17 Enero 2015
Querellantes instan a Bejas a resolver si aparta o no a Brito
Las familiares del soldado desaparecido Alberto Ledo instaron al juez federal N°1, Daniel Bejas, a definir el planteo de recusación que había presentado la defensa del general César Milani para apartar al fiscal Carlos Brito de la investigación. “Ya venció el plazo para resolver la cuestión previsto en el Código Procesal Penal de la Nación”, advirtió la querella
LAS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA. Graciela (izquierda) y Marcela Ledo antes de entrar a la audiencia que el juez federal Daniel Bejas les concedió el 9 de enero. la gaceta / foto de jorge olmos sgrosso
“La única lucha que se pierde es la que se abandona”. Graciela Ledo, hermana del conscripto desaparecido Alberto Ledo, termina con esa reflexión la conversación telefónica entablada para informar la presentación de un escrito en el Juzgado Federal N°1. Esta vez, el texto tiene por objeto instar al juez Daniel Bejas a resolver la recusación del fiscal Carlos Brito que había planteado la defensa de César Milani, jefe del Ejército y coimputado en la investigación de la desaparición del soldado.
“Ya venció el plazo para resolver la cuestión previsto en el Código Procesal Penal de la Nación”, dice la riojana que dice el papel que la querella presentó ayer, y que firman las abogadas Viviana y María Elisa Reinoso (son hermanas) y Adriana Mercado Luna. Las letradas de la hermana y de la madre de Ledo, Marcela Brizuela, invocaron el artículo 61 del código, que establece que el juez debe resolver el incidente dentro de las 48 horas a partir de la celebración de la audiencia con las partes. Dicho acto tuvo lugar el 9 de enero pasado y en él participaron Brito, y Adolfo Bertini y Manuel Bonnin, defensores de Milani y del coimputado Esteban Sanguinetti (tiene procesamiento confirmado y aguarda el resultado de la pesquisa en prisión preventiva domiciliaria).
Ese mismo día y luego de la audiencia de recusación, Ledo y Brizuela de Ledo se presentaron en el Juzgado Federal N°1 y obtuvieron una entrevista con el juez sin cita previa. “Bejas dijo que el juicio de mi hijo está encaminado”, había comentado la madre de 83 años. Y añadió: “consideramos que Brito hizo lo que correspondía (al solicitar la citación a indagatoria del jefe del Ejército). Pedimos al juez que sea justo y que no se deje presionar por el poder”.
La mamá del soldado presuntamente secuestrado y asesinado en Monteros, en junio de 1976, había expresado asimismo que sentía que era hora de que la Justicia actúe. “Pero nos toca seguir esperando porque no vamos a abandonar en este punto. ¿Cómo voy a dejar esta lucha a medias?”, había interrogado Brizuela de Ledo.
Impedir que se duerma
Aunque el artículo 61 concede el término de 48 horas y el 125 fija el plazo general de cinco días (para el caso de que la normativa no disponga otro), Virginia Duffy, secretaria del Juzgado Federal N°1, había dicho el viernes 9 de enero que el juez no estaba obligado a emitir una resolución relativa a la recusación en un tiempo determinado. “La resolución de la recusación depende de la complejidad de los argumentos planteados”, había expresado la funcionaria que atendió a la prensa en lugar de Bejas (el juez evitó el contacto con los periodistas).
Fuentes judiciales calcularon que habría una decisión a finales de este mes o a comienzos del próximo. Esa resolución aún puede ser cuestionada por las partes ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y, eventualmente, ante la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (la defensa hizo reserva del caso federal).
La prueba de que la magistratura no cumple los plazos que le fija el Código Procesal Penal de la Nación o de que interpreta que estos tienen carácter “meramente ordenatorio” consta en el propio expediente “Ledo” y guarda relación con la recusación que la defensa había planteado en noviembre pasado para apartar al fiscal general Gustavo Gómez (este se aprestaba a intervenir en la causa por la licencia temporal de Brito). Bejas aún no resolvió este planteo, que, según Duffy, requería de abundante producción de pruebas.
“Entendemos que no somos parte en el incidente de recusación de Brito, pero nuestra función como querellantes es evitar que la causa ‘se duerma’”, explica Ledo.
Primera manifestación
La investigación de este crimen de lesa humanidad tiene ya siete años de antigüedad. El 22 de diciembre pasado, horas después de que la defensa de Milani lo recusase, Brito dictaminó que el jefe del Ejército habría falsificado el legajo de deserción de Ledo, y encubierto el supuesto secuestro y asesinato del conscripto. Este desapareció mientras cumplía el servicio militar obligatorio: entonces tenía 20 años, y estudiaba la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.
“Los soldados manifestaron a la madre de Ledo que en la noche del 17 de junio, el capitán Sanguinetti requirió a Ledo para ‘hacer una recorrida por la zona’; que ambos regresaron de inmediato; que esta salida se repitió por segunda y por tercera vez, y que, por último, Sanguinetti volvió solo. Al día siguiente, los compañeros de campamento recibieron la orden de retirar el equipo del conscripto riojano Ledo. Un cabo luego manifestó a la madre del soldado que este había desertado”, describió Brito. En ese momento comienza el peregrinaje de la familia del conscripto, que, buscándolo, interpuso un hábeas corpus ante Roberto Catalán, juez federal de La Rioja; recurrió a las organizaciones de derechos humanos y hasta llegó a tocar las puertas de El Vaticano.
Quizá sea justamente por ese larguísimo camino andado que Graciela Ledo celebra la manifestación de este jueves en la entrada de los Tribunales Federales. “Si me hubiesen avisado, habría viajado para acompañarlos”, se lamenta. Con pancartas que decían “No a la impunidad. Milani es igual a Bussi. Justicia por Ledo”, el Acuerdo Cívico y Social se movilizó para exigir la indagatoria del jefe del Ejército que obtuvo su último ascenso gracias al kirchnerismo.
