23 Agosto 2014
SANTIAGO DE CHILE.- Comandos policiales detuvieron al diputado Gabriel Boric, un ex líder de las revueltas estudiantiles de 2011, cuando el parlamentario intervino en una marcha por educación pública gratuita frente a La Moneda.
“Me detuvieron por tratar de evitar que las fuerzas especiales de la policía golpearan a una apoderada que estaba defendiendo a su hijo”, denunció el congresista de Izquierda Autónoma. El diputado, de 27 años, denunció los procedimientos empleados por la policía para detener una protesta escolar que interrumpió el tránsito vehicular a metros del palacio presidencial.
“Las fuerzas especiales de la policía deben revisar sus procedimientos”, subrayó el político, quien denunció que los uniformados agarraban los testículos a los detenidos, además de patearlos. La protesta surgió luego que estudiantes del emblemático liceo Instituto Nacional rechazaran una decisión de la Justicia de prohibir las tomas de colegios, una de las principales acciones del movimiento estudiantil.
La protesta fue reprimida por la policía, lo que derivó en enfrentamientos, a un día de que decenas de miles de personas marcharan por iguales demandas en diversas ciudades. El Instituto Nacional, primer colegio del país, fue históricamente lugar de estudio de diversos presidentes, premios nacionales y autoridades, entre ellos ex el mandatario Ricardo Lagos. La demanda de educación gratuita, que estalló en las masivas protestas en 2011, es una de la principales preocupaciones ciudadanas, según encuestas.
Las familias chilenas, que deben pagar hasta U$S 900 mensuales en las universidades públicas para que sus hijos estudien, deben endeudarse en miles de dólares para financiar esos estudios. A nivel escolar, la educación es provista por establecimientos particulares, colegios municipales y los llamados colegios subvencionados, que concentran la mayoría de la matrícula. Estos establecimientos son administrados por empresas que lucran con fondos públicos, cobrando además a las familias.
El gobierno de Michelle Bachelet, se comprometió a realizar una reforma educacional para acabar con el “negocio de la educación”, pero hasta ahora no logra un consenso siquiera en el oficialismo. (DPA)
“Me detuvieron por tratar de evitar que las fuerzas especiales de la policía golpearan a una apoderada que estaba defendiendo a su hijo”, denunció el congresista de Izquierda Autónoma. El diputado, de 27 años, denunció los procedimientos empleados por la policía para detener una protesta escolar que interrumpió el tránsito vehicular a metros del palacio presidencial.
“Las fuerzas especiales de la policía deben revisar sus procedimientos”, subrayó el político, quien denunció que los uniformados agarraban los testículos a los detenidos, además de patearlos. La protesta surgió luego que estudiantes del emblemático liceo Instituto Nacional rechazaran una decisión de la Justicia de prohibir las tomas de colegios, una de las principales acciones del movimiento estudiantil.
La protesta fue reprimida por la policía, lo que derivó en enfrentamientos, a un día de que decenas de miles de personas marcharan por iguales demandas en diversas ciudades. El Instituto Nacional, primer colegio del país, fue históricamente lugar de estudio de diversos presidentes, premios nacionales y autoridades, entre ellos ex el mandatario Ricardo Lagos. La demanda de educación gratuita, que estalló en las masivas protestas en 2011, es una de la principales preocupaciones ciudadanas, según encuestas.
Las familias chilenas, que deben pagar hasta U$S 900 mensuales en las universidades públicas para que sus hijos estudien, deben endeudarse en miles de dólares para financiar esos estudios. A nivel escolar, la educación es provista por establecimientos particulares, colegios municipales y los llamados colegios subvencionados, que concentran la mayoría de la matrícula. Estos establecimientos son administrados por empresas que lucran con fondos públicos, cobrando además a las familias.
El gobierno de Michelle Bachelet, se comprometió a realizar una reforma educacional para acabar con el “negocio de la educación”, pero hasta ahora no logra un consenso siquiera en el oficialismo. (DPA)
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