Nueve de los 10 condenados fueron enviados a la cárcel

“¿¡Sabés la Navidad que vamos a pasar ahora!? Al fin podremos celebrarla”. Los hijos del militante y empleado municipal Alberto César Ferreyra se abrazaban y lloraban ayer en la puerta del Tribunal Oral Federal (TOF). Minutos antes, habían levantado la foto de su padre, una de las tres víctimas de la megacausa “Villa Urquiza” que permanece desaparecida (las otras dos son Jorge Kofman y Manuel Ascencio Tajan), al escuchar la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) que condenó a todos los imputados del caso. La escena de llanto y felicidad se repitió en la vereda alrededor de cada familiar de desaparecido y de cada sobreviviente.

Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Juan Carlos Reynaga dictaron el décimo fallo por crímenes de lesa humanidad en Tucumán. La decisión tuvo dos puntos clave. Por un lado, en contraposición al reciente fallo de la Cámara de Casación que liberó y envió a sus casas a la mayoría de los condenados de “Arsenales II-Jefatura II”, el Tribunal revocó las prisiones domiciliarias y excarcelaciones y dispuso que nueve de los penados sean alojados en Villa Urquiza hasta tanto la sentencia quede firme. “Una condena no firme en materia de delitos de lesa humanidad genera la necesidad de neutralizar el peligro de fuga con la correspondiente inocuización del condenado con sentencia no firme”, argumentó el TOF y citó jurisprudencia para sostener su postura.

Por el otro, en un pronunciamiento inédito, los magistrados subrayaron la violencia de género contra las mujeres que permanecieron secuestradas junto a sus hijos en un sector de la penitenciaría provincial.

Caso por caso

Las condenas más duras fueron ayer para los ex guardiacárceles que prestaron servicios en algún período entre 1975 y 1983, años que abarca el universo de casos. De acuerdo con las acusaciones y ahora con la sentencia, formaron parte de la llamada “patota” que lideraba el director de la unidad Marcos Hidalgo.

Las perpetuas fueron para el jefe de celadores Pedro Fidel García y para los ex penitenciarios Juan Carlos Medrano y Héctor Valenzuela. Daniel Álvarez fue sentenciado a 25 años; Ángel Audes a 20 años; Augusto Montenegro y Francisco Ledesma a 16 años y Santo González, a 12 años.

El militar retirado Jorge Omar Lazarte, acusado por la Fiscalía como supervisor militar de la Policía, recibió una pena de 18 años. El entonces jefe de Inteligencia policial, el multicondenado Roberto “El Tuerto” Albornoz, sumó ayer una pena de ocho años. Tanto Lazarte como Albornoz llegaron a los expedientes por el vínculo entre el centro clandestino de la Jefatura de Policía y el que funcionó en dependencias de la cárcel. Los jueces dejaron sin efecto las excarcelaciones de García y Montenegro y las domiciliarias de Medrano y Ledesma. Asimismo, dispusieron la detención de González. El resto se encontraba ya con prisión preventiva en la cárcel. El único que permanecerá en su vivienda será Audes, por problemas de salud. De todas maneras, será examinado por una nueva junta médica que determinará si está en condiciones de ser llevado a la cárcel.

Bajo la fachada de la cárcel, entre 1974 y 1983 funcionó uno de los centros clandestinos de detención más cruentos. Fueron alojados allí presos políticos y los “subversivos”, como los llamaban los represores. Estuvieron detenidos en tres sectores: los pabellones de “encausados” y “penados” y el área en la que fueron recluidas las mujeres.

La particularidad fue que la mayoría de las 39 víctimas sobrevivió y pudo contar lo que ocurrió. La “patota”, de acuerdo con sus testimonios, se encargó de que los maltratos y las torturas fueran permanentes en la cárcel. Para los jueces, de acuerdo con la sentencia, quedaron comprobados los asesinatos de Juan Carlos Suter (julio 1976) y José Torrente (mayo de 1976) y el paso por el penal de los tres desaparecidos.