“Hasta aquí no había habido en Tucumán una manifestación a favor de nuestra causa. Los pronunciamientos son muy positivos y necesarios”, evalúa Ledo. Y dice que estas muestras de apoyo fortalecen fundamentalmente al fiscal frente a las maniobras dilatorias de la defensa. “La lucha debe continuar”, insiste y se despide hasta la próxima novedad.
“Ya venció el plazo para resolver la cuestión previsto en el Código Procesal Penal de la Nación”, dice la riojana que dice el papel que la querella presentó ayer, y que firman las abogadas Viviana y María Elisa Reinoso (son hermanas) y Adriana Mercado Luna. Las letradas de la hermana y de la madre de Ledo, Marcela Brizuela, invocaron el artículo 61 del código, que establece que el juez debe resolver el incidente dentro de las 48 horas a partir de la celebración de la audiencia con las partes. Dicho acto tuvo lugar el 9 de enero pasado y en él participaron Brito, y Adolfo Bertini y Manuel Bonnin, defensores de Milani y del coimputado Esteban Sanguinetti (tiene procesamiento confirmado y aguarda el resultado de la pesquisa en prisión preventiva domiciliaria).
Ese mismo día y luego de la audiencia de recusación, Ledo y Brizuela de Ledo se presentaron en el Juzgado Federal N°1 y obtuvieron una entrevista con el juez sin cita previa. “Bejas dijo que el juicio de mi hijo está encaminado”, había comentado la madre de 83 años. Y añadió: “consideramos que Brito hizo lo que correspondía (al solicitar la citación a indagatoria del jefe del Ejército). Pedimos al juez que sea justo y que no se deje presionar por el poder”.
La mamá del soldado presuntamente secuestrado y asesinado en Monteros, en junio de 1976, había expresado asimismo que sentía que era hora de que la Justicia actúe. “Pero nos toca seguir esperando porque no vamos a abandonar en este punto. ¿Cómo voy a dejar esta lucha a medias?”, había interrogado Brizuela de Ledo.
Impedir que se duerma
Aunque el artículo 61 concede el término de 48 horas y el 125 fija el plazo general de cinco días (para el caso de que la normativa no disponga otro), Virginia Duffy, secretaria del Juzgado Federal N°1, había dicho el viernes 9 de enero que el juez no estaba obligado a emitir una resolución relativa a la recusación en un tiempo determinado. “La resolución de la recusación depende de la complejidad de los argumentos planteados”, había expresado la funcionaria que atendió a la prensa en lugar de Bejas (el juez evitó el contacto con los periodistas).
Fuentes judiciales calcularon que habría una decisión a finales de este mes o a comienzos del próximo. Esa resolución aún puede ser cuestionada por las partes ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y, eventualmente, ante la Cámara Nacional de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (la defensa hizo reserva del caso federal).
La prueba de que la magistratura no cumple los plazos que le fija el Código Procesal Penal de la Nación o de que interpreta que estos tienen carácter “meramente ordenatorio” consta en el propio expediente “Ledo” y guarda relación con la recusación que la defensa había planteado en noviembre pasado para apartar al fiscal general Gustavo Gómez (este se aprestaba a intervenir en la causa por la licencia temporal de Brito). Bejas aún no resolvió este planteo, que, según Duffy, requería de abundante producción de pruebas.
“Entendemos que no somos parte en el incidente de recusación de Brito, pero nuestra función como querellantes es evitar que la causa ‘se duerma’”, explica Ledo.
Primera manifestación
La investigación de este crimen de lesa humanidad tiene ya siete años de antigüedad. El 22 de diciembre pasado, horas después de que la defensa de Milani lo recusase, Brito dictaminó que el jefe del Ejército habría falsificado el legajo de deserción de Ledo, y encubierto el supuesto secuestro y asesinato del conscripto. Este desapareció mientras cumplía el servicio militar obligatorio: entonces tenía 20 años, y estudiaba la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán.
“Los soldados manifestaron a la madre de Ledo que en la noche del 17 de junio, el capitán Sanguinetti requirió a Ledo para ‘hacer una recorrida por la zona’; que ambos regresaron de inmediato; que esta salida se repitió por segunda y por tercera vez, y que, por último, Sanguinetti volvió solo. Al día siguiente, los compañeros de campamento recibieron la orden de retirar el equipo del conscripto riojano Ledo. Un cabo luego manifestó a la madre del soldado que este había desertado”, describió Brito. En ese momento comienza el peregrinaje de la familia del conscripto, que, buscándolo, interpuso un hábeas corpus ante Roberto Catalán, juez federal de La Rioja; recurrió a las organizaciones de derechos humanos y hasta llegó a tocar las puertas de El Vaticano.
Quizá sea justamente por ese larguísimo camino andado que Graciela Ledo celebra la manifestación de este jueves en la entrada de los Tribunales Federales. “Si me hubiesen avisado, habría viajado para acompañarlos”, se lamenta. Con pancartas que decían “No a la impunidad. Milani es igual a Bussi. Justicia por Ledo”, el Acuerdo Cívico y Social se movilizó para exigir la indagatoria del jefe del Ejército que obtuvo su último ascenso gracias al kirchnerismo.
“Hasta aquí no había habido en Tucumán una manifestación a favor de nuestra causa. Los pronunciamientos son muy positivos y necesarios”, evalúa Ledo. Y dice que estas muestras de apoyo fortalecen fundamentalmente al fiscal frente a las maniobras dilatorias de la defensa. “La lucha debe continuar”, insiste y se despide hasta la próxima novedad.