20 Diciembre 2014
La ex cooperativista Paola Ruarte, que había denunciado al legislador alperovichista Guillermo Gassenbauer por presuntas maniobras irregulares en el programa “Argentina Trabaja”, aportó nuevas pruebas y mencionó otros nombres en su declaración en el Juzgado federal N° 2. Ruarte llegó a las 9.30, acompañada por su abogado, el radical Juan Roberto Robles.
El expediente, que se encuentra en manos del juez federal N° 2, Fernando Poviña, se había originado por la acusación de la mujer contra Gassenbauer y contra la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin. Ruarte sostenía que, en su rol de presidenta de la cooperativa “Narciso Laprida” -ligada al legislador- había observado que las obras asignadas al grupo eran facturadas, pero no ejecutadas. “Como comencé a sospechar (que se cometían) irregularidades, entre ellas que me falsificaban la firma, formulé denuncia policial el 30 de junio y el 7 de julio”, había dicho.
A la denuncia judicial había adjuntado una grabación casera de audio en la que se oye un diálogo que mantuvo con una persona que supuestamente es el legislador, y en el cual se consignan las posibles anomalías. Aunque Gassenbauer se había desligado de aquella cooperativa, Ruarte sostiene que el alperovichista tenía el control sobre esas patrullas de trabajo barrial.
“Ratifiqué las denuncias; hice una ampliación para presentar nuevas pruebas -que ya tenemos- y para mencionar nuevas (personas), que están dentro de lo que, creemos nosotros, es una asociación ilícita”, contó ayer Ruarte a LA GACETA, luego de declarar. Según precisó Robles, no se dan a conocer los nombres de las nuevas personas involucradas en la declaración de su representada para no entorpecer la investigación.
A criterio de ambos, en los próximos días el Juzgado debería tomar una decisión. “Queremos que se imputen a los mencionados en la causa y a los (que nombramos hoy); estamos más que seguros de que conforman una asociación ilícita. Además, pedimos que se realicen medidas periciales y que se ejecuten los allanamientos correspondientes”, dijo la denunciante.
Robles, en tanto, volvió a protestar por la lentitud con que avanza la causa. “Exigimos inmediata celeridad. La mora de Poviña conspira contra el descubrimiento de la verdad y favorece la desaparición de importantes pruebas. Es un asunto gravísismo, debe ser considerado asunto de feria”, dijo el radical.
El expediente, que se encuentra en manos del juez federal N° 2, Fernando Poviña, se había originado por la acusación de la mujer contra Gassenbauer y contra la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin. Ruarte sostenía que, en su rol de presidenta de la cooperativa “Narciso Laprida” -ligada al legislador- había observado que las obras asignadas al grupo eran facturadas, pero no ejecutadas. “Como comencé a sospechar (que se cometían) irregularidades, entre ellas que me falsificaban la firma, formulé denuncia policial el 30 de junio y el 7 de julio”, había dicho.
A la denuncia judicial había adjuntado una grabación casera de audio en la que se oye un diálogo que mantuvo con una persona que supuestamente es el legislador, y en el cual se consignan las posibles anomalías. Aunque Gassenbauer se había desligado de aquella cooperativa, Ruarte sostiene que el alperovichista tenía el control sobre esas patrullas de trabajo barrial.
“Ratifiqué las denuncias; hice una ampliación para presentar nuevas pruebas -que ya tenemos- y para mencionar nuevas (personas), que están dentro de lo que, creemos nosotros, es una asociación ilícita”, contó ayer Ruarte a LA GACETA, luego de declarar. Según precisó Robles, no se dan a conocer los nombres de las nuevas personas involucradas en la declaración de su representada para no entorpecer la investigación.
A criterio de ambos, en los próximos días el Juzgado debería tomar una decisión. “Queremos que se imputen a los mencionados en la causa y a los (que nombramos hoy); estamos más que seguros de que conforman una asociación ilícita. Además, pedimos que se realicen medidas periciales y que se ejecuten los allanamientos correspondientes”, dijo la denunciante.
Robles, en tanto, volvió a protestar por la lentitud con que avanza la causa. “Exigimos inmediata celeridad. La mora de Poviña conspira contra el descubrimiento de la verdad y favorece la desaparición de importantes pruebas. Es un asunto gravísismo, debe ser considerado asunto de feria”, dijo el radical.
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