10 Noviembre 2014
JUBILADO. Albaca trabajó en el fuero penal desde los 90; se retiró cuando se le inició un juicio político. la gaceta / foto de hector peralta (archivo)
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) no tiene dudas sobre el “desmesurado desorden y el descontrol funcional” que reinó en las oficinas clave de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la II Nominación de la Capital, que hasta el 31 de julio pasado dirigió el polémico ex fiscal Carlos Ramón Albaca. El alto tribunal llegó a aquellas conclusiones tras realizar una auditoría en ese despacho de la sede penal de Tribunales, por anomalías detectadas en la pesquisa del caso “Lebbos”, y dispuso -mediante la acordada N° 1.113, dictada el 31 de octubre pasado- la aplicación de sanciones disciplinarias en contra de cuatro funcionarios judiciales.
La labor de Albaca no fue objeto de penalidades, ya que se jubiló con el beneficio del 82% móvil (al retirarse, no pudo ser sometido a un Jurado de Enjuiciamiento por su presunto mal desempeño en “Lebbos”).
Sin embargo, la CSJT entendió que su ex secretario, Emilio Ángel Salazar, debía ser suspendido por 15 días “sin prestación de servicios ni percepción de haberes”. Salazar, que había sido trasladado a la Secretaría de Defensoría de Menores en lo Civil, Penal y del Trabajo de la II Nominación, ya habría culminado sus trámites jubilatorios, según se desprende de la acordada N° 1.113 (presentó la renuncia condicionada en noviembre de 2013 para retirarse). Por eso, por decisión de la mayoría, el alto tribunal ordenó “que la Secretaría Administrativa retenga de la liquidación final de Salazar el importe correspondiente a los días de suspensión de imposible acatamiento por el sumariado”.
Los otros tres ex empleados de Albaca no corrieron esa suerte. La CSJT acordó sanciones de cinco días en contra del prosecretario Asis Safe Jaluf (ex turno matutino de la Fiscalía II, trasladado al Juzgado de Menores N° I) y del secretario Luis Farías Calaiacovo y del prosecretario Carlos Edgardo Artaza (estaban asignados al turno vespertino).
La acordada lleva la firma de Antonio Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse (estos dos últimos en disidencia parcial, respecto al punto sobre la retención de haberes de Salazar).
El sumario administrativo en cuestión se originó en julio pasado (acordada N° 649), producto de las conclusiones del trámite iniciado por la labor de Albaca en la causa “Lebbos” (acordada N° 412), que disponía el inicio de un expediente penal contra el jubilado ex fiscal.
La CSJT entendió que sus ex subalternos con cargo de funcionarios judiciales debían ser sometidos a un trámite similar, y se los consideró responsables por diferentes faltas. A Salazar le reprocharon que tenía a su cargo “la vigilancia y contralor de todo el personal de la oficina”, y que “no resultan convincentes” los justificativos sobre “anomalías detectadas en causas y oficios remitidos a la Policía”. También se le cuestionó que no depositara en tiempo y forma en el banco un secuestro de US$ 30.000 y $ 27.000.
La Corte criticó a Jaluf que se limitara a explicar que sólo cumplía el rol de instructor “a pesar de tener el cargo de funcionario”. Sobre Farías Calaiacovo y Artaza, se cuestionó también una falta de control a sus subordinados. Según el alto tribunal, todos ellos -y en especial Salazar- también fueron responsables del “desorden” y el “descontrol” en la ex fiscalía de Albaca.
La labor de Albaca no fue objeto de penalidades, ya que se jubiló con el beneficio del 82% móvil (al retirarse, no pudo ser sometido a un Jurado de Enjuiciamiento por su presunto mal desempeño en “Lebbos”).
Sin embargo, la CSJT entendió que su ex secretario, Emilio Ángel Salazar, debía ser suspendido por 15 días “sin prestación de servicios ni percepción de haberes”. Salazar, que había sido trasladado a la Secretaría de Defensoría de Menores en lo Civil, Penal y del Trabajo de la II Nominación, ya habría culminado sus trámites jubilatorios, según se desprende de la acordada N° 1.113 (presentó la renuncia condicionada en noviembre de 2013 para retirarse). Por eso, por decisión de la mayoría, el alto tribunal ordenó “que la Secretaría Administrativa retenga de la liquidación final de Salazar el importe correspondiente a los días de suspensión de imposible acatamiento por el sumariado”.
Los otros tres ex empleados de Albaca no corrieron esa suerte. La CSJT acordó sanciones de cinco días en contra del prosecretario Asis Safe Jaluf (ex turno matutino de la Fiscalía II, trasladado al Juzgado de Menores N° I) y del secretario Luis Farías Calaiacovo y del prosecretario Carlos Edgardo Artaza (estaban asignados al turno vespertino).
La acordada lleva la firma de Antonio Gandur, René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse (estos dos últimos en disidencia parcial, respecto al punto sobre la retención de haberes de Salazar).
El sumario administrativo en cuestión se originó en julio pasado (acordada N° 649), producto de las conclusiones del trámite iniciado por la labor de Albaca en la causa “Lebbos” (acordada N° 412), que disponía el inicio de un expediente penal contra el jubilado ex fiscal.
La CSJT entendió que sus ex subalternos con cargo de funcionarios judiciales debían ser sometidos a un trámite similar, y se los consideró responsables por diferentes faltas. A Salazar le reprocharon que tenía a su cargo “la vigilancia y contralor de todo el personal de la oficina”, y que “no resultan convincentes” los justificativos sobre “anomalías detectadas en causas y oficios remitidos a la Policía”. También se le cuestionó que no depositara en tiempo y forma en el banco un secuestro de US$ 30.000 y $ 27.000.
La Corte criticó a Jaluf que se limitara a explicar que sólo cumplía el rol de instructor “a pesar de tener el cargo de funcionario”. Sobre Farías Calaiacovo y Artaza, se cuestionó también una falta de control a sus subordinados. Según el alto tribunal, todos ellos -y en especial Salazar- también fueron responsables del “desorden” y el “descontrol” en la ex fiscalía de Albaca.
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