19 Marzo 2015
"TERRORISMO DE ESTADO". El tribunal consideró que Pezzetta cometió delitos de lesa humanidad. CAPTURA DE PANTALLA CIJ.TV
LA RIOJA.- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó ayer al ex alférez Angel Ricardo Pezzetta a la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tortura cometidos en perjuicio de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, conocidos como los "Mártires de Chamical", durante la última dictadura.
El tribunal, integrado por los jueces José Fabián Asís, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, dará a conocer los fundamentos de la sentencia el 21 de abril.
Pezzetta, único imputado en el proceso que comenzó el 20 de noviembre del año pasado, fue encontrado culpable por ser "autor mediato, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por simulación de autoridad pública, dos hechos en concurso real, homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o mas personas en perjuicio de Gabriel Rogelio Longueville" y de "homicidio triplemente calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o mas personas y ensañamiento en perjuicio de Carlos de Dios Murias".
La pena contó con la disidencia del presiente del Tribunal, José Fabián Asís, quien se pronunció por la absolución del imputado.
Finalmente, el tribunal dispuso que el cumplimiento de la pena se realice manteniendo su alojamiento en las instalaciones del Servicio Penitenciario Federal, disponiendo su inmediato traslado al Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.
Este juicio fue un residual del que condenó en 2013 a los represores Luis Fernando Estrella, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Benito Vera también a prisión perpetua por los asesinatos de los "Mártires de Chamical".
Al elevar a juicio la causa, el fiscal Darío Illanes entendió que Pezzetta, uno de los jefes de la Base Aérea de Chamical, debe responder por este delito por considerar que durante la noche del 18 de julio de 1976, los sacerdotes Murias y Longueville "fueron privados ilegítimamente de su libertad en ese lugar que hacía las veces de sede de Guarnición Aérea de Chamical".
Allí, según el fiscal, "los sacerdotes fueron sometidos a severo interrogatorio por su militancia, vinculación con (monseñor Enrique) Angelelli, además de ser sometidos a malos tratos y torturas tanto físicas como psicológicas".
La muerte de los sacerdotes se conoció por los dichos vertidos en sede policial por el ciudadano Julio Carabajal, quien dio cuenta del hallazgo de dos cuerpos a la vera de las vías a la altura del kilómetro 660/650 el 20 de julio de 1976 cuando regresaba de sus tareas habituales de refacción de las vías férreas.
Según la causa, Murias y Longueville "fueron llevados con sus ojos vendados y maniatados hasta la ladera opuesta del terraplén a la vera de la ruta nacional 38 en donde fueron sometidos a disparos con armas de fuego largas y cortas de distintos calibres por varias personas".
El fiscal agregó en su escrito de elevación a juicio que "los ejecutores actuaron dentro del marco del accionar de las fuerzas armadas durante la pasada dictadura militar y se infiere de tal suerte que la cadena de mando superior a sus ejecutores materiales, encomendaron la labor de inteligencia para llevar a cabo la maniobra al personal de las fuerzas de seguridad que existían en ese momento".
Los Mártires de Chamical, junto a la Masacre de San Patricio, los asesinatos de los obispos de La Rioja, Enrique Angelelli, y de San Nicolás, Carlos Ponce de León, y del padre Carlos Mugica, son algunos ejemplos de la persecución del terrorismo de Estado a aquellos religiosos católicos que trabajaban para los humildes.
Si bien parte de la Iglesia católica fue cómplice del régimen militar hubo una minoría señalada como los "curas rojos" o comunistas que luchó contra las atrocidades que se cometieron.
Este grupo se caracterizó por la expresa condena a las violaciones de los derechos humanos, la participación en manifestaciones, cartas y homilías públicas contra el accionar represivo, las denuncias al exterior y el acompañamiento a los familiares de desaparecidos.
Según el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, al menos dieciocho sacerdotes fueron asesinados o figuran como desaparecidos, otros diez curas estuvieron presos en la dictadura; treinta fueron secuestrados y derivados a los centros clandestinos de detención y luego liberados; once seminaristas fueron asesinados o figuran como desaparecidos y se cree que son más de medio centenar los católicos laicos víctimas de la represión ilegal.
