10 Marzo 2015
“Venezuela es una amenaza”, asegura Obama
El presidente impuso sanciones a siete funcionarios y militares del Gobierno de Maduro y exigió la liberación de los presos políticos La medida va en línea con una iniciativa del Congreso y habla de la criminilización de la disidencia. Bloquearán cuentas y negarán a los sancionados el ingreso a EEUU
ACTO. Barack Obama pide escuchar a la multitud, mientras habla en la conferencia de ciudades, en Washington. reuters
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió un decreto que declara a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de su país, impuso sanciones a siete personas y expresó su preocupación por el trato que da Caracas a sus opositores.
Las sanciones colocan a Venezuela como el primer adversario ideológico de Estados Unidos en el continente, un estandarte que durante décadas ostentó el gobierno comunista encabezados por Fidel y Raúl Castro de Cuba hasta que Washington y La Habana anunciaron el deshielo de sus relaciones.
“Funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos”, sostuvo en una declaración el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
La orden ejecutiva apunta a siete funcionarios de distintas áreas del Gobierno de Nicolás Maduro, cuyas acciones socavaron el proceso o las instituciones democráticas, que habrían cometido actos de violencia o de abuso a los derechos humanos y que habrían estado involucrados en prohibir o penalizar la libertad de expresión o funcionarios del Gobierno vinculados a la corrupción pública, detalló la Casa Blanca.
Los sancionados son el comandante de la Defensa Antonio José Benavides Torres, el director general de la inteligencia Gustavo Enrique González López, el ex comandante y presidente del conglomerado estatal, Justo José Noguera Pietri, la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón, el director de la Policía Nacional Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, el comandante de brigada Manuel Gregorio Bernal Martínez y el inspector general de las fuerzas armadas Miguel Alcides Vivas Landino. El Congreso ya había aprobado en diciembre sanciones con la llamada Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela, que Obama ratificó el 18 de diciembre.
La canciller Delcy Rodríguez, aseguró que “pronto” su Gobierno responderá a las acciones de la Casa Blanca, pero el presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre fuerte del regimen, Diosdado Cabello, dijo que EEUU planea “atacar Venezuela”.
Los intereses o propiedades que tengan en Estados Unidos las personas mencionadas en la orden serán bloqueados o congelados y se les negará el ingreso al país. A los ciudadanos estadounidenses también se les prohibirá hacer negocios con esos individuos. El secretario del Tesoro, Jacob Lew, explicó que las sanciones contra los funcionarios corruptos serán utilizadas “para proteger al sistema financiero estadounidense de flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”.
Venezuela ha diversificado sus mercados en los últimos años, privilegiando comercialmente a China en detrimento de Estados Unidos, pero aún este último sigue siendo el principal destino de sus despachos de crudo.
Washington agregó estar “profundamente preocupado por los esfuerzos del Gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre los adversarios políticos” y la “criminalización de la disidencia”. Earnest hizo un llamado al gobierno de Venezuela a que “libere a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
Desde que asumió en abril de 2013, Maduro ha señalado a la oposición política de Venezuela y a Estados Unidos responsable de intentar fraguar un golpe de Estado en su contra. Ante ello, Venezuela pidió recientemente a la embajada de EEUU reducir su personal diplomático en un 80 % y empezó a solicitar visas a los estadounidenses que quieran ingresar a Venezuela. “Hemos visto muchas veces que el Gobierno venezolano trata de distraer sus propias acciones culpando a Estados Unidos o a otros miembros de la comunidad internacional por eventos que suceden en Venezuela”, sostuvo Earnest. “Esos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del Gobierno para manejar la grave situación que enfrenta”, agregó. (DPA-Reuters)
Las sanciones colocan a Venezuela como el primer adversario ideológico de Estados Unidos en el continente, un estandarte que durante décadas ostentó el gobierno comunista encabezados por Fidel y Raúl Castro de Cuba hasta que Washington y La Habana anunciaron el deshielo de sus relaciones.
“Funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos”, sostuvo en una declaración el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
La orden ejecutiva apunta a siete funcionarios de distintas áreas del Gobierno de Nicolás Maduro, cuyas acciones socavaron el proceso o las instituciones democráticas, que habrían cometido actos de violencia o de abuso a los derechos humanos y que habrían estado involucrados en prohibir o penalizar la libertad de expresión o funcionarios del Gobierno vinculados a la corrupción pública, detalló la Casa Blanca.
Los sancionados son el comandante de la Defensa Antonio José Benavides Torres, el director general de la inteligencia Gustavo Enrique González López, el ex comandante y presidente del conglomerado estatal, Justo José Noguera Pietri, la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón, el director de la Policía Nacional Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, el comandante de brigada Manuel Gregorio Bernal Martínez y el inspector general de las fuerzas armadas Miguel Alcides Vivas Landino. El Congreso ya había aprobado en diciembre sanciones con la llamada Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela, que Obama ratificó el 18 de diciembre.
La canciller Delcy Rodríguez, aseguró que “pronto” su Gobierno responderá a las acciones de la Casa Blanca, pero el presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre fuerte del regimen, Diosdado Cabello, dijo que EEUU planea “atacar Venezuela”.
Los intereses o propiedades que tengan en Estados Unidos las personas mencionadas en la orden serán bloqueados o congelados y se les negará el ingreso al país. A los ciudadanos estadounidenses también se les prohibirá hacer negocios con esos individuos. El secretario del Tesoro, Jacob Lew, explicó que las sanciones contra los funcionarios corruptos serán utilizadas “para proteger al sistema financiero estadounidense de flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela”.
Venezuela ha diversificado sus mercados en los últimos años, privilegiando comercialmente a China en detrimento de Estados Unidos, pero aún este último sigue siendo el principal destino de sus despachos de crudo.
Washington agregó estar “profundamente preocupado por los esfuerzos del Gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre los adversarios políticos” y la “criminalización de la disidencia”. Earnest hizo un llamado al gobierno de Venezuela a que “libere a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder de la oposición Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
Desde que asumió en abril de 2013, Maduro ha señalado a la oposición política de Venezuela y a Estados Unidos responsable de intentar fraguar un golpe de Estado en su contra. Ante ello, Venezuela pidió recientemente a la embajada de EEUU reducir su personal diplomático en un 80 % y empezó a solicitar visas a los estadounidenses que quieran ingresar a Venezuela. “Hemos visto muchas veces que el Gobierno venezolano trata de distraer sus propias acciones culpando a Estados Unidos o a otros miembros de la comunidad internacional por eventos que suceden en Venezuela”, sostuvo Earnest. “Esos esfuerzos reflejan una falta de seriedad por parte del Gobierno para manejar la grave situación que enfrenta”, agregó. (DPA-Reuters)
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