13 Enero 2015
CERCA DE LA TERMINAL. Ayer, Amaya habló con vecinos de la Capital. Ya habría acordado los sueldos con el PE. Prensa MunicIPALIDAD SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Nueve municipios concentran el 87% de la deuda exigible a mediano y corto plazo con la Provincia, que alcanza los $ 2.173 millones Y con el “Pacto Social” fenecido, varios de esos intendentes ya acercaron posiciones con la Casa de Gobierno para asegurarse un nuevo pacto para vivir hasta las elecciones. Esos acuerdos, según fuentes consultadas por LA GACETA, no serán todavía por escrito, pero implican -al igual que venía ocurriendo hace 14 años- que esos gobiernos locales continuarán cediendo sus recursos de coparticipación a cambio de que se les garantice el pago de sueldos y de obras públicas urbanas.
En paralelo a esas negociaciones entre funcionarios provinciales y municipales, dos legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), Ariel García y Fernando Valdez, anunciaron la presentación de un proyecto de ley para establecer un sistema que reemplace al “Pacto Social”, que caducó el 31 de diciembre de 2014. “Pretendemos garantizar el pago de haberes en todos los municipios. Esto es en respuesta a la postura del gobernador José Alperovich, quien pretende negociar en forma individual con cada municipio para condicionarlos políticamente, rompiendo definitivamente a las autonomías municipales”, dijo García.
Los opositores, que en la Cámara trabajan por separado, en bloques unipersonales, no convocaron en esta ocasión a sus “correligionarios” Federico Romano Norri y Roberto Sánchez. “Están de vacaciones, fuera de la provincia”, señalaron fuentes cercanas a la dupla que impulsó el proyecto. “Se cortaron solos”, indicaron desde la otra vereda radical. La iniciativa, que había sido anunciada como un trabajo conjunto del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) acabó generando nuevos roces en el cuarteto legislativo de la UCR.
La propuesta de García y de Valdez apunta a la creación de un convenio entre el PE y las administraciones locales similar al “Pacto Social”. “Los municipios que adhieran a este financiamiento deberán hacer una cesión de los fondos provenientes de coparticipación nacional y provincial y del FDI, a los fines de la amortización del préstamo (que recibirán del Poder Ejecutivo)”, indicaron los radicales. Sí establecieron en su texto la obligatoriedad de que los informes de las Intendencias sean publicados en internet.
San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Lules, Aguilares, Famaillá, Alderetes, Monteros y Tafí Viejo reúnen el 87% de la deuda exigible al PE. La Capital, que suma $ 418 millones, encabeza ese ranking. Fuentes del espacio del intendente Domingo Amaya admitieron que ya hubo acercamientos con el PE. “Se acordó que habrá un funcionamiento como el que había con el ‘Pacto Social’. Los sueldos de enero están garantizados. Pero fue todo de palabra. Habrá que ver por cuánto tiempo se mantiene este sistema”, señaló el amayista.
El gobernador Alperovich y los ministros Jorge Gassenbauer (de Gobierno, Justicia y Seguridad) y Osvaldo Jaldo (de Interior) regresarán la última semana de este mes, y entonces se oficializarían esos acuerdos. Hasta entonces, a las charlas las lleva adelante el funcionario jaldista Miguel Acevedo.
En paralelo a esas negociaciones entre funcionarios provinciales y municipales, dos legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), Ariel García y Fernando Valdez, anunciaron la presentación de un proyecto de ley para establecer un sistema que reemplace al “Pacto Social”, que caducó el 31 de diciembre de 2014. “Pretendemos garantizar el pago de haberes en todos los municipios. Esto es en respuesta a la postura del gobernador José Alperovich, quien pretende negociar en forma individual con cada municipio para condicionarlos políticamente, rompiendo definitivamente a las autonomías municipales”, dijo García.
Los opositores, que en la Cámara trabajan por separado, en bloques unipersonales, no convocaron en esta ocasión a sus “correligionarios” Federico Romano Norri y Roberto Sánchez. “Están de vacaciones, fuera de la provincia”, señalaron fuentes cercanas a la dupla que impulsó el proyecto. “Se cortaron solos”, indicaron desde la otra vereda radical. La iniciativa, que había sido anunciada como un trabajo conjunto del Acuerdo Cívico y Social (ACyS) acabó generando nuevos roces en el cuarteto legislativo de la UCR.
La propuesta de García y de Valdez apunta a la creación de un convenio entre el PE y las administraciones locales similar al “Pacto Social”. “Los municipios que adhieran a este financiamiento deberán hacer una cesión de los fondos provenientes de coparticipación nacional y provincial y del FDI, a los fines de la amortización del préstamo (que recibirán del Poder Ejecutivo)”, indicaron los radicales. Sí establecieron en su texto la obligatoriedad de que los informes de las Intendencias sean publicados en internet.
San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Lules, Aguilares, Famaillá, Alderetes, Monteros y Tafí Viejo reúnen el 87% de la deuda exigible al PE. La Capital, que suma $ 418 millones, encabeza ese ranking. Fuentes del espacio del intendente Domingo Amaya admitieron que ya hubo acercamientos con el PE. “Se acordó que habrá un funcionamiento como el que había con el ‘Pacto Social’. Los sueldos de enero están garantizados. Pero fue todo de palabra. Habrá que ver por cuánto tiempo se mantiene este sistema”, señaló el amayista.
El gobernador Alperovich y los ministros Jorge Gassenbauer (de Gobierno, Justicia y Seguridad) y Osvaldo Jaldo (de Interior) regresarán la última semana de este mes, y entonces se oficializarían esos acuerdos. Hasta entonces, a las charlas las lleva adelante el funcionario jaldista Miguel Acevedo.
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