07 Julio 2014
LOMAS. Atendieron 50 pedidos de reconsideración sobre 163 notificados.
“Muchas casas se entregaron, pero se vendieron, se alquilan o están vacías. Se están haciendo los vivos (…) ¡Que no vengan a lucrar! Y a los que lucren, se la vamos a quitar. Llegamos a un límite, hay tanta gente que no tiene dónde estar...”. Con esas palabras, el gobernador, José Alperovich, había lanzado en enero un censo para detectar irregularidades en el megabarrio Lomas de Tafí (Los Pocitos, Tafí Viejo). La Fiscalía de Estado y el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) -organismos encargados del relevamiento- dieron a conocer, luego, que el principal problema eran las casas deshabitadas. Pero a seis meses de la auditoría, es probable que pocos infractores pierdan las casas.
Si bien en un primer momento se había anunciado que se avanzaría con la quita de las unidades por el incumplimiento del plazo para instalarse en ellas, las autoridades consideraron admisibles las razones expuestas en los descargos por parte de los adjudicatarios. “Notificamos a 163 personas. Hasta el momento, se hizo lugar a unos 50 recursos de reconsideración. Todos se defendieron”, dijo el interventor del Ipvdu, Gustavo Durán.
En ese organismo se efectúan las primeras presentaciones. Las decisiones negativas pueden ser “apeladas” posteriormente, mediante recursos de alzada, en la Fiscalía de Estado de la Provincia. Detalló que entre las pruebas presentadas por la mayoría de los beneficiarios que aún no residen en Lomas figuran boletas de servicios -electricidad o gas-, que comprobarían algún nivel de consumo durante una ocupación parcial; fotografías de remodelaciones que impedirían residir en el lugar por cuestiones de seguridad, o certificados de que transitoriamente los titulares se encontraban fuera de la provincia por motivos laborales. Beneficiarios del plan nacional Procrear justificaron las demoras en la mudanza por los tiempos que ese programa prevé.
“Los operativos causaron un impacto directo en la habitabilidad. Hoy la foto de Lomas es diferente y vamos a seguir trabajando. Visitamos las que estaban vacías. Casi el 80% de las casas que lo estaban fueron ocupadas a poco de iniciado el censo”, concluyó Durán.
El fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, aseguró que se preparan para recibir los casos que no obtuvieron resolución favorable en el Ipvdu. “Nosotros tenemos la última instancia. Hasta ahora llegó un solo recurso y consideramos que no correspondía la rescisión contractual (determinada por el Ipvdu). No se habían respetado las garantías constitucionales de defensa”, argumentó. Comentó que esperan la llegada de unos 15 o 20 escritos por semana.
Anunció que emprenderán un nuevo censo para evaluar formalmente los resultados de los controles. “Lo importante es que la mayor parte de la gente fue a vivir. El que no lo hizo perderá la casa. Si con todas las notificaciones que enviamos no se mudaron, evidentemente no las necesitan. Seré implacable en quitar las viviendas en esos casos, porque mucha gente necesita dónde vivir”, expresó.
El 20 de enero, Alperovich dijo que, a raíz de la cantidad de denuncias que recibía, iba a ordenar una auditoría en Lomas de Tafí. Las sospechas de que había construcciones sin habitar, alquiladas o transferidas ilegalmente se confirmaron con el paso de los días. Equipos conformados por abogados del Estado y empleados del Ipvdu controlaron las 3.000 casas entregadas más recientemente (en los sectores conocidos como Lomas Norte y Lomas 3.000). Las construcciones subsidiadas deben ser habitadas dentro de los 90 días a partir de la adjudicación y no pueden ser negociadas en los primeros tres años (los plazos varían de acuerdo al plan de viviendas).
Los censistas detectaron que alrededor de 250 casas estaban vacías. Tras recibir las primeras notificaciones, muchas familias se mudaron, según las autoridades.
