06 Marzo 2015
BUENOS AIRES.- La Sala I de la Cámara Federal para muchos es la más cercana al Gobierno, para otros ya no lo es, pero todas las miradas políticas y judiciales se posaron desde ayer en los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler.
Nombrados como camaristas durante el kirchnerismo y con mucha experiencia en el fuero federal, el que investiga las causas contra los funcionarios públicos, son los tres magistrados que deberán resolver si confirman el fallo con el cual el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia contra la presidenta, Cristina Fernández, y otros acusados por el encubrimiento del atentado a la AMIA o si lo revocan y ordenan que se investigue la denuncia del fiscal Alberto Nisman.
La fama de la llamada “Sala K” en la jerga tribunalicia llegó de la mano de fallos judiciales que favorecieron al Gobierno durante algunos años. La Sala I declaró nulas las grabaciones de la causa Skanska, confirmó el sobreseimiento del ex secretario de Energía Daniel Cameron por la Comisión de Fiscalización Río Turbio y del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presuntas irregularidades cuando estaba al frente del Oncca.
También apartó al juez Rafecas de la causa Ciccone, confirmó el procesamiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por las escuchas telefónicas ilegales, y revocó el pedido de detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime que había ordenado el juez Claudio Bonadio.
Pero desde el año pasado, siempre con una mirada política sobre los fallos, las resoluciones de este tribunal comenzaron a ser adversas contra el Gobierno y en causas de fuerte impacto político. Así, declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, confirmó los procesamiento del vice presidente Amado Boudou en la causa Ciccone y del ex titular de la Sedronar Ramón Granero por tráfico de efedrina.
En la causa Ciccone ordenó investigar el rol de la AFIP en el hecho y uno de los jueces, pidió la indagatoria de Echegaray. Además, hace dos semanas confirmó a Bonadio al frente de la causa Hotesur (la administradora de los hoteles de los Kirchner), el juez más criticado por el Gobierno.
Las resoluciones adversas al Gobierno llegaron en un contexto político de cambio que todos los jueces saben leer: Cristina renunció a la reforma constitucional para la re-reelección, se acrecentó la pelea entre el Ejecutivo y parte de la Justicia y la muerte de Nisman puso en estado de ebullición a todos los jueces y fiscales. (DyN)
Nombrados como camaristas durante el kirchnerismo y con mucha experiencia en el fuero federal, el que investiga las causas contra los funcionarios públicos, son los tres magistrados que deberán resolver si confirman el fallo con el cual el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia contra la presidenta, Cristina Fernández, y otros acusados por el encubrimiento del atentado a la AMIA o si lo revocan y ordenan que se investigue la denuncia del fiscal Alberto Nisman.
La fama de la llamada “Sala K” en la jerga tribunalicia llegó de la mano de fallos judiciales que favorecieron al Gobierno durante algunos años. La Sala I declaró nulas las grabaciones de la causa Skanska, confirmó el sobreseimiento del ex secretario de Energía Daniel Cameron por la Comisión de Fiscalización Río Turbio y del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presuntas irregularidades cuando estaba al frente del Oncca.
También apartó al juez Rafecas de la causa Ciccone, confirmó el procesamiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, por las escuchas telefónicas ilegales, y revocó el pedido de detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime que había ordenado el juez Claudio Bonadio.
Pero desde el año pasado, siempre con una mirada política sobre los fallos, las resoluciones de este tribunal comenzaron a ser adversas contra el Gobierno y en causas de fuerte impacto político. Así, declaró inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, confirmó los procesamiento del vice presidente Amado Boudou en la causa Ciccone y del ex titular de la Sedronar Ramón Granero por tráfico de efedrina.
En la causa Ciccone ordenó investigar el rol de la AFIP en el hecho y uno de los jueces, pidió la indagatoria de Echegaray. Además, hace dos semanas confirmó a Bonadio al frente de la causa Hotesur (la administradora de los hoteles de los Kirchner), el juez más criticado por el Gobierno.
Las resoluciones adversas al Gobierno llegaron en un contexto político de cambio que todos los jueces saben leer: Cristina renunció a la reforma constitucional para la re-reelección, se acrecentó la pelea entre el Ejecutivo y parte de la Justicia y la muerte de Nisman puso en estado de ebullición a todos los jueces y fiscales. (DyN)
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