21 Octubre 2014
OBJETIVO. Jiménez llegó en agosto pasado al Ministerio Público Fiscal. Hasta entonces, era funcionario del PE.
El bloque oficialista Tucumán Crece está próximo a convertir en realidad uno de los mayores anhelos que expresó Edmundo Jiménez, ex funcionario alperovichista, desde su llegada a la cabeza del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Ayer, con la firma de casi una veintena de legisladores, llegó a mesa de entradas de la Legislatura el proyecto de ley que propone la autarquía económica y administrativa del jefe de todos los fiscales penales de la Provincia.
Según fuentes del parlamento, la intención es llevar cuanto antes al recinto la iniciativa, que prevé la modificación de tres artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (ley N° 6.238). Si el texto es aprobado, Jiménez podrá administrar su propio presupuesto; implementar un sistema de designación y remoción de empleados (debe garantizar “la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad”, según la iniciativa); y crear los organismos o contratar las prestaciones “que estime necesarias para el mejor servicio de justicia”, entre otras novedades.
Con esto, se entiende que el Ministerio Público Fiscal y Pupilar logrará su autarquía y autonomía, y obtendrá para su órbita potestades que hoy dependen de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
El proyecto de ley lleva la firma de los alperovichistas Guillermo Gassenbauer, Dante Loza, Emiliano Vargas Aignasse, Ramiro González Navarro, Susana Díaz, Gregorio García Biagosch, Jesús Salim, Roque Álvarez, Alfredo Quinteros y Sisto Terán, entre otros. Todos ellos pusieron su rúbrica en la iniciativa durante la sesión del viernes pasado. Ayer, el texto fue elevado a mesa de entradas, y la comisión de Asuntos Constitucionales (que preside Gassenbauer) le dará dictamen cuanto antes. Ese grupo de trabajo tiene cuatro oficialistas y dos opositores, por lo que no tendría mayores obstáculos para darle curso al planteo.
Jiménez se hizo cargo del Ministerio Público Fiscal y Pupilar en agosto pasado, tras la jubilación de su antecesor, Luis De Mitri. En la última década, el hoy jefe de los fiscales se había desempeñado como ministro de Justicia y Gobierno de José Alperovich. Además, era secretario general del Partido Justicialista.
En esta etapa como funcionario judicial, Jiménez parece decidido a dejar su impronta en esa oficina.
Artículos y fundamentos
El proyecto para modificar la Ley N° 6.238 se refiere a sólo tres artículos. Sin embargo, los cambios previstos son muchos. Por ello, los fundamentos de la iniciativa contienen cuatro páginas de jurisprudencia y doctrina que buscan reforzar el planteo.
La propuesta del “nuevo” artículo 91 pretende otorgar al Ministerio Público Fiscal y Pupilar, integrante del Poder Judicial de Tucumán, la “autonomía funcional y autarquía financiera, y libertad de acción bajo la dirección y coordinación del ministro fiscal”. Además, se prevé que el titular de ese cargo sume nuevas funciones. “(El jefe de los fiscales) ejercerá la autarquía financiera, la administración de su propio presupuesto. Además de los recursos previstos en el Presupuesto General del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y Pupilar tendrá asignada una partida especial para atender gastos que demande el equipamiento de los órganos, capacitación de sus miembros y los recursos humanos para el debido cumplimiento de sus funciones”, expresa el párrafo que el oficialismo quiere incorporar al artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se propone además un 94 bis, que enumera las nuevas facultades que recaerán sobre el jefe de los fiscales si el alperovichismo logra sancionar la iniciativa.
Se menciona, por ejemplo, que el ministro fiscal “ejercerá la función de superintendencia en la administración de justicia” en su ámbito; implementará un procedimiento basado en la idoneidad para designar empleados; aplicará sanciones disciplinarias a magistrados, funcionarios constitucionales y de ley, auxiliares y empleados del área del Ministerio Público Fiscal y Pupilar; ordenará el modo en que se reemplazará a magistrados y funcionarios en caso de recusación o inhibición; y preparará su propia estimación anual de gastos y recursos, entre otras novedades.
“Resulta inimaginable la realización de una política, persecución o aún de defensa verdaderamente propia (...) si para hacerlo debe lograrse la autorización o aquiescencia de otro órgano, como es la Corte Suprema”, explica el proyecto. Con esta letra, los legisladores oficialistas buscan cumplir con el anhelo de Jiménez, quien ya había recibido el visto bueno del gobernador la semana pasada.
“Se considera absolutamente necesario lograr la autonomía de gestión administrativa, financiera y disciplinaria del Ministerio Público Fiscal y Pupilar”.
“Que la competencia del Ministerio Público sobre su presupuesto provenga de la Constitución nacional impide el ejercicio de esas facultades por otro poder”.
“Es inimaginable la realización de una política de persecución, investigación o aún de defensa si, para hacerlo, debe lograrse la autorización de otro órgano”.
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