14 Julio 2014
Desde hace unos años, los ataques contra la prensa y los periodistas se ha vuelto frecuente. El miércoles pasado durante la celebración del 198° aniversario de la Declaración de la Independencia, tres periodistas tucumanos que realizaban la cobertura del acontecimiento fueron agredidos por integrantes de la custodia de Amado Boudou, el vicepresidente de la Nación, según la denuncia presentada en la Justicia local.
El bochornoso episodio ocurrió cerca del mediodía, cuando la segunda autoridad del país llegó al teatro Mercedes Sosa para participar del acto oficial, en el cual fue el principal orador. Los periodistas Sergio Silva (Canal 26), Marisa Suárez (FM Láser) y Carolina Ponce de León (Radio Universidad) fueron golpeados por los guardaespaldas del funcionario, y esta última colega sufrió la fractura de dos costillas.
El hecho motivó el repudio de diversos órganos de prensa, así como de políticos. La Asociación de Prensa de Tucumán dijo que los responsables de la agresión fueron identificados como agentes de la Casa Militar. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) señaló: “Si bien es una nefasta costumbre el maltrato a los periodistas de las provincias por parte de los miembros de comitivas nacionales durante sus visitas, esta vez se pasó una barrera infranqueable. Fopea exige la identificación y separación de los agresores y de quienes dieron la orden de reprimir, y así lo hará saber en una nota dirigida a la Presidencia del Senado”.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también pidió que los autores sean sancionados por la Justicia. “El ataque, que se produjo en presencia del vicepresidente, exige que este último condene las agresiones e inste a su pronto esclarecimiento”, expresó la entidad. El intendente de la capital deploró la agresión que “se agrava enormemente cuando se trata de mujeres, con las que se ensañaron”, mientras que el Gobierno provincial se hizo eco del ataque y ordenó que las imágenes de las cámaras de seguridad queden a disposición del fiscal que investigará la causa.
Las agresiones a los trabajadores de prensa se incrementaron en 2013 en un 12,8% respecto de 2012, con un total de 194 casos, en los cuales 239 personas resultaron afectadas, señala el informe “Monitoreo de libertad de expresión” de Fopea. Indicó que el año pasado hubo 19 agresiones de algún tipo por parte de las policías, dos de Gendarmería y una denuncia contra el Ejército por espionaje. Entre las víctimas, los profesionales más agredidos por las fuerzas de seguridad son los que trabajan sobre el territorio, como los camarógrafos, fotógrafos, cronistas y periodistas de agencias informativas.
Es indignante este cobarde ataque contra los periodistas, que debe ser investigado y una vez encontrados sus responsables, que sean sancionados. Los funcionarios, cualquiera sea su rango, deben entender que el cargo que ocupan no les da ningún tipo de superioridad sobre el resto de la ciudadanía, es más, deben rendir permanentemente cuenta de sus actos. Por lo tanto, la custodia que pudieren tener, tampoco puede actuar con total impunidad, amparada en el poder. En una democracia, parece absurdo que ningún periodista pueda acercarse a un funcionario para requerirle declaraciones. La libertad de prensa está garantizada por la Constitución Nacional, no es una concesión del gobierno de turno.
El bochornoso episodio ocurrió cerca del mediodía, cuando la segunda autoridad del país llegó al teatro Mercedes Sosa para participar del acto oficial, en el cual fue el principal orador. Los periodistas Sergio Silva (Canal 26), Marisa Suárez (FM Láser) y Carolina Ponce de León (Radio Universidad) fueron golpeados por los guardaespaldas del funcionario, y esta última colega sufrió la fractura de dos costillas.
El hecho motivó el repudio de diversos órganos de prensa, así como de políticos. La Asociación de Prensa de Tucumán dijo que los responsables de la agresión fueron identificados como agentes de la Casa Militar. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) señaló: “Si bien es una nefasta costumbre el maltrato a los periodistas de las provincias por parte de los miembros de comitivas nacionales durante sus visitas, esta vez se pasó una barrera infranqueable. Fopea exige la identificación y separación de los agresores y de quienes dieron la orden de reprimir, y así lo hará saber en una nota dirigida a la Presidencia del Senado”.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también pidió que los autores sean sancionados por la Justicia. “El ataque, que se produjo en presencia del vicepresidente, exige que este último condene las agresiones e inste a su pronto esclarecimiento”, expresó la entidad. El intendente de la capital deploró la agresión que “se agrava enormemente cuando se trata de mujeres, con las que se ensañaron”, mientras que el Gobierno provincial se hizo eco del ataque y ordenó que las imágenes de las cámaras de seguridad queden a disposición del fiscal que investigará la causa.
Las agresiones a los trabajadores de prensa se incrementaron en 2013 en un 12,8% respecto de 2012, con un total de 194 casos, en los cuales 239 personas resultaron afectadas, señala el informe “Monitoreo de libertad de expresión” de Fopea. Indicó que el año pasado hubo 19 agresiones de algún tipo por parte de las policías, dos de Gendarmería y una denuncia contra el Ejército por espionaje. Entre las víctimas, los profesionales más agredidos por las fuerzas de seguridad son los que trabajan sobre el territorio, como los camarógrafos, fotógrafos, cronistas y periodistas de agencias informativas.
Es indignante este cobarde ataque contra los periodistas, que debe ser investigado y una vez encontrados sus responsables, que sean sancionados. Los funcionarios, cualquiera sea su rango, deben entender que el cargo que ocupan no les da ningún tipo de superioridad sobre el resto de la ciudadanía, es más, deben rendir permanentemente cuenta de sus actos. Por lo tanto, la custodia que pudieren tener, tampoco puede actuar con total impunidad, amparada en el poder. En una democracia, parece absurdo que ningún periodista pueda acercarse a un funcionario para requerirle declaraciones. La libertad de prensa está garantizada por la Constitución Nacional, no es una concesión del gobierno de turno.
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