20 Enero 2015
“El caso AMIA dejó de ser una política de estado para convertirse en un fusible de ajuste, una pieza descartable, para lograr el restablecimiento de la relación comercial bilateral con Irán. Así comenzó a negociarse la impunidad. El mayor opositor a esa impunidad, Néstor Carlos Kirchner, había fallecido”, había escrito Alberto Nisman en la acusación que realizó en contra de la presidenta, Cristina Fernández, y otras siete personas, por el presunto encubrimiento de los iraníes que habrían intervenido en el atentado de la mutual judía AMIA, ocurrido en julio de 1994.
El miércoles pasado, Nisman había presentado en el despacho del juez Ariel Lijo un escrito de 300 carillas con la acusación. Además de la Presidenta, estaban mencionados el canciller Héctor Timerman, el diputado nacional y referente de “La Cámpora” Andrés Larroque, el líder piquetero Luis D’Elía, el jefe de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; el ex juez Héctor Yrimia, el agente iraní Jorge ‘Yussuf’ Khalil y un espía de Inteligencia cercano a la mandataria.
“El plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA comenzó dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento, inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner; involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con uno de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, quien era informado y consultado constantemente, y evaluaba todo lo relacionado con el plan”, describió Nisman en el resumen de la denuncia que entregó a la prensa la semana pasada.
De acuerdo a la acusación, el primer paso de la maniobra de encubrimiento fue la reunión secreta que en enero de 2011 mantuvo en Alepo (Siria), Timerman y su par de Irán Ali Akbar Salehi, en la que el canciller argentino le transmitió la decisión del Gobierno de abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA.
La hipótesis que había elaborado Nisman, quien estaba al frente de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, surge de las escuchas telefónicas que se realizaron sobre cuatro líneas telefónicas. La única que fue revelada por el fiscal fue la de Rabbani, cuya intervención había sido autorizada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien lleva la causa por el atentado.
Diplomacia paralela
“El Gobierno instaló y se valió de una diplomacia paraestatal, integrada -cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge ‘Yussuf’ Khalil”, había descripto Nisman.
El fiscal había evitado dar a conocer la identidad del personal de la Secretaría de Inteligencia (SI) para no violar la ley de inteligencia. Por ello, le había pedido al Gobierno que autorice la difusión de los agentes involucrados.
Los canales diplomáticos paraestatales que había mencionado Nisman transmitían los mensajes que emitía la presidenta a través de Larroque y del espía de la SI, quienes comunicaban a D’Elía, el que a su vez llevaba el mensaje directamente a Khalil. Este último era la conexión con las autoridades Iraníes, de acuerdo a la acusación.
La culminación de la maniobra de encubrimiento fue, según Nisman, el memorándum de entendimiento firmado con Irán y aprobado por el Congreso argentino, en el que se acordaba la supuesta colaboración iraní en la investigación y la declaración de sus funcionarios.
“Pero Interpol se negó a dar de baja las capturas rojas de los iraníes, lo cual se erigió en un obstáculo inesperado para los autores del encubrimiento. Timerman no pudo cumplir lo que había prometido en sus negociaciones secretas con Irán, circunstancia que motivó la queja de los iraníes”, había afirmado Nisman.
“La Presidenta ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los iraníes contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar la inocencia de Irán”, había aseverado en la denuncia.
El miércoles pasado, Nisman había presentado en el despacho del juez Ariel Lijo un escrito de 300 carillas con la acusación. Además de la Presidenta, estaban mencionados el canciller Héctor Timerman, el diputado nacional y referente de “La Cámpora” Andrés Larroque, el líder piquetero Luis D’Elía, el jefe de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; el ex juez Héctor Yrimia, el agente iraní Jorge ‘Yussuf’ Khalil y un espía de Inteligencia cercano a la mandataria.
“El plan destinado a favorecer ilegalmente y desvincular en forma definitiva y fraudulenta a los sospechosos iraníes por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA comenzó dos años antes de la firma del Memorando de Entendimiento, inmediatamente después de la muerte de Néstor Kirchner; involucró a personal de la Secretaría de Inteligencia e incluyó negociaciones directas con uno de los principales acusados por el atentado, Mohsen Rabbani, quien era informado y consultado constantemente, y evaluaba todo lo relacionado con el plan”, describió Nisman en el resumen de la denuncia que entregó a la prensa la semana pasada.
De acuerdo a la acusación, el primer paso de la maniobra de encubrimiento fue la reunión secreta que en enero de 2011 mantuvo en Alepo (Siria), Timerman y su par de Irán Ali Akbar Salehi, en la que el canciller argentino le transmitió la decisión del Gobierno de abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA.
La hipótesis que había elaborado Nisman, quien estaba al frente de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA, surge de las escuchas telefónicas que se realizaron sobre cuatro líneas telefónicas. La única que fue revelada por el fiscal fue la de Rabbani, cuya intervención había sido autorizada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien lleva la causa por el atentado.
Diplomacia paralela
“El Gobierno instaló y se valió de una diplomacia paraestatal, integrada -cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge ‘Yussuf’ Khalil”, había descripto Nisman.
El fiscal había evitado dar a conocer la identidad del personal de la Secretaría de Inteligencia (SI) para no violar la ley de inteligencia. Por ello, le había pedido al Gobierno que autorice la difusión de los agentes involucrados.
Los canales diplomáticos paraestatales que había mencionado Nisman transmitían los mensajes que emitía la presidenta a través de Larroque y del espía de la SI, quienes comunicaban a D’Elía, el que a su vez llevaba el mensaje directamente a Khalil. Este último era la conexión con las autoridades Iraníes, de acuerdo a la acusación.
La culminación de la maniobra de encubrimiento fue, según Nisman, el memorándum de entendimiento firmado con Irán y aprobado por el Congreso argentino, en el que se acordaba la supuesta colaboración iraní en la investigación y la declaración de sus funcionarios.
“Pero Interpol se negó a dar de baja las capturas rojas de los iraníes, lo cual se erigió en un obstáculo inesperado para los autores del encubrimiento. Timerman no pudo cumplir lo que había prometido en sus negociaciones secretas con Irán, circunstancia que motivó la queja de los iraníes”, había afirmado Nisman.
“La Presidenta ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los iraníes contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar la inocencia de Irán”, había aseverado en la denuncia.
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