03 Febrero 2015
ACTIVIDAD OFICIAL. Alperovich inauguró obras de remodelación de un caps. prensa y difusión
La Casa de Gobierno no implementará un plan específico de facilidades para que los 19 municipios salden las deudas que mantienen con la Provincia. El gobernador, José Alperovich, descartó ayer la posibilidad de poner en marcha un sistema de refinanciamiento similar al que la Nación acordó con las provincias, incluida Tucumán.
Tras inaugurar obras de remodelación en el caps “9 de Julio” (Juan B. Justo al 1.500), el gobernador explicó que los intendentes deberán negociar individualmente el modo en el que devolverá el dinero adeudado, que varía de acuerdo a la ciudad. “Lo acordaremos con cada uno de los municipios. Les hemos venido dando plata sin ningún tipo de intereses durante estos 11 años”, manifestó. El titular del Poder Ejecutivo aseguró también que el depósito de los salarios de los empleados municipales y la “paz social” estarán garantizados mientras dure la discusión.
La incertidumbre respecto de cómo sanearían sus cuentas y afrontarían el pago de salario se planteó en las administraciones municipales en diciembre. El ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, había anunciado entonces el fin del denominado “Pacto Social”.
El último año de la gestión alperovichista comenzó sin la herramienta financiera -establecida por ley desde 2000- que disponía que los municipios cedieran a la Provincia todos sus recursos federales. A cambio, el Poder Ejecutivo (PE) garantizaba fondos para cubrir los salarios (“Pacto Sueldos”) y para la concreción de trabajos como pavimento o cloacas (“Pacto Obras”). Se conoció que la deuda global exigible a los municipios por parte del PE suma $ 2.173 millones.
Intendentes habían expresado su preocupación por el cambio impulsado por el alperovichismo, sobre todo, los ahora díscolos Domingo Amaya (San Miguel de Tucumán) y Enrique Orellana (Famaillá).
El amayismo presentó por un lado un proyecto de ley para el refinanciamiento mediante un plan de pago. El presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, aseguró que esa iniciativa no será tratada sin el aval de la Casa de Gobierno. Por el otro, Amaya puso en vigencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) un sistema similar al “Pacto Social” en el ámbito de la Ciudad. Dispuso que se emplee la coparticipación para cancelar deudas que se generen a fin de garantizar que el municipio funcione.
“El Mellizo”, por su parte, fue aún más crítico y envió una carta a la Casa de Gobierno. En el escrito describió “la compleja situación económica” que atraviesa Famaillá; y señaló que esa situación fue “ocasionada en gran medida por la remisión insuficiente de fondos desde hace un año a través del ‘Pacto Social’”. Después, expresó a LA GACETA: “quieren mi cabeza para tener en línea a los demás intendentes”.
Alperovich respondió ayer a los cuestionamientos. “(En estos años) no les ha faltado absolutamente nada. Acuérdense de lo que era el Municipio de la capital (en 2003)”, lanzó. Con respecto al massista Orellana, consignó que “jamás utilizó” fondos para condicionar a los intendentes. “Se ejerció plenamente la democracia. Cada uno tiene derecho a ir donde quiera. Este gobernador no actuará nunca así. Mi objetivo principal es que la gente esté mejor. Lo que él está diciendo es que voy a usar como variable de ajuste a la gente y eso no puede ser. Les pido responsabilidad a todos los intendentes”, concluyó.
Tras inaugurar obras de remodelación en el caps “9 de Julio” (Juan B. Justo al 1.500), el gobernador explicó que los intendentes deberán negociar individualmente el modo en el que devolverá el dinero adeudado, que varía de acuerdo a la ciudad. “Lo acordaremos con cada uno de los municipios. Les hemos venido dando plata sin ningún tipo de intereses durante estos 11 años”, manifestó. El titular del Poder Ejecutivo aseguró también que el depósito de los salarios de los empleados municipales y la “paz social” estarán garantizados mientras dure la discusión.
La incertidumbre respecto de cómo sanearían sus cuentas y afrontarían el pago de salario se planteó en las administraciones municipales en diciembre. El ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, había anunciado entonces el fin del denominado “Pacto Social”.
El último año de la gestión alperovichista comenzó sin la herramienta financiera -establecida por ley desde 2000- que disponía que los municipios cedieran a la Provincia todos sus recursos federales. A cambio, el Poder Ejecutivo (PE) garantizaba fondos para cubrir los salarios (“Pacto Sueldos”) y para la concreción de trabajos como pavimento o cloacas (“Pacto Obras”). Se conoció que la deuda global exigible a los municipios por parte del PE suma $ 2.173 millones.
Intendentes habían expresado su preocupación por el cambio impulsado por el alperovichismo, sobre todo, los ahora díscolos Domingo Amaya (San Miguel de Tucumán) y Enrique Orellana (Famaillá).
El amayismo presentó por un lado un proyecto de ley para el refinanciamiento mediante un plan de pago. El presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, aseguró que esa iniciativa no será tratada sin el aval de la Casa de Gobierno. Por el otro, Amaya puso en vigencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) un sistema similar al “Pacto Social” en el ámbito de la Ciudad. Dispuso que se emplee la coparticipación para cancelar deudas que se generen a fin de garantizar que el municipio funcione.
“El Mellizo”, por su parte, fue aún más crítico y envió una carta a la Casa de Gobierno. En el escrito describió “la compleja situación económica” que atraviesa Famaillá; y señaló que esa situación fue “ocasionada en gran medida por la remisión insuficiente de fondos desde hace un año a través del ‘Pacto Social’”. Después, expresó a LA GACETA: “quieren mi cabeza para tener en línea a los demás intendentes”.
Alperovich respondió ayer a los cuestionamientos. “(En estos años) no les ha faltado absolutamente nada. Acuérdense de lo que era el Municipio de la capital (en 2003)”, lanzó. Con respecto al massista Orellana, consignó que “jamás utilizó” fondos para condicionar a los intendentes. “Se ejerció plenamente la democracia. Cada uno tiene derecho a ir donde quiera. Este gobernador no actuará nunca así. Mi objetivo principal es que la gente esté mejor. Lo que él está diciendo es que voy a usar como variable de ajuste a la gente y eso no puede ser. Les pido responsabilidad a todos los intendentes”, concluyó.
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