09 Marzo 2015
HACIA EL FIN. La sede de Petrobrás fuertemente custodiada por la protesta de trabajadores despedidos, que representaron su situación con un ataúd. reuters
BRASILIA.- Al menos 34 políticos sospechosos de nexos con la red de corrupción en Petrobras recibieron donaciones para sus campañas electorales de 2014 por parte de empresas acusadas de formar un cartel que cometía fraudes en las licitaciones de la petrolera estatal, aseguró ayer el diario “O Estado de Sao Paulo”.
Se trata de candidatos a gobernador, senador y diputado federal, que en su inmensa mayoría pertenecen a partidos aliados al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Según el informe periodístico, de las 16 empresas contratistas de Petrobras acusadas por la Fiscalía de formar un cartel con el fin de repartirse las licitaciones y sobrevaluar los precios de los contratos, siete realizaron contribuciones directas a las campañas de políticos involucrados en el multimillonario escándalo que sacude al país.
Entre esos políticos, cinco pertenecen al gobernante Partido de los Trabajadores (PT): los candidatos a senadores Gleisi Hoffmann, ex jefa de gabinete de Rousseff, y Lindbergh Farias, además de tres diputados. Todos conquistaron sus respectivos escaños en las elecciones generales de 2014.
El derechista Partido Progresista (PP), la tercera fuerza política del país y el segundo mayor socio del Gobierno en el Congreso, lidera con 12 de sus afiliados la nómina de legisladores investigados que supuestamente recibieron contribuciones por parte de las constructoras que integran el llamado “club de los mil millones”.
Opositor
De acuerdo con la publicación periodística, el principal partido opositor al Gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tiene un solo legislador financiado por el club: el senador Antonio Anastasia, ex gobernador de Minas Gerais y mano derecha del presidente del partido y candidato derrotado a la presidencia de Brasil en 2014, Aécio Neves.
Anastasia fue apoyado por cinco de las siete empresas acusadas de cartel, lo que lo pone a la cabeza de la lista como el parlamentario apoyado financieramente por el mayor número de contratistas.
En tanto, la información indica que tres de las siete constructoras citadas responden por dos tercios de las donaciones electorales realizadas a los políticos investigados: UTC Engenharia, Construtora Queiroz Galvão y Galvão Engenharia, en ese orden, seguidas por OAS y UTC.
Los 20 políticos financiados por estas empresas serán investigados junto a otros 27 parlamentarios, ex gobernadores y ex ministros, después de que el magistrado del Supremo Tribunal Federal (SYF) Teori Zavascki atendiera el pedido para realizar el trámite por procurador general, Rodrigo Janot.
Este fiscal encontró indicios de que todos ellos se beneficiaron con los fraudes perpetrados en Petrobras entre 2004 y 2012, periodo en el que, se estima, fueron desviados unos U$S 3.700 millones.
Dilma, no
En tanto, la presidenta Rousseff no será investigada por el caso de corrupción de Petrobras pese a haber sido citada en una de las peticiones enviadas al Supremo Tribunal Federal de Justicia (equivalente a la Corte).
El procurador Janot, señaló que no tiene competencia para investigar a la mandataria.
Muchos de los investigados -entre los que figuran 22 de los 513 diputados federales y 12 de los 81 senadores, rechazaron cualquier vinculación con los fraudes y atacaron al Gobierno de Rousseff y su Partido de los Trabajadores. (DPA-Reuters)
Se trata de candidatos a gobernador, senador y diputado federal, que en su inmensa mayoría pertenecen a partidos aliados al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Según el informe periodístico, de las 16 empresas contratistas de Petrobras acusadas por la Fiscalía de formar un cartel con el fin de repartirse las licitaciones y sobrevaluar los precios de los contratos, siete realizaron contribuciones directas a las campañas de políticos involucrados en el multimillonario escándalo que sacude al país.
Entre esos políticos, cinco pertenecen al gobernante Partido de los Trabajadores (PT): los candidatos a senadores Gleisi Hoffmann, ex jefa de gabinete de Rousseff, y Lindbergh Farias, además de tres diputados. Todos conquistaron sus respectivos escaños en las elecciones generales de 2014.
El derechista Partido Progresista (PP), la tercera fuerza política del país y el segundo mayor socio del Gobierno en el Congreso, lidera con 12 de sus afiliados la nómina de legisladores investigados que supuestamente recibieron contribuciones por parte de las constructoras que integran el llamado “club de los mil millones”.
Opositor
De acuerdo con la publicación periodística, el principal partido opositor al Gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tiene un solo legislador financiado por el club: el senador Antonio Anastasia, ex gobernador de Minas Gerais y mano derecha del presidente del partido y candidato derrotado a la presidencia de Brasil en 2014, Aécio Neves.
Anastasia fue apoyado por cinco de las siete empresas acusadas de cartel, lo que lo pone a la cabeza de la lista como el parlamentario apoyado financieramente por el mayor número de contratistas.
En tanto, la información indica que tres de las siete constructoras citadas responden por dos tercios de las donaciones electorales realizadas a los políticos investigados: UTC Engenharia, Construtora Queiroz Galvão y Galvão Engenharia, en ese orden, seguidas por OAS y UTC.
Los 20 políticos financiados por estas empresas serán investigados junto a otros 27 parlamentarios, ex gobernadores y ex ministros, después de que el magistrado del Supremo Tribunal Federal (SYF) Teori Zavascki atendiera el pedido para realizar el trámite por procurador general, Rodrigo Janot.
Este fiscal encontró indicios de que todos ellos se beneficiaron con los fraudes perpetrados en Petrobras entre 2004 y 2012, periodo en el que, se estima, fueron desviados unos U$S 3.700 millones.
Dilma, no
En tanto, la presidenta Rousseff no será investigada por el caso de corrupción de Petrobras pese a haber sido citada en una de las peticiones enviadas al Supremo Tribunal Federal de Justicia (equivalente a la Corte).
El procurador Janot, señaló que no tiene competencia para investigar a la mandataria.
Muchos de los investigados -entre los que figuran 22 de los 513 diputados federales y 12 de los 81 senadores, rechazaron cualquier vinculación con los fraudes y atacaron al Gobierno de Rousseff y su Partido de los Trabajadores. (DPA-Reuters)
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