17 Enero 2015
TITULAR DEL TRIBUNAL. La procuradora general lidera Justicia Legítima. dyn (archivo)
La procuradora general Alejandra Gils Carbó y fiscales de su confianza supervisarán el proceso de selección del primer titular de la Fiscalía Federal N°3. La también lideresa de Justicia Legítima, movimiento judicial afín al oficialismo, diseñó un jurado cuyos miembros tienen en común el haber firmado la solicitada que la respalda y que defiende su potestad de nombrar fiscales subrogantes en forma discrecional. La excepción que confirma dicha regla es el jurista invitado, José Milton Peralta. Los evaluadores alineados con Gils Carbó, que se reservó para sí la presidencia del tribunal, son los siguientes fiscales generales: Hernán I. Schapiro; Francisco José Maldonado; Mario Sabas Herrera y Francisco Snopek.
Todos ellos se unieron al grupo de integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación que se plantaron contra la intención de “criminalizar” la gestión de la institución mediante pronunciamientos y denuncias penales. Los firmantes defendieron los equipos especiales creados por Gils Carbó y los 16 nombramientos discrecionales de fiscales interinos en las oficinas vinculadas al nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que quedaron suspendidos en virtud de una medida cautelar del juez federal Enrique Lavié Pico.
Con la procuradora a la cabeza, el jurado administrará y corregirá las pruebas escritas y orales, calificará los curriculum y definirá las impugnaciones de un concurso múltiple del que surgirán propuestas para cubrir ocho vacantes (entre ellas, la de la Fiscalía Federal N°3 de Tucumán). El tribunal ad hoc quedó formado luego de la sustanciación de las excusaciones y recusaciones (el controvertido fiscal general Carlos Gonella se inhibió porque dos de los aspirantes a fiscales bonaerenses, Juan Pedro Zoni y Milton Khaski, se desempeñan como coordinadores de área en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos a su cargo.) El postulante Ignacio Rodríguez Varela señaló en la recusación -rechazada- de Gils Carbó y de Gonella que en los diez concursos convocados por la procuradora general de la Nación “(...) han resultado elegidos como miembros titulares o suplentes la totalidad de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación que intervinieron en el enjuiciamiento del fiscal José María Campagnoli” (la pretensión de destituirlo por haberse excedido en la investigación del empresario kirchnerista Lázaro Báez finalmente cayó por cuestiones procesales).
Según se desprende del listado de inscriptos publicado, 24 abogados aspiran a convertirse en fiscal N°3 (este despacho fue creado en 2013 junto con el Juzgado Federal N°3 y con otra defensoría pública oficial). El listado completo incluye los siguientes nombres: Carlos M. Amaya, Álvaro Aquino, Claudio Bonari, Enrique Bosch, José Agustín Chit, José Manuel Díaz Vélez, María Virginia Duffy, Valentina García Salemi, Martín Miguel Innocente, Rosana Luggren, Ángel Luna Roldán, Román Martínez Miranda, María Virginia Miguel Carmona, Margarita Moreno, Pablo Pelazzo, Tobías Podestá, Juan Marcelo Raffaini, Juan Manuel Ramón, Enrique Rocha Rivarola, Daniel Rodríguez Infante, Patricio Rovira, Pablo Salomón, Carlos Saltor, Juan Manuel Sivila y Cristina Valpreda.
En esa nómina se destacan Díaz Vélez y Duffy, respectivos secretarios de la Fiscalía Federal N°1 y del Juzgado Federal N°1. Rovira, por su parte, es fiscal ad hoc en causas de derechos humanos por designación discrecional del ex procurador general Esteban Righi. Saltor se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. García Salemi, por último, milita en La Cámpora y fue nombrada en forma directa por Gils Carbó para desempeñarse como prosecretaria interina en la Fiscalía Federal N°2, que desde el 29 de diciembre -y concurso mediante- está a cargo de Pablo Camuña, miembro de Justicia Legítima.
Todos ellos se unieron al grupo de integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación que se plantaron contra la intención de “criminalizar” la gestión de la institución mediante pronunciamientos y denuncias penales. Los firmantes defendieron los equipos especiales creados por Gils Carbó y los 16 nombramientos discrecionales de fiscales interinos en las oficinas vinculadas al nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que quedaron suspendidos en virtud de una medida cautelar del juez federal Enrique Lavié Pico.
Con la procuradora a la cabeza, el jurado administrará y corregirá las pruebas escritas y orales, calificará los curriculum y definirá las impugnaciones de un concurso múltiple del que surgirán propuestas para cubrir ocho vacantes (entre ellas, la de la Fiscalía Federal N°3 de Tucumán). El tribunal ad hoc quedó formado luego de la sustanciación de las excusaciones y recusaciones (el controvertido fiscal general Carlos Gonella se inhibió porque dos de los aspirantes a fiscales bonaerenses, Juan Pedro Zoni y Milton Khaski, se desempeñan como coordinadores de área en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos a su cargo.) El postulante Ignacio Rodríguez Varela señaló en la recusación -rechazada- de Gils Carbó y de Gonella que en los diez concursos convocados por la procuradora general de la Nación “(...) han resultado elegidos como miembros titulares o suplentes la totalidad de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación que intervinieron en el enjuiciamiento del fiscal José María Campagnoli” (la pretensión de destituirlo por haberse excedido en la investigación del empresario kirchnerista Lázaro Báez finalmente cayó por cuestiones procesales).
Según se desprende del listado de inscriptos publicado, 24 abogados aspiran a convertirse en fiscal N°3 (este despacho fue creado en 2013 junto con el Juzgado Federal N°3 y con otra defensoría pública oficial). El listado completo incluye los siguientes nombres: Carlos M. Amaya, Álvaro Aquino, Claudio Bonari, Enrique Bosch, José Agustín Chit, José Manuel Díaz Vélez, María Virginia Duffy, Valentina García Salemi, Martín Miguel Innocente, Rosana Luggren, Ángel Luna Roldán, Román Martínez Miranda, María Virginia Miguel Carmona, Margarita Moreno, Pablo Pelazzo, Tobías Podestá, Juan Marcelo Raffaini, Juan Manuel Ramón, Enrique Rocha Rivarola, Daniel Rodríguez Infante, Patricio Rovira, Pablo Salomón, Carlos Saltor, Juan Manuel Sivila y Cristina Valpreda.
En esa nómina se destacan Díaz Vélez y Duffy, respectivos secretarios de la Fiscalía Federal N°1 y del Juzgado Federal N°1. Rovira, por su parte, es fiscal ad hoc en causas de derechos humanos por designación discrecional del ex procurador general Esteban Righi. Saltor se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. García Salemi, por último, milita en La Cámpora y fue nombrada en forma directa por Gils Carbó para desempeñarse como prosecretaria interina en la Fiscalía Federal N°2, que desde el 29 de diciembre -y concurso mediante- está a cargo de Pablo Camuña, miembro de Justicia Legítima.