La suerte de la denuncia de Milani contra Brito depende de la procuradora Gils Carbó

El futuro inmediato del fiscal federal N°1 de Tucumán, Carlos Brito, depende de la posición que la procuradora general Alejandra Gils Carbó asuma respecto de la denuncia que presentó César Milani, jefe del Ejército. Ese pedido de destitución ingresó en la Procuración General de la Nación el 23 de diciembre pasado, un día después de que Brito imputase al denunciante la supuesta falsificación del legajo de deserción del soldado Alberto Ledo, y el presunto encubrimiento del secuestro y el asesinato del conscripto ocurridos en Monteros durante la dictadura. Según Milani, el representante tucumano del Ministerio Público incurrió en mal desempeño y cometió irregularidades en la investigación. “Luego de seguirse el procedimiento correspondiente, deberá ser sancionado y apartado de su cargo”, exigió.

En cuanto a los pasos por seguir, la normativa disciplinaria ofrece un abanico de posibilidades a la procuradora y también lideresa de Justicia Legítima, movimiento judicial afín al kirchnerismo. La alternativa más beneficiosa para el fiscal federal N°1 es el rechazo “in limine” (sin dar trámite) y el archivo de la denuncia considerada manifiestamente inconducente. Una resolución de ese tipo favoreció hace poco a Carlos Gonella, militante de Justicia Legítima y fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Financiera y Lavado de Activos (Procelac), cuya destitución había sido solicitada por el juez Claudio Bonadio. En esta hipótesis, Milani aún puede insistir con su denuncia ante el Tribunal de Enjuiciamiento en un plazo de 10 días desde la notificación de la desestimación.

Si Gils Carbó entiende que la denuncia de Milani justifica una investigación administrativa, puede ordenar la apertura de un sumario que tramitará según el Reglamento Disciplinario aprobado en 2008. En este supuesto, la Ley Orgánica del Ministerio Público habilita a la procuradora a aplicar las sanciones de prevención, apercibimiento y multa de hasta el 20 % de las remuneraciones mensuales del fiscal investigado siempre que la falta atribuida haya sido acreditada.

La jefa de los fiscales federales también puede remitir la denuncia al Consejo Evaluador para que emita una opinión (no vinculante) sobre el pedido de apertura de un proceso ante el Tribunal de Enjuiciamiento. El Consejo Evaluador fue creado en 2004 por disposición del entonces procurador general Esteban Righi para limitar su potestad discrecional de abrir o no la instancia de enjuiciamiento, y está integrado por los fiscales generales Javier De Luca, Alejandro Alagia, Diego Luciani, Ricardo Álvarez y Eduardo Álvarez. En 2013, Gils Carbó consultó a este cuerpo y, con su aval, pidió la destitución del fiscal José María Campagnoli, a quien acusó de haberse excedido en la investigación del empresario kirchnerista Lázaro Báez (finalmente, la pretensión de separar del cargo a Campagnoli cayó por cuestiones procesales).

La ley autoriza al Tribunal a suspender al fiscal acusado mientras se sustancia el proceso. Durante la suspensión, el imputado percibirá el 70 % de sus haberes y se trabará embargo sobre el resto a las resultas del juicio. En caso de absolución, el Ministerio Público reintegrará inmediatamente al fiscal sus funciones y este percibirá el total de lo embargado, atendiendo al principio de intangibilidad de las remuneraciones.

Sin pistas ni plazos

La procuradora general aún no develó qué camino seguirá la presentación de Milani, según fuentes de la Fiscalía Federal N°1. La normativa no establece, en principio, un plazo para que esta se expida por el archivo de la denuncia (con o sin actuación sumaria); la formación de un sumario administrativo; la consulta al Consejo de Asesores y la eventual elevación del tema al Tribunal de Enjuiciamiento. Gils Carbó y el denunciante tienen en común el haber accedido a sus respectivos cargos públicos por proposición de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El general Milani dijo que Brito ha de ser destituido porque, pese a haber sido recusado, produjo un requerimiento de instrucción y solicitó que lo convoquen a declarar como imputado en la causa “Ledo” (N. de la R.: la recusación y el requerimiento fiscal ingresaron al Juzgado Federal N°1 durante el mismo 22 de diciembre, con diferencia de horas). Y añadió: “asimismo, le imputo al fiscal Brito haber basado el dictamen en fotocopias simples del expediente de deserción de Ledo cuya exclusión probatoria también se encontraba en pleno trámite y no había sido resuelta siquiera en primera instancia” (N. de la R.: la defensa formuló ese planteo el 15 de diciembre). Todas estas cuestiones aún deben ser resueltas por Daniel Bejas, magistrado federal N°1.

Según el criterio del general Milani, Brito obró en forma imprudente y negligente. “Cuanto más, este actuó con la intención de generar actos irregulares, pero con trascendencia mediática y política. En ambos casos, se verifica el mal desempeño del magistrado”, opinó. El jefe del Ejército incluso expresó que Brito había requerido su citación recién cuando se vio cuestionado por la querella (las familiares de Ledo). Y sostuvo que el fiscal federal desafió al juez Bejas al presentar el pedido de indagatoria antes de que quedase definida la recusación interpuesta siete años después del inicio de la investigación.

"Un general debe someterse al Poder Judicial"

Por escrito y por separado, los legisladores opositores Gerónimo Vargas Aignasse (Frente Renovador) y Ariel García (UCR) criticaron la actuación de César Milani, jefe del Ejército, en la causa “Ledo”. “Para el que oculta la verdad es mas fácil poner en duda la honestidad del fiscal y recusarlo que defenderse en el expediente con pruebas exculpatorias”, opinó Vargas Aignasse. Y añadió: “un general del Ejército debe honrar a la patria y someterse al Poder Judicial. Acompañamos a la familia del soldado Alberto Ledo y a las de los 30.000 desaparecidos, y vamos a defender el irreprochable accionar del fiscal Carlos Brito de cualquier persecución política que pueda sobrevenir”.

“Es inconcebible que la defensa de Milani pida la nulidad del requerimiento a prestar declaración indagatoria y que no se tome en cuenta el acta que firmó el entonces subteniente que asegura que Ledo había desertado”, manifestó García. El vicepresidente de la Unión Cívica Radical consideró que los Tribunales deben esclarecer la presunta participación de Milani en actos de terrorismo de Estado: “sobre él ha de caer el peso de la justicia si ha cometido delitos de lesa humanidad. Su cargo actual no puede ser fuente de privilegios”.