21 Enero 2015
MAYOR SEGURIDAD. Los dirigentes locales reclamaron que se den garantías al fiscal Brito, que investiga a Milani. prensa ucr
La derogación del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán y mayores garantías para el fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Brito, son algunos de los reclamos más importantes que formuló el Acuerdo Cívico y Social, luego de conocida la muerte del fiscal de la causa AMIA, Natalio Alberto Nisman.
El espacio opositor local, que reúne al radicalismo, al socialismo, a peronistas disidentes y a otras fuerzas políticas, deliberó ayer en la sede de Corrientes al 300 a pedido de su principal referente, José Cano. El diputado nacional se encuentra fuera del país de vacaciones con su familia.
Durante la reunión, los dirigentes presentes cuestionaron el silenco del Gobierno tucumano tras la muerte de Nisman, y recordaron la participación del alperovichismo en el proceso de sanción en el Congreso del acuerdo entre Argentina e Irán, a principios de 2013.
Como principal medida, el Acuerdo Cívico dio mandato a sus legisladores nacionales para que impulsen la derogación de ese Memorándum y solicitaron a los representantes tucumanos del Frente para la Victoria que adopten la misma posición. El ACyS cuenta con una senadora, Silvia Elías de Pérez; y con tres diputados: Cano, Juan Casañas y Luis Sacca.
La declaración contiene ocho puntos que incluyen la decisión de declararse en alerta permanente y de solicitar a la ciudadanía que se mantenga movilizada para preservar las instituciones de la República. “La corrupción mata, la impunidad mata, la mentira mata. En un país donde no hay Justicia es peligroso tener razón”, reza el documento. A colación, los dirigentes le reclamaron al Gobierno que garantice la seguridad personal y de trabajo de todos los fiscales y jueces que investigan la corrupción del poder. Entre ellos, destacaron al fiscal federal Brito, quien imputó al jefe del Ejército, César Milani, en la causa judicial que procura esclarecer la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo, ocurrida en Monteros en 1976.
“Dipu-quórum”
En el documento recordaron la polémica participación de la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Beatriz Mirkin, durante la aprobación en el Congreso del acuerdo con Irán.
La funcionaria alperovichista había presentado su renuncia al cargo de diputada ante la Cámara Baja el 22 de enero de 2013. Posteriormente, al no haber sido resuelto ese pedido, cambió su objeto solicitando una licencia sin goce de haberes el 25 de febrero de ese año, y luego volvió a renunciar el 13 de marzo. En el ínterin, Mirkin había asistido a la sesión del 27 de febrero para sumarse a las filas kirchneristas que lograron la sanción del Memorándum sobre temas vinculados al ataque terrorista de la AMIA.
Tras la polémica suscitada en aquella ocasión, en abril de 2013 el por entonces senador José Cano la denunció ante la Justicia Federal. Sin embargo, en agosto de 2014 el fiscal federal Carlos Brito consideró que no hubo delito en la decisión de Mirkin de pedir licencia en Diputados, reasumir como ministra provincial y, luego, volver a ocupar su banca para dar quórum al oficialismo en aquella controvertida sesión.
“Cuestionamos al gobernador José Alperovich y a la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich por haber mantenido un silencio injustificable ante hechos de tamaña gravedad. Indigna y releva que nada se haya dicho desde las instituciones tucumanas sobre la muerte de un fiscal de la Nación. Mucho más, luego de que una ministra de la actual administración estuviera involucrada en el trámite irregular de la aprobación del Acuerdo con Irán cuestionado por todas las fuerzas de oposición, por las organizaciones judías y por la propia Justicia”, reforzaron ayer los opositores en el documento.
El texto fue firmado por Elías de Pérez, Sacca y Casañas; por los legisladores Federico Romano Norri, Roberto Sánchez y José Páez (legisladores); y por los dirigentes Federico Masso, Ernesto Gomez Rossi y Gastón Gómez (Libres del Sur), Sandra Manzone y Manuel Rivas (Coalición Cívica), Ricardo Salas y Oscar Gramajo (Partido Socialista), Héctor Monayer (Unión por Todos), Alejandro Sangenis (Movimiento Tres Banderas), y Hugo Balceda, Enrique Romero y Sebastián Vega (peronismo disidente), entre otros.
