, devolvió la denuncia a Carrizo.
La resolución de la presidencia de la Corte menciona la existencia en el sistema informático -la plataforma del fuero penal no está disponible para la consulta pública- de un requerimiento de investigación jurisdiccional elaborado por Carrizo, que, sin embargo, no había sido agregado al expediente. Ese dictamen fue emitido el 19 de marzo de 2010, cuatro días antes del requerimiento que Carrizo efectivamente presentó a Francisco Pisa, juez de Instrucción de la III Nominación de esta capital, y que luego este magistrado declaró nulo con el argumento de que la solicitud tenía defectos formales. Catorce meses después, Carrizo dio un giro rotundo, y se pronunció en favor del archivo de la denuncia con el argumento de que no advertía intención de perjudicar al erario y de que los funcionarios implicados en el caso, entre ellos el ministro Pablo Yedlin, ya habían sido multados por el Tribunal de Cuentas (TC).
“El requerimiento del 19 de marzo de 2010 no está agregado a la causa y figura ‘en estado procesal’ porque se trata de un proyecto que con el transcurso de los días fue siendo modificado con otras consideraciones hasta que quedó conformado el del 23 de marzo de 2010, que es el que realmente tiene validez”, respondió Carrizo a Gandur. Y añadió: “el empleado entonces encargado de la gestión seguramente por error involuntario incorporó al sistema ambos requerimientos, que quedaron ‘en estado procesal’, cuando, en realidad, el primero no debió ser ingresado con ese carácter”. El error involuntario que invocó Carrizo está probado, según su criterio, porque la foliatura del expediente no exhibe salvedades, enmiendas ni refoliaturas. “Por otra parte, me doy por notificada del ‘temperamento’ a seguir (la reanudación de la investigación) en la causa principal”, expresó la fiscala de Instrucción.
La conexión “Lebbos”
La auditoría interna que halló el requerimiento “mellizo” en “Funsal” fue abierta por la Corte como consecuencia de la denuncia penal que había presentado Oscar López, peronista disidente y abogado, contra el fiscal Carlos Albaca y el ministro público Luis De Mitri (ambos funcionarios se jubilarán con el beneficio del 82% móvil el 31 de este mes). López, también denunciante en “Funsal” (firmó esa presentación junto con el letrado radical Raúl Moreno), dijo que la Justicia penal debía investigar la actuación de Albaca y de De Mitri durante la instrucción de “Lebbos”, entre otras causas. Respecto del jefe de los fiscales, cuestionó además su conducta en “Funsal”.
Entre otras pruebas, López había adjuntado el pedido dirigido a De Mitri para que reabra la pesquisa que implica a Yedlin y para que aparte de ese caso a Carrizo, a quien López también había denunciado en sede penal (dicha presentación ingresó en la Fiscalía de la X Nominación de esta capital, a cargo de Guillermo Herrera). El peronista disidente comentó ayer a este diario que De Mitri no hizo lugar a ninguno de sus pedidos. “El 28 de noviembre de 2011, el ministro fiscal ‘de la impunidad’ consagró la supremacía ontológica de la potestad disciplinaria administrativa por encima de las competencias constitucionales otorgadas al Poder Judicial”, dijo el letrado por escrito.
La historia en un pispás
El escándalo de “Funsal” se remonta al acuerdo del TC que rechazó un pago de $ 800.000 autorizado por Yedlin para la Fundación Salud. El órgano detectó una serie de irregularidades en la contratación de una capacitación sobre endodoncia a cargo de la ONG, como incongruencias entre las fechas de inicio de los cursos (12 de mayo de 2009); de inicio de las actividades de la organización civil (2 de julio de 2009), y de la firma del convenio entre Funsal y el Sistema Provincial de Salud -Siprosa- (19 de agosto de 2009). La intervención del TC hizo caer el pago y el ministro, que nunca declaró en sede penal, fue sancionado con una multa de $ 60.000 (equivalentes a cinco sueldos). El TC también multó a Alberto Sabaj (hoy subsecretario) y a Daniel Álvarez Garmendia, por su participación en el asunto como respectivos secretario médico y director de Recursos Humanos del Siprosa.
- ANOMALÍAS.- El Tribunal de Cuentas (TC) rechazó la orden de pago a la Fundación Salud (Funsal) autorizada por el ministro Pablo Yedlin mediante el Acuerdo Nº 188/2010. El órgano de control cuestionó, entre otras anomalías, que el listado de inscriptos en la capacitación sobre endodoncia a cargo de Funsal no haya sido acompañado por el número de DNI de los estudiantes (odontólogos y auxiliares del Sistema Provincial de Salud -Siprosa-) como tampoco de una constancia de la Dirección de Personal que acredite la pertenencia al Siprosa. Además, criticó que el Ministerio de Salud no haya adjuntado la nómina de profesionales que dictó la capacitación.
- VINCULACIONES.- En el transcurso de la cobertura periodística de la causa “Funsal”, LA GACETA dio cuenta de la relación existente entre el presidente de la organización civil, el profesional chileno Héctor Silva Olivares, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Raúl Penna. Ese vínculo surgió tras la constatación de que el teléfono de la sede social fijada por Funsal (un departamento céntrico) estaba a nombre de Penna.
- “PELOTEO” JUDICIAL I.- 35 días después de la presentación de la denuncia por parte de los abogados Oscar López (peronismo disidente) y Raúl Moreno (UCR), la fiscala María de las Mercedes Carrizo elevó al juez Francisco Pisa el requerimiento de apertura de investigación jurisdiccional (prevista para cuando existen impedimentos fundados en privilegios constitucionales). Pisa, sin embargo, se excusó y derivó el planteo a su par Víctor Manuel Pérez. Ese magistrado también se declaró incompetente con el argumento de que el delito habría sido cometido el 29 de diciembre de 2009, día en el que Yedlin autorizó el pago a Funsal. En esa fecha se encontraba de turno la jueza de la V Nominación, Mirta Lenis de Vera, por lo que Pérez remitió el requerimiento a su despacho. Luego, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción zanjó el tema y ordenó que el expediente regrese a Pisa, que declaró la nulidad del pedido de Carrizo.
- “PELOTEO” JUDICIAL II.- Un conflicto similar vivieron los fiscales. Originalmente la denuncia ingresó en la fiscalía de Carrizo, pero aquella funcionaria constitucional entendió que la denuncia debía ser atendida por Carlos Sale (hoy fiscal de Cámara), que estaba de turno al inicio de la capacitación de Funsal (mayo de 2009). Sale consideró lo contrario y requirió un dictamen al fiscal Daniel Marranzino, que, finalmente, devolvió la denuncia a Carrizo.
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