09 Enero 2015
La situación financiera de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán tras la caída del “Pacto Social” genera preocupación en el oficialismo y la oposición del Concejo Deliberante capitalino.
La edil Sandra Manzone, de la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI), se mostró afligida por las diferencias en los montos de la deuda exigible al municipio que manejan el amayismo y el alperovichismo, y calificó la situación producida por el “Pacto Social” como una “enorme anomalía económico financiera”. “No se entiende de otra forma que hayan llegado a tamaña diferencia entre las cifras que imputa y reclama la Provincia, y la que reconoce la Intendencia. Mientras tanto, los demás actores contemplamos atónitos lo que está sucediendo”, señaló Manzone.
Según su análisis, esta discusión “aparece claramente contaminada por pujas y rencillas políticas intestinas del mismo oficialismo”. Señaló luego que esos intereses se están poniendo “por encima de los de los ciudadanos”. “La renegociación de la deuda no puede seguir dándose en un ámbito cerrado de una reunión entre el gobernador (José Alperovich) y intendente (Domingo Amaya). Es un debate que debe darse a la luz pública, porque se encuentran en juego los intereses de todos los vecinos. Por ello, solicitamos la intervención del Concejo Deliberante”, agregó la opositora. Y exigió la difusión de datos financieros de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
El concejal amayista José Franco, en tanto, consideró que la Casa de Gobierno “debería haber analizado” qué sucedería en la relación PE-Municipios luego de la caída del “Pacto Social”. “Hay que tomar este tema con la responsabilidad que merece. ¿Cómo se van a refinanciar los pasivos de los municipios? La Provincia no debería haber dado por finalizado este régimen hasta tanto la Legislatura no tratara un instrumento legal que dé un ordenamiento para esta discusión”, señaló Franco. E instó al alperovichismo a no distinguir entre aliados y eventuales rivales a la hora de renegociar esos montos. “No debe hacerse a ojo de buen cubero. Si alguien dice que a Aguilares le otorgarán 48 meses para que se ponga al día porque es más simpático, y a Famaillá le darán 12 meses porque no les simpatiza, sería algo perjudicial. La democracia necesita reglas de juego claras para estos asuntos”, indicó. Y apuntó que tanto Amaya como los demás intendentes comenzarán una nueva etapa de gestión. “Después de 14 años, por fin sabrán qué les corresponde por coparticipación. Realmente es algo nuevo”, dijo.
La edil Sandra Manzone, de la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI), se mostró afligida por las diferencias en los montos de la deuda exigible al municipio que manejan el amayismo y el alperovichismo, y calificó la situación producida por el “Pacto Social” como una “enorme anomalía económico financiera”. “No se entiende de otra forma que hayan llegado a tamaña diferencia entre las cifras que imputa y reclama la Provincia, y la que reconoce la Intendencia. Mientras tanto, los demás actores contemplamos atónitos lo que está sucediendo”, señaló Manzone.
Según su análisis, esta discusión “aparece claramente contaminada por pujas y rencillas políticas intestinas del mismo oficialismo”. Señaló luego que esos intereses se están poniendo “por encima de los de los ciudadanos”. “La renegociación de la deuda no puede seguir dándose en un ámbito cerrado de una reunión entre el gobernador (José Alperovich) y intendente (Domingo Amaya). Es un debate que debe darse a la luz pública, porque se encuentran en juego los intereses de todos los vecinos. Por ello, solicitamos la intervención del Concejo Deliberante”, agregó la opositora. Y exigió la difusión de datos financieros de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
El concejal amayista José Franco, en tanto, consideró que la Casa de Gobierno “debería haber analizado” qué sucedería en la relación PE-Municipios luego de la caída del “Pacto Social”. “Hay que tomar este tema con la responsabilidad que merece. ¿Cómo se van a refinanciar los pasivos de los municipios? La Provincia no debería haber dado por finalizado este régimen hasta tanto la Legislatura no tratara un instrumento legal que dé un ordenamiento para esta discusión”, señaló Franco. E instó al alperovichismo a no distinguir entre aliados y eventuales rivales a la hora de renegociar esos montos. “No debe hacerse a ojo de buen cubero. Si alguien dice que a Aguilares le otorgarán 48 meses para que se ponga al día porque es más simpático, y a Famaillá le darán 12 meses porque no les simpatiza, sería algo perjudicial. La democracia necesita reglas de juego claras para estos asuntos”, indicó. Y apuntó que tanto Amaya como los demás intendentes comenzarán una nueva etapa de gestión. “Después de 14 años, por fin sabrán qué les corresponde por coparticipación. Realmente es algo nuevo”, dijo.
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