El espacio opositor local, que reúne al radicalismo, al socialismo, a peronistas disidentes y a otras fuerzas políticas, deliberó ayer en la sede de Corrientes al 300 a pedido de su principal referente, José Cano. El diputado nacional se encuentra fuera del país de vacaciones con su familia.
Durante la reunión, los dirigentes presentes cuestionaron el silenco del Gobierno tucumano tras la muerte de Nisman, y recordaron la participación del alperovichismo en el proceso de sanción en el Congreso del acuerdo entre Argentina e Irán, a principios de 2013.
Como principal medida, el Acuerdo Cívico dio mandato a sus legisladores nacionales para que impulsen la derogación de ese Memorándum y solicitaron a los representantes tucumanos del Frente para la Victoria que adopten la misma posición. El ACyS cuenta con una senadora, Silvia Elías de Pérez; y con tres diputados: Cano, Juan Casañas y Luis Sacca.
La declaración contiene ocho puntos que incluyen la decisión de declararse en alerta permanente y de solicitar a la ciudadanía que se mantenga movilizada para preservar las instituciones de la República. “La corrupción mata, la impunidad mata, la mentira mata. En un país donde no hay Justicia es peligroso tener razón”, reza el documento. A colación, los dirigentes le reclamaron al Gobierno que garantice la seguridad personal y de trabajo de todos los fiscales y jueces que investigan la corrupción del poder. Entre ellos, destacaron al fiscal federal Brito, quien imputó al jefe del Ejército, César Milani, en la causa judicial que procura esclarecer la desaparición del soldado riojano Alberto Ledo, ocurrida en Monteros en 1976.
“Dipu-quórum”
En el documento recordaron la polémica participación de la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Beatriz Mirkin, durante la aprobación en el Congreso del acuerdo con Irán.
La funcionaria alperovichista había presentado su renuncia al cargo de diputada ante la Cámara Baja el 22 de enero de 2013. Posteriormente, al no haber sido resuelto ese pedido, cambió su objeto solicitando una licencia sin goce de haberes el 25 de febrero de ese año, y luego volvió a renunciar el 13 de marzo. En el ínterin, Mirkin había asistido a la sesión del 27 de febrero para sumarse a las filas kirchneristas que lograron la sanción del Memorándum sobre temas vinculados al ataque terrorista de la AMIA.
Tras la polémica suscitada en aquella ocasión, en abril de 2013 el por entonces senador José Cano la denunció ante la Justicia Federal. Sin embargo, en agosto de 2014 el fiscal federal Carlos Brito consideró que no hubo delito en la decisión de Mirkin de pedir licencia en Diputados, reasumir como ministra provincial y, luego, volver a ocupar su banca para dar quórum al oficialismo en aquella controvertida sesión.
“Cuestionamos al gobernador José Alperovich y a la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich por haber mantenido un silencio injustificable ante hechos de tamaña gravedad. Indigna y releva que nada se haya dicho desde las instituciones tucumanas sobre la muerte de un fiscal de la Nación. Mucho más, luego de que una ministra de la actual administración estuviera involucrada en el trámite irregular de la aprobación del Acuerdo con Irán cuestionado por todas las fuerzas de oposición, por las organizaciones judías y por la propia Justicia”, reforzaron ayer los opositores en el documento.
El texto fue firmado por Elías de Pérez, Sacca y Casañas; por los legisladores Federico Romano Norri, Roberto Sánchez y José Páez (legisladores); y por los dirigentes Federico Masso, Ernesto Gomez Rossi y Gastón Gómez (Libres del Sur), Sandra Manzone y Manuel Rivas (Coalición Cívica), Ricardo Salas y Oscar Gramajo (Partido Socialista), Héctor Monayer (Unión por Todos), Alejandro Sangenis (Movimiento Tres Banderas), y Hugo Balceda, Enrique Romero y Sebastián Vega (peronismo disidente), entre otros.
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