01 Diciembre 2014
Aún no se sabe cuáles serán las municipalidades que decidirán rubricar el Pacto Social con el Gobierno provincial ya que, según trascendió, el próximo año los jefes municipales del interior y del Gran San Miguel de Tucumán tendrán la libertad de seguir, o no, bajo este régimen de administración financiera. Así, quienes opten por manejar sus recursos sin la intermediación del Poder Ejecutivo podrán hacerlo sin inconvenientes, aunque deberán acordar con la Provincia el pago de la deuda acumulada.
El primer en advertir sobre la traumática relación que se avecina con el Gobierno fue el intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, que el año pasado dejó el alperovichismo para sumarse al massismo junto a su hermano José Fernando Orellana.
“El grave problema que tiene Famaillá es que estamos con el mismo presupuesto del Pacto Social de hace cuatro años y todos sabemos que, por la inflación, el gasto ha aumentado tres veces. Además a nuestro municipio nos han discriminado porque nos dejaron afuera del plan Más Cerca II, cuando esos recursos nos corresponden por ley mediante el Fondo Soja”, se quejó Orellana, al tiempo que le pidió a los legisladores que dejen de ser “chupamedias”. “Son obsecuentes, chupamedias, porque ellos avalaron que Famaillá quede afuera del programa nacional”, agregó.
“Espero que nos den lo que nos corresponde por ley. Después, no se sorprendan cuando se originen los conflictos. Con esta actitud no están castigando a los ‘Mellizos’, están castigando a todo un pueblo. No tendríamos problemas en seguir en el Pacto Social, siempre y cuando nos aumenten el presupuesto. La Provincia ha aumentado el presupuesto anual un 38%. Por lo menos nos tienen que dar ese mismo porcentaje”, exigió.
El Pacto Social consiste en un acuerdo mediante el cual el Gobierno se hace cargo del pago de salarios de los empleados -Pacto Sueldo- y/o de la ejecución de obras -Pacto Obras- en los municipios que lo suscriban, mientras que estos resignan los fondos que les corresponden por coparticipación.
El primer en advertir sobre la traumática relación que se avecina con el Gobierno fue el intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, que el año pasado dejó el alperovichismo para sumarse al massismo junto a su hermano José Fernando Orellana.
“El grave problema que tiene Famaillá es que estamos con el mismo presupuesto del Pacto Social de hace cuatro años y todos sabemos que, por la inflación, el gasto ha aumentado tres veces. Además a nuestro municipio nos han discriminado porque nos dejaron afuera del plan Más Cerca II, cuando esos recursos nos corresponden por ley mediante el Fondo Soja”, se quejó Orellana, al tiempo que le pidió a los legisladores que dejen de ser “chupamedias”. “Son obsecuentes, chupamedias, porque ellos avalaron que Famaillá quede afuera del programa nacional”, agregó.
“Espero que nos den lo que nos corresponde por ley. Después, no se sorprendan cuando se originen los conflictos. Con esta actitud no están castigando a los ‘Mellizos’, están castigando a todo un pueblo. No tendríamos problemas en seguir en el Pacto Social, siempre y cuando nos aumenten el presupuesto. La Provincia ha aumentado el presupuesto anual un 38%. Por lo menos nos tienen que dar ese mismo porcentaje”, exigió.
El Pacto Social consiste en un acuerdo mediante el cual el Gobierno se hace cargo del pago de salarios de los empleados -Pacto Sueldo- y/o de la ejecución de obras -Pacto Obras- en los municipios que lo suscriban, mientras que estos resignan los fondos que les corresponden por coparticipación.
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