El megabarrio había comenzado a construirse en 2005. Se trata de una “ciudad planificada”, con 5.000 casas, espacios verdes y centro comercial. El Gobierno sostiene que es el más grande de Sudamérica. La primera entrega de unidades se había producido hace seis años, en el sector Lomas 600. Las últimas viviendas fueron entregadas en junio del año pasado. El acto fue encabezado, mediante videoconferencia, por la presidenta, Cristina Fernández. Habría costado $ 900 millones, a precios de 2013.
Si bien en un primer momento se había anunciado que se avanzaría con la quita de las unidades por el incumplimiento del plazo para instalarse en ellas, las autoridades consideraron admisibles las razones expuestas en los descargos por parte de los adjudicatarios. “Notificamos a 163 personas. Hasta el momento, se hizo lugar a unos 50 recursos de reconsideración. Todos se defendieron”, dijo el interventor del Ipvdu, Gustavo Durán.
En ese organismo se efectúan las primeras presentaciones. Las decisiones negativas pueden ser “apeladas” posteriormente, mediante recursos de alzada, en la Fiscalía de Estado de la Provincia. Detalló que entre las pruebas presentadas por la mayoría de los beneficiarios que aún no residen en Lomas figuran boletas de servicios -electricidad o gas-, que comprobarían algún nivel de consumo durante una ocupación parcial; fotografías de remodelaciones que impedirían residir en el lugar por cuestiones de seguridad, o certificados de que transitoriamente los titulares se encontraban fuera de la provincia por motivos laborales. Beneficiarios del plan nacional Procrear justificaron las demoras en la mudanza por los tiempos que ese programa prevé.
“Los operativos causaron un impacto directo en la habitabilidad. Hoy la foto de Lomas es diferente y vamos a seguir trabajando. Visitamos las que estaban vacías. Casi el 80% de las casas que lo estaban fueron ocupadas a poco de iniciado el censo”, concluyó Durán.
El fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, aseguró que se preparan para recibir los casos que no obtuvieron resolución favorable en el Ipvdu. “Nosotros tenemos la última instancia. Hasta ahora llegó un solo recurso y consideramos que no correspondía la rescisión contractual (determinada por el Ipvdu). No se habían respetado las garantías constitucionales de defensa”, argumentó. Comentó que esperan la llegada de unos 15 o 20 escritos por semana.
Anunció que emprenderán un nuevo censo para evaluar formalmente los resultados de los controles. “Lo importante es que la mayor parte de la gente fue a vivir. El que no lo hizo perderá la casa. Si con todas las notificaciones que enviamos no se mudaron, evidentemente no las necesitan. Seré implacable en quitar las viviendas en esos casos, porque mucha gente necesita dónde vivir”, expresó.
El 20 de enero, Alperovich dijo que, a raíz de la cantidad de denuncias que recibía, iba a ordenar una auditoría en Lomas de Tafí. Las sospechas de que había construcciones sin habitar, alquiladas o transferidas ilegalmente se confirmaron con el paso de los días. Equipos conformados por abogados del Estado y empleados del Ipvdu controlaron las 3.000 casas entregadas más recientemente (en los sectores conocidos como Lomas Norte y Lomas 3.000). Las construcciones subsidiadas deben ser habitadas dentro de los 90 días a partir de la adjudicación y no pueden ser negociadas en los primeros tres años (los plazos varían de acuerdo al plan de viviendas).
Los censistas detectaron que alrededor de 250 casas estaban vacías. Tras recibir las primeras notificaciones, muchas familias se mudaron, según las autoridades.
El megabarrio había comenzado a construirse en 2005. Se trata de una “ciudad planificada”, con 5.000 casas, espacios verdes y centro comercial. El Gobierno sostiene que es el más grande de Sudamérica. La primera entrega de unidades se había producido hace seis años, en el sector Lomas 600. Las últimas viviendas fueron entregadas en junio del año pasado. El acto fue encabezado, mediante videoconferencia, por la presidenta, Cristina Fernández. Habría costado $ 900 millones, a precios de 2013.
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