La política dilata los cambios, según el CELS

“Desde nuestra perspectiva, lo ocurrido en Tucumán en diciembre fue un ejemplo categórico del riesgo para el poder político y las instituciones democráticas de tener fuerzas policiales autonomizadas o descontroladas”. Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), demuestra estar convencido de que las autoridades políticas siguen dejando en manos de los agentes el manejo de la seguridad. No obstante, aclaró que la inseguridad no atañe sólo a la Policía sino a diversas áreas del Estado.

Caracterizó con tres expresiones a la Policía para argumentar la urgencia de los cambios: “violaciones a los derechos humanos”, “altos niveles de corrupción”, “ineficacia” y “connivencia con la criminalidad organizada”. “En 30 años de democracia la política no se hizo cargo de este problema. Ha hecho una ecuación errónea del costo-beneficio”, evaluó el experto.

Entre las modificaciones que deberían ir de la mano, añadió, está la derogación de la Ley de Contravenciones. “Es una herramienta que cubre o disimula las ineficiencias para investigar o prevenir el delito”, criticó Chillier.

Reflexionó respecto de lo que se requiere para poner en marcha las reformas y remarcó a la voluntad política como “fundamental”. “En muchos casos no se producen por temor o, como se demostró el año pasado, porque la política cede ante la extorsión. Por otro lado, hay autores que han investigado casos de connivencia en recaudación de dineros u otros tipo de actividades ilegales”, denunció.