Por LA GACETA
06 Septiembre 2014
Es uno de los asuntos centrales de la sociedad. Avanza a paso redoblado, no sólo ignorando a las fuerzas del orden y al Gobierno, sino también desafiándolos. La inseguridad deambula por la capital tucumana y también por toda la provincia. En algunas ciudades hay amigos de lo ajeno que podrían llamarse paradójicamente “ilustrados” porque sus víctimas preferidas son los establecimientos educativos, como sucede en Concepción.
Desde que comenzó a funcionar el año pasado, la escuela del Barrio Primero de Mayo II, de La Perla del Sur, ha sido blanco de los vándalos. En sus últimas incursiones, rompieron la cerca perimetral, se llevaron el portón metálico y robaron los cables que transportan electricidad al motor del pozo de agua, dejando sin el líquido a la comunidad educativa. Las aulas carecen de luz porque el año pasado se robaron los elementos que componen los tableros eléctricos. El sereno de la escuela fue atacado por una patota, lo golpearon con saña y le robaron su motocicleta; se halla actualmente en tratamiento psicológico y nadie quiere reemplazarlo.
La directora señaló que las clases se dictan sin inconvenientes y que los delincuentes ingresan los fines de semana o por la noche. Según un vecino, estas pandillas roban no sólo en la escuela, sino también en las casas de familia. “Por eso ahora muchos están abandonando este lugar. Sellan sus viviendas y se van a otros lugares, cansados de los ladrones y los violentos”, dijo. Una señora acotó que se trata de menores que “se llevan lo que encuentran a mano para vender y comprar bebidas alcohólicas o drogarse. Ahora que no tienen qué llevarse, se dedican a destruir, a hacer daño”.
La acción de la delincuencia ha dejado sin médico al dispensario del barrio porque la doctora fue asaltada y renunció. Nadie se anima a reemplazarla, según los pobladores.
Lo absurdo y dramático es que la escuela se halla a 100 metros de la Policía Vial. Un agente argumentó que los delincuentes actúan de madrugada cuando nadie los ve y que veces aparecen cuando ellos salen a hacer controles en la ruta.
En junio pasado, dimos a conocer la preocupación de los padres por la inseguridad en la escuela N° 387 “Arturo Illia”, ubicada en el acceso a Concepción, situación que también padece la escuela agrotécnica “Ludovico Tusek”, que se halla en el km 2 sobre la ruta 65, que une esa ciudad con Alpachiri. En esa ocasión, el jefe policial de Concepción dijo que no podía poner un agente en los más de 30 establecimientos de todos los niveles de su jurisdicción y afirmó que no contaba con personal suficiente. Añadió que habían elaborado con la Municipalidad un plan de rondas en todos los establecimientos educativos.
Esta realidad está mostrando no sólo la ausencia de un plan de prevención, sino también de tareas de inteligencia. ¿Cómo es posible que un pequeño barrio la Policía no pueda detectar a los ladrones que asedian constantemente la escuela? ¿No se investiga? ¿No es un asunto importante evitar que desmantelen un establecimiento educativo? No estamos hablando de urbes populosas como Nueva York, San Pablo de Brasil o Buenos Aires, sino de una vecindad. Si los hechos delictivos se producen a 100 metros de la seccional de la Policía Vial, si hay una incapacidad para encontrar a sus responsables, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía en quienes tienen la obligación de protegerla?
Desde que comenzó a funcionar el año pasado, la escuela del Barrio Primero de Mayo II, de La Perla del Sur, ha sido blanco de los vándalos. En sus últimas incursiones, rompieron la cerca perimetral, se llevaron el portón metálico y robaron los cables que transportan electricidad al motor del pozo de agua, dejando sin el líquido a la comunidad educativa. Las aulas carecen de luz porque el año pasado se robaron los elementos que componen los tableros eléctricos. El sereno de la escuela fue atacado por una patota, lo golpearon con saña y le robaron su motocicleta; se halla actualmente en tratamiento psicológico y nadie quiere reemplazarlo.
La directora señaló que las clases se dictan sin inconvenientes y que los delincuentes ingresan los fines de semana o por la noche. Según un vecino, estas pandillas roban no sólo en la escuela, sino también en las casas de familia. “Por eso ahora muchos están abandonando este lugar. Sellan sus viviendas y se van a otros lugares, cansados de los ladrones y los violentos”, dijo. Una señora acotó que se trata de menores que “se llevan lo que encuentran a mano para vender y comprar bebidas alcohólicas o drogarse. Ahora que no tienen qué llevarse, se dedican a destruir, a hacer daño”.
La acción de la delincuencia ha dejado sin médico al dispensario del barrio porque la doctora fue asaltada y renunció. Nadie se anima a reemplazarla, según los pobladores.
Lo absurdo y dramático es que la escuela se halla a 100 metros de la Policía Vial. Un agente argumentó que los delincuentes actúan de madrugada cuando nadie los ve y que veces aparecen cuando ellos salen a hacer controles en la ruta.
En junio pasado, dimos a conocer la preocupación de los padres por la inseguridad en la escuela N° 387 “Arturo Illia”, ubicada en el acceso a Concepción, situación que también padece la escuela agrotécnica “Ludovico Tusek”, que se halla en el km 2 sobre la ruta 65, que une esa ciudad con Alpachiri. En esa ocasión, el jefe policial de Concepción dijo que no podía poner un agente en los más de 30 establecimientos de todos los niveles de su jurisdicción y afirmó que no contaba con personal suficiente. Añadió que habían elaborado con la Municipalidad un plan de rondas en todos los establecimientos educativos.
Esta realidad está mostrando no sólo la ausencia de un plan de prevención, sino también de tareas de inteligencia. ¿Cómo es posible que un pequeño barrio la Policía no pueda detectar a los ladrones que asedian constantemente la escuela? ¿No se investiga? ¿No es un asunto importante evitar que desmantelen un establecimiento educativo? No estamos hablando de urbes populosas como Nueva York, San Pablo de Brasil o Buenos Aires, sino de una vecindad. Si los hechos delictivos se producen a 100 metros de la seccional de la Policía Vial, si hay una incapacidad para encontrar a sus responsables, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía en quienes tienen la obligación de protegerla?
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