07 Enero 2015
En la recta final de la gestión de José Alperovich, el “Pacto Social”, una herramienta que aseguraba a los municipios el pago de salarios y de obras públicas a cambio de sus recursos de coparticipación, ha dejado de existir. Y según un informe del Ministerio del Interior, entre las 19 Intendencias mantienen una deuda de $ 2.600 millones con el Poder Ejecutivo (PE). ¿Cómo será la nueva relación entre la Casa de Gobierno y los jefes municipales? Al parecer, será Alperovich quien pondrá las reglas, mediante decreto, cuando cada intendente solicite auxilio para sanear sus obligaciones con el Tesoro.
“El Poder Ejecutivo no necesita una ley para negociar las deudas municipales, porque tiene facultades para tratar este tema con cada intendente”, afirmó Regino Amado, titular subrogante de la Legislatura. Así, luego de 14 años de vigencia del “Pacto Social” -casi 12 de ellos corresponden al alperovichismo-, el cuerpo colegiado no trataría normas sobre este asunto.
Amado aseguró que, más allá de la eliminación del “Pacto Social”, el gobernador y el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, ya anticiparon que recibirán a los jefes municipales “que tengan inconvenientes” con sus finanzas. “(El instrumento legal) puede salir por decreto o por resolución del Ministerio de Economía. Si se necesita de alguna ley, será más adelante, y si eso surge lo conversaremos”, agregó. Y defendió la política que adoptó la Casa de Gobierno al respecto. “No se están haciendo las cosas a la ligera. Se conoce la situación de cada administración. El gobernador está trabajando para que todos los municipios queden saneados, así como al final de su mandato estará saneada la deuda de la Provincia con la Nación”, dijo el monterizo.
Desde el punto de vista administrativo, la caducidad del “Pacto Social” -regía hasta el 31 de diciembre pasado- generó incertidumbre en los intendentes; sobre todo, entre quienes mantienen una tensa relación con la Casa de Gobierno.
El “Pacto Social”, que comprendía el “Pacto Sueldos” (para salarios) y el “Pacto Obras” (para infraestructura), fue rubricado por los administradores de 13 municipios; además, cinco intendentes aceptaron ceder parte de sus recursos a cambio de obras. Durante el alperovichismo, sólo La Cocha se mantuvo al margen de este régimen. De todas formas, también contrajo deuda con el PE.
Fuentes del Ministerio del Interior habían marcado que las obligaciones de San Miguel de Tucumán para con el Tesoro provincial rondaban los $ 670 millones hasta el último mes de 2014. El intendente Domingo Amaya negó que los compromisos financieros alcancen ese monto, ya que considera que el PE también tiene deudas con el erario municipal. “Sus números (por el Ministerio del Interior) no coinciden con los nuestros. Por ejemplo, ahí figura Consadep con (más de $ 50 millones), cuando en nuestros registros figuran $ 8 millones. Además, no refleja el compromiso del gobernador, de febrero de 2014, que dijo que no se cobrará más el CER ni los intereses al municipio, y ellos lo siguen reflejando. Es mucha plata la que se le carga al municipio en ese informe. Por eso le digo que no es serio”, puntualizó Amaya.
El legislador Alfredo Toscano, que integra el bloque oficialista Tucumán Crece pero responde al jefe municipal, presentó el año pasado -junto a Beatriz Ávila, esposa del funcionario capitalino Germán Alfaro- un proyecto de ley que propone un régimen de desendeudamiento idéntico al que aplicó la Nación con la Provincia. “Esta iniciativa es necesaria para que los municipios puedan abonar sus compromisos. Sería justo que el PE otorgue los mismos beneficios que está recibiendo. El Gobierno nacional refinanció tres veces la deuda provincial (en la gestión de Alperovich), y a una tasa de interés muy baja. Si no hubiera sido por eso, hoy Tucumán sería inviable”, manifestó Toscano. Indicó que, si se tratase su proyecto, se les otorgaría “previsibilidad y viabilidad” a los jefes municipales. “Es fácil decir: ‘quiero ayudar a los intendentes’. Pero eso se hace con hechos. Si el gobernador realmente quisiera municipios autónomos debería haber comenzado a refinanciar esas deudas hace varios años. Desafío públicamente al ministro de Economía (Jorge Jiménez) a que diga cuáles fueron las razones económicas o políticas por las cuales eso no se hizo. Un gobierno que se está yendo lo mejor que podría hacer es entregar las herramientas para sanear todas las áreas del Ejecutivo, tanto provincial como municipal”, insistió el legislador amayista. Aseguró luego que, en 2014, la Provincia giró los fondos para sueldos y obras de la Municipalidad a cambio de la coparticipación; sin embargo, según Toscano, el PE salió “ganando” con $ 100 millones en el balance anual. “Muchos legisladores quieren ser candidatos a intendente. Espero que estén de acuerdo en buscar una herramienta que no los tenga de rehenes del gobierno de turno”, remarcó Toscano.
“El Poder Ejecutivo no necesita una ley para negociar las deudas municipales, porque tiene facultades para tratar este tema con cada intendente”, afirmó Regino Amado, titular subrogante de la Legislatura. Así, luego de 14 años de vigencia del “Pacto Social” -casi 12 de ellos corresponden al alperovichismo-, el cuerpo colegiado no trataría normas sobre este asunto.
Amado aseguró que, más allá de la eliminación del “Pacto Social”, el gobernador y el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, ya anticiparon que recibirán a los jefes municipales “que tengan inconvenientes” con sus finanzas. “(El instrumento legal) puede salir por decreto o por resolución del Ministerio de Economía. Si se necesita de alguna ley, será más adelante, y si eso surge lo conversaremos”, agregó. Y defendió la política que adoptó la Casa de Gobierno al respecto. “No se están haciendo las cosas a la ligera. Se conoce la situación de cada administración. El gobernador está trabajando para que todos los municipios queden saneados, así como al final de su mandato estará saneada la deuda de la Provincia con la Nación”, dijo el monterizo.
Desde el punto de vista administrativo, la caducidad del “Pacto Social” -regía hasta el 31 de diciembre pasado- generó incertidumbre en los intendentes; sobre todo, entre quienes mantienen una tensa relación con la Casa de Gobierno.
El “Pacto Social”, que comprendía el “Pacto Sueldos” (para salarios) y el “Pacto Obras” (para infraestructura), fue rubricado por los administradores de 13 municipios; además, cinco intendentes aceptaron ceder parte de sus recursos a cambio de obras. Durante el alperovichismo, sólo La Cocha se mantuvo al margen de este régimen. De todas formas, también contrajo deuda con el PE.
Fuentes del Ministerio del Interior habían marcado que las obligaciones de San Miguel de Tucumán para con el Tesoro provincial rondaban los $ 670 millones hasta el último mes de 2014. El intendente Domingo Amaya negó que los compromisos financieros alcancen ese monto, ya que considera que el PE también tiene deudas con el erario municipal. “Sus números (por el Ministerio del Interior) no coinciden con los nuestros. Por ejemplo, ahí figura Consadep con (más de $ 50 millones), cuando en nuestros registros figuran $ 8 millones. Además, no refleja el compromiso del gobernador, de febrero de 2014, que dijo que no se cobrará más el CER ni los intereses al municipio, y ellos lo siguen reflejando. Es mucha plata la que se le carga al municipio en ese informe. Por eso le digo que no es serio”, puntualizó Amaya.
El legislador Alfredo Toscano, que integra el bloque oficialista Tucumán Crece pero responde al jefe municipal, presentó el año pasado -junto a Beatriz Ávila, esposa del funcionario capitalino Germán Alfaro- un proyecto de ley que propone un régimen de desendeudamiento idéntico al que aplicó la Nación con la Provincia. “Esta iniciativa es necesaria para que los municipios puedan abonar sus compromisos. Sería justo que el PE otorgue los mismos beneficios que está recibiendo. El Gobierno nacional refinanció tres veces la deuda provincial (en la gestión de Alperovich), y a una tasa de interés muy baja. Si no hubiera sido por eso, hoy Tucumán sería inviable”, manifestó Toscano. Indicó que, si se tratase su proyecto, se les otorgaría “previsibilidad y viabilidad” a los jefes municipales. “Es fácil decir: ‘quiero ayudar a los intendentes’. Pero eso se hace con hechos. Si el gobernador realmente quisiera municipios autónomos debería haber comenzado a refinanciar esas deudas hace varios años. Desafío públicamente al ministro de Economía (Jorge Jiménez) a que diga cuáles fueron las razones económicas o políticas por las cuales eso no se hizo. Un gobierno que se está yendo lo mejor que podría hacer es entregar las herramientas para sanear todas las áreas del Ejecutivo, tanto provincial como municipal”, insistió el legislador amayista. Aseguró luego que, en 2014, la Provincia giró los fondos para sueldos y obras de la Municipalidad a cambio de la coparticipación; sin embargo, según Toscano, el PE salió “ganando” con $ 100 millones en el balance anual. “Muchos legisladores quieren ser candidatos a intendente. Espero que estén de acuerdo en buscar una herramienta que no los tenga de rehenes del gobierno de turno”, remarcó Toscano.
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