Por LA GACETA
23 Enero 2015
En enero de 2014 y tras siete años de incumplir una orden judicial, el Gobierno provincial decidió erradicar a los vendedores ambulantes del centro de San Miguel de Tucumán, en principio, de manera definitiva. Daba así cumplimiento a un sostenido pedido de la Federación Económica de Tucumán (FET). Hubo algunas propuestas para dar una salida laboral a los cuentapropistas. Y pese a que las aguas parecieron mansas posteriormente, esta actividad informal se ha incrementado.
Ello se desprende del informe divulgado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que indica que la capital tucumana registró un incremento de la venta irregular en el cuarto trimestre de 2014, de un 32,7%, respecto del resultado de los tres meses anteriores. El rubro “Indumentaria y calzado” tuvo mayor incidencia en Buenos Aires (43,9%); seguida por Tucumán (40%).
El trabajo de la CAC se centró en área de avenida Sáenz Peña, en particular en la cuadra inicial, como el punto neurálgico, con casi seis puestos cada 100 metros y los datos fueron suministrados por la FET. Se explicó que se no pudo determinar la variación interanual del nivel de venta informal en nuestra capital porque la ciudad fue incorporada al relevamiento en 2014. Luego del operativo cerrojo dispuesto por el Gobierno en enero pasado para impedir que los vendedores se instalaran nuevamente en el microcentro estos se desplazaron a otras zonas de la ciudad.
Si bien se logró el objetivo, no se avanzó demasiado en una solución duradera. A fines de octubre pasado, los ambulantes anunciaron que iban a pedirle a la Municipalidad que les permitiera ofrecer sus mercaderías en algún área del centro, hasta que el Gobierno provincial les otorgara un espacio físico donde pudiesen instalar sus puestos y ofrecer sus artículos de forma definitiva.
Miembros del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), filial local, le trasmitieron entonces a la secretaria general de la Gobernación su necesidad de trabajar en algún ámbito para afrontar la frágil situación económica en la que se hallan a casi 10 meses del desalojo. La funcionaria les ofreció la ayuda gubernamental para avanzar en la reubicación.
En marzo el Gobierno les propuso reubicarlos en el Predio Ferial Norte, en la zona de “El Bajo”, donde se crearía un multiespacio cultural y comercial con todas las comodidades necesarias como para convertirlo en un atractivo paseo público. Iba a contar con módulos comerciales laterales con capacidad para albergar un total de 300 puestos de venta, con baños. Se les recomendó a los puesteros que constituyeran una asociación civil con personería jurídica que los representara en el ámbito provincial.
Del incremento de la actividad informal señalado en el relevamiento de la CAC, se deduce que el Gobierno se ha ocupado hasta ahora de los síntomas y no de las causas. La iniciativa del Predio Ferial pareciera haber quedado en suspenso. No se debería esperar la reaparición de un conflicto social para entonces ver qué se puede hacer. Justamente, se debería en primer lugar insistir en la legalización de estos vendedores y en que brindarles un espacio donde desarrollar su actividad. Si no se sabe muy bien qué hacer, se podría consultar a urbanistas de otras ciudades que hayan resuelto esta problemática. De ese modo, se cumplirá con aquellos de que los gobernantes deben brindarle soluciones a la gente.
Ello se desprende del informe divulgado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) que indica que la capital tucumana registró un incremento de la venta irregular en el cuarto trimestre de 2014, de un 32,7%, respecto del resultado de los tres meses anteriores. El rubro “Indumentaria y calzado” tuvo mayor incidencia en Buenos Aires (43,9%); seguida por Tucumán (40%).
El trabajo de la CAC se centró en área de avenida Sáenz Peña, en particular en la cuadra inicial, como el punto neurálgico, con casi seis puestos cada 100 metros y los datos fueron suministrados por la FET. Se explicó que se no pudo determinar la variación interanual del nivel de venta informal en nuestra capital porque la ciudad fue incorporada al relevamiento en 2014. Luego del operativo cerrojo dispuesto por el Gobierno en enero pasado para impedir que los vendedores se instalaran nuevamente en el microcentro estos se desplazaron a otras zonas de la ciudad.
Si bien se logró el objetivo, no se avanzó demasiado en una solución duradera. A fines de octubre pasado, los ambulantes anunciaron que iban a pedirle a la Municipalidad que les permitiera ofrecer sus mercaderías en algún área del centro, hasta que el Gobierno provincial les otorgara un espacio físico donde pudiesen instalar sus puestos y ofrecer sus artículos de forma definitiva.
Miembros del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), filial local, le trasmitieron entonces a la secretaria general de la Gobernación su necesidad de trabajar en algún ámbito para afrontar la frágil situación económica en la que se hallan a casi 10 meses del desalojo. La funcionaria les ofreció la ayuda gubernamental para avanzar en la reubicación.
En marzo el Gobierno les propuso reubicarlos en el Predio Ferial Norte, en la zona de “El Bajo”, donde se crearía un multiespacio cultural y comercial con todas las comodidades necesarias como para convertirlo en un atractivo paseo público. Iba a contar con módulos comerciales laterales con capacidad para albergar un total de 300 puestos de venta, con baños. Se les recomendó a los puesteros que constituyeran una asociación civil con personería jurídica que los representara en el ámbito provincial.
Del incremento de la actividad informal señalado en el relevamiento de la CAC, se deduce que el Gobierno se ha ocupado hasta ahora de los síntomas y no de las causas. La iniciativa del Predio Ferial pareciera haber quedado en suspenso. No se debería esperar la reaparición de un conflicto social para entonces ver qué se puede hacer. Justamente, se debería en primer lugar insistir en la legalización de estos vendedores y en que brindarles un espacio donde desarrollar su actividad. Si no se sabe muy bien qué hacer, se podría consultar a urbanistas de otras ciudades que hayan resuelto esta problemática. De ese modo, se cumplirá con aquellos de que los gobernantes deben brindarle soluciones a la gente.
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