Por Roberto Delgado
28 Noviembre 2014
El informe de la Corte Suprema nacional sobre los homicidios dolosos cometidos en 2013 (no en todo el país) pone a Tucumán en alerta. Hubo 112 asesinatos en nuestra provincia y la alta concentración de episodios violentos en el Gran Tucumán (92 homicidios) mueve a reflexión.
Las autoridades provinciales están demudadas. Para ellas, en 2013 hubo 67 homicidios, de acuerdo con las cifras que manejan la Policía y el Sistema Nacional de Información Criminal. Hace una semana, cuando trascendieron las cifras del relevamiento, una alta fuente dudó y consideró una mentira el relevamiento realizado por la Corte Suprema a partir de las denuncias ingresadas a Mesa de Entradas de Tribunales. Un sistema de medición que, para el sentido común, es correcto. Normalmente, se entiende que la medición de homicidios se acerca bastante a la realidad: es difícil que no se hagan denuncias. Pero ya se ve que no hay concordancia en las cifras. La Policía y los funcionarios de Seguridad, que hasta ayer tenían la mitad de homicidios que la Corte, ahora reactualizan cifras. “Los datos estadísticos son fundamentales”, dijo el secretario de Seguridad, Paul Hofer. Agregó que ahora se harán controles cruzados y se podrá determinar políticas de seguridad.
El ministro del tribunal nacional, Eugenio Zaffaroni, que es quien sostiene estos relevamientos desde hace un lustro, tiene una lectura positiva: dice que Argentina, con su tasa de 6 homicidios cada 100.000 habitantes, está en una situación “privilegiada” en comparación con otros países como Brasil. Es curioso que este informe contempla la Capital Federal pero no la provincia de Buenos Aires (aún no tiene listos los datos), y que en la exposición de ayer del juez se nuclea a Tucumán junto con otras cuatro provincias (La Rioja, Corrientes, San Luis y Misiones), para sostener que en ese bloque la tasa también es baja. Y no dice que en Tucumán se duplicó la cifra de homicidios.
Zaffaroni, con una visión afín al gobierno nacional, afirma que hay que preocuparse por la violencia, que alcanza “niveles bélicos” (“Tiempo Argentino”, 12/11). Para él, hay que preocuparse por cuatro asuntos básicos: 1) Qué hacer con la prohibición de las drogas. 2) El rol de los medios concentrados de comunicación. 3) Qué hacer para democratizar la Policía. 4) Qué hacer con la profusión de armas de fuego en la población.
Para el primer punto, no está muy claro qué está ocurriendo. Ya sea desde el punto de vista de la despenalización de las drogas como desde el del endurecimiento de las políticas de combate al narcotráfico, se coincide en que el comercio de estupefacientes se ha diseminado y se ha territorializado con muchos grupos pequeños que se dedican a esta actividad. ¿Es factor fundamental en el crecimiento de los niveles de violencia? Según el criminólogo y ex secretario de Seguridad de Santa Fe, Enrique Font, es una parte. Otra parte sustancial del crecimiento de la violencia tiene que ver con la marginalidad de amplios sectores de la sociedad desde la década del 90. El segundo punto de Zaffaroni, que atribuye a los medios la estigmatización de esos sectores sociales empobrecidos, coincide con la visión del Gobierno y su guerra mediática. “Los muertos siempre son jóvenes que son estigmatizados por los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión”, dice Zaffaroni (“Página 12”, 12/11). El tercer punto, qué hacer para democratizar a la Policía, tiene que ver con utópicas reformas policiales y con lograr una fuerza de seguridad no funcional al poder y defensora de los derechos constitucionales de los habitantes. ¿Alguien lo va a plantear? El cuarto punto, las armas, toca un tema sobre el que muy poco se sabe. Durante los saqueos de 2013 quedó en claro que había mucho material en las calles. Y lo acabamos de ver en el incidente del cortejo fúnebre en el parque, con un auto cargado de armas.
Pero en todo esto hay que pasar el tamiz sobre la responsabilidad de la política en la última década. Acaso Zaffaroni pretenda que se baje la mirada crítica sobre el Gobierno nacional, al mostrar cifras que ayuden a dimensionar el problema de la violencia. Él pretende, correctamente, que con estudios estadísticos se diferencien los hechos delictivos de los ataques de otra índole como riñas entre conocidos y violencia de género, y establecer pautas de prevención.
Pero para eso debería generalizarse el criterio para hacer relevamientos (ahora se hace con acuerdos de algunas cortes de provincias con la nacional), profesionalizarse (es decir, excluir la tentación de usar el informe para beneficiar al gobierno) y generar políticas sensatas de seguridad con el análisis de esas estadísticas. En Tucumán ni siquiera se vio el problema de los homicidios como un síntoma de la violencia, como no sea el tibio análisis del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que reconoce que el Estado no está dando las respuestas a adecuadas a los reclamos de seguridad de los ciudadanos. Mientras tanto, el Gobierno, que ni idea tenía de esos datos, está demudado.
Las autoridades provinciales están demudadas. Para ellas, en 2013 hubo 67 homicidios, de acuerdo con las cifras que manejan la Policía y el Sistema Nacional de Información Criminal. Hace una semana, cuando trascendieron las cifras del relevamiento, una alta fuente dudó y consideró una mentira el relevamiento realizado por la Corte Suprema a partir de las denuncias ingresadas a Mesa de Entradas de Tribunales. Un sistema de medición que, para el sentido común, es correcto. Normalmente, se entiende que la medición de homicidios se acerca bastante a la realidad: es difícil que no se hagan denuncias. Pero ya se ve que no hay concordancia en las cifras. La Policía y los funcionarios de Seguridad, que hasta ayer tenían la mitad de homicidios que la Corte, ahora reactualizan cifras. “Los datos estadísticos son fundamentales”, dijo el secretario de Seguridad, Paul Hofer. Agregó que ahora se harán controles cruzados y se podrá determinar políticas de seguridad.
El ministro del tribunal nacional, Eugenio Zaffaroni, que es quien sostiene estos relevamientos desde hace un lustro, tiene una lectura positiva: dice que Argentina, con su tasa de 6 homicidios cada 100.000 habitantes, está en una situación “privilegiada” en comparación con otros países como Brasil. Es curioso que este informe contempla la Capital Federal pero no la provincia de Buenos Aires (aún no tiene listos los datos), y que en la exposición de ayer del juez se nuclea a Tucumán junto con otras cuatro provincias (La Rioja, Corrientes, San Luis y Misiones), para sostener que en ese bloque la tasa también es baja. Y no dice que en Tucumán se duplicó la cifra de homicidios.
Zaffaroni, con una visión afín al gobierno nacional, afirma que hay que preocuparse por la violencia, que alcanza “niveles bélicos” (“Tiempo Argentino”, 12/11). Para él, hay que preocuparse por cuatro asuntos básicos: 1) Qué hacer con la prohibición de las drogas. 2) El rol de los medios concentrados de comunicación. 3) Qué hacer para democratizar la Policía. 4) Qué hacer con la profusión de armas de fuego en la población.
Para el primer punto, no está muy claro qué está ocurriendo. Ya sea desde el punto de vista de la despenalización de las drogas como desde el del endurecimiento de las políticas de combate al narcotráfico, se coincide en que el comercio de estupefacientes se ha diseminado y se ha territorializado con muchos grupos pequeños que se dedican a esta actividad. ¿Es factor fundamental en el crecimiento de los niveles de violencia? Según el criminólogo y ex secretario de Seguridad de Santa Fe, Enrique Font, es una parte. Otra parte sustancial del crecimiento de la violencia tiene que ver con la marginalidad de amplios sectores de la sociedad desde la década del 90. El segundo punto de Zaffaroni, que atribuye a los medios la estigmatización de esos sectores sociales empobrecidos, coincide con la visión del Gobierno y su guerra mediática. “Los muertos siempre son jóvenes que son estigmatizados por los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión”, dice Zaffaroni (“Página 12”, 12/11). El tercer punto, qué hacer para democratizar a la Policía, tiene que ver con utópicas reformas policiales y con lograr una fuerza de seguridad no funcional al poder y defensora de los derechos constitucionales de los habitantes. ¿Alguien lo va a plantear? El cuarto punto, las armas, toca un tema sobre el que muy poco se sabe. Durante los saqueos de 2013 quedó en claro que había mucho material en las calles. Y lo acabamos de ver en el incidente del cortejo fúnebre en el parque, con un auto cargado de armas.
Pero en todo esto hay que pasar el tamiz sobre la responsabilidad de la política en la última década. Acaso Zaffaroni pretenda que se baje la mirada crítica sobre el Gobierno nacional, al mostrar cifras que ayuden a dimensionar el problema de la violencia. Él pretende, correctamente, que con estudios estadísticos se diferencien los hechos delictivos de los ataques de otra índole como riñas entre conocidos y violencia de género, y establecer pautas de prevención.
Pero para eso debería generalizarse el criterio para hacer relevamientos (ahora se hace con acuerdos de algunas cortes de provincias con la nacional), profesionalizarse (es decir, excluir la tentación de usar el informe para beneficiar al gobierno) y generar políticas sensatas de seguridad con el análisis de esas estadísticas. En Tucumán ni siquiera se vio el problema de los homicidios como un síntoma de la violencia, como no sea el tibio análisis del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, que reconoce que el Estado no está dando las respuestas a adecuadas a los reclamos de seguridad de los ciudadanos. Mientras tanto, el Gobierno, que ni idea tenía de esos datos, está demudado.
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