Uno de los casos que tomó más trascendencia a nivel internacional fue el de las monjas francesas de las Misiones Extranjeras, Alice Domon y Léonie Duquet, cuya desaparición ocurrió en diciembre de 1977, junto a denominado grupo de la Iglesia de la Santa Cruz que integraban las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.
Hasta ahora, el único miembro de la Iglesia que fue sentenciado por violaciones a los derechos humanos fue el ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich. (Télam)
El tribunal, integrado por los jueces José Fabián Asís, Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, dará a conocer los fundamentos de la sentencia el 21 de abril.
Pezzetta, único imputado en el proceso que comenzó el 20 de noviembre del año pasado, fue encontrado culpable por ser "autor mediato, penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por simulación de autoridad pública, dos hechos en concurso real, homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o mas personas en perjuicio de Gabriel Rogelio Longueville" y de "homicidio triplemente calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o mas personas y ensañamiento en perjuicio de Carlos de Dios Murias".
La pena contó con la disidencia del presiente del Tribunal, José Fabián Asís, quien se pronunció por la absolución del imputado.
Finalmente, el tribunal dispuso que el cumplimiento de la pena se realice manteniendo su alojamiento en las instalaciones del Servicio Penitenciario Federal, disponiendo su inmediato traslado al Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires.
Este juicio fue un residual del que condenó en 2013 a los represores Luis Fernando Estrella, Luciano Benjamín Menéndez y Domingo Benito Vera también a prisión perpetua por los asesinatos de los "Mártires de Chamical".
Al elevar a juicio la causa, el fiscal Darío Illanes entendió que Pezzetta, uno de los jefes de la Base Aérea de Chamical, debe responder por este delito por considerar que durante la noche del 18 de julio de 1976, los sacerdotes Murias y Longueville "fueron privados ilegítimamente de su libertad en ese lugar que hacía las veces de sede de Guarnición Aérea de Chamical".
Allí, según el fiscal, "los sacerdotes fueron sometidos a severo interrogatorio por su militancia, vinculación con (monseñor Enrique) Angelelli, además de ser sometidos a malos tratos y torturas tanto físicas como psicológicas".
La muerte de los sacerdotes se conoció por los dichos vertidos en sede policial por el ciudadano Julio Carabajal, quien dio cuenta del hallazgo de dos cuerpos a la vera de las vías a la altura del kilómetro 660/650 el 20 de julio de 1976 cuando regresaba de sus tareas habituales de refacción de las vías férreas.
Según la causa, Murias y Longueville "fueron llevados con sus ojos vendados y maniatados hasta la ladera opuesta del terraplén a la vera de la ruta nacional 38 en donde fueron sometidos a disparos con armas de fuego largas y cortas de distintos calibres por varias personas".
El fiscal agregó en su escrito de elevación a juicio que "los ejecutores actuaron dentro del marco del accionar de las fuerzas armadas durante la pasada dictadura militar y se infiere de tal suerte que la cadena de mando superior a sus ejecutores materiales, encomendaron la labor de inteligencia para llevar a cabo la maniobra al personal de las fuerzas de seguridad que existían en ese momento".
Los Mártires de Chamical, junto a la Masacre de San Patricio, los asesinatos de los obispos de La Rioja, Enrique Angelelli, y de San Nicolás, Carlos Ponce de León, y del padre Carlos Mugica, son algunos ejemplos de la persecución del terrorismo de Estado a aquellos religiosos católicos que trabajaban para los humildes.
Si bien parte de la Iglesia católica fue cómplice del régimen militar hubo una minoría señalada como los "curas rojos" o comunistas que luchó contra las atrocidades que se cometieron.
Este grupo se caracterizó por la expresa condena a las violaciones de los derechos humanos, la participación en manifestaciones, cartas y homilías públicas contra el accionar represivo, las denuncias al exterior y el acompañamiento a los familiares de desaparecidos.
Según el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, al menos dieciocho sacerdotes fueron asesinados o figuran como desaparecidos, otros diez curas estuvieron presos en la dictadura; treinta fueron secuestrados y derivados a los centros clandestinos de detención y luego liberados; once seminaristas fueron asesinados o figuran como desaparecidos y se cree que son más de medio centenar los católicos laicos víctimas de la represión ilegal.
Uno de los casos que tomó más trascendencia a nivel internacional fue el de las monjas francesas de las Misiones Extranjeras, