Con el nuevo Código, se llegará a la sentencia "en un año"

El secretario de Justicia, Julián Alvarez, aseguró que el proyecto de reforma del Código Procesal Penal "no afecta la política migratoria" argentina, porque los extranjeros no serán expulsados "por delitos insignificantes".

Asimismo, el funcionario consideró que "la reforma arrancó cuando Néstor Kirchner bajó los cuadros (de los dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone que colgaban en el Colegio Militar, el 24 de marzo de 2004) y dijo que la Argentina tenía que tener como premisa los derechos humanos".

"Esto impactó en la sociedad y también en la Justicia, instalando un nuevo consenso, de dignidad humana y ampliación de derechos. Luego vino la transformación de la Corte, y la transformación poco a poco de sujetos que fueron volviéndose factores de poder en un medio que nunca había sido traspasado por un cambio de tal magnitud", indicó Alvarez.

En ese sentido, agregó que "el Código Procesal Penal es parte de la democratización de la Justicia. El Código Civil y Comercial también es parte de la democratización de la Justicia. Las leyes de defensa del consumidor también son parte de ese proceso".

"Nosotros estamos dando una transformación global del sistema jurídico argentino, y lamentablemente se lo analiza en términos coyunturales: si es el momento, si no es el momento", destacó.

Consultado sobre si "plantear la expulsión de extranjeros que delinquen no contradice la política migratoria", respondió: "El articulado dice lo siguiente: cuando un extranjero, en condición irregular, no cualquier extranjero, comete un delito en flagrancia, es decir que lo agarran con las manos en la masa, en el momento en que lo está cometiendo, ¿qué salida le vas a dar? La expulsión del país".

"Es algo que está presente en numerosas legislaciones del mundo. Esto no afecta nuestra política migratoria, los vínculos con la Patria Grande, la ampliación de derechos a los migrantes" porque "esta norma está dirigida a quienes ingresan al país para robar, punto. Tampoco se va a aplicar a delitos insignificantes, nadie va a ser expulsado del país por colgarse del cable", explicó.

Asimismo, Alvarez rechazó que la reforma del Código persiga "que caigan algunas causas por corrupción" y amplió: "Es exactamente lo contrario: este código busca que haya condenas".

"Revertir la ecuación que hace que de cada cien procesados sólo treinta reciban condena. Este código busca acelerar los tiempos de todas las causas, incluyendo las de corrupción", afirmó.

Según el secretario de Justicia, "ya no van a durar diez años los expedientes, cajoneados, para que eventualmente un juez, según la conveniencia política, decida dejar proscribir o acelerar la causa. En un año, como todos los ciudadanos, procesado a juicio y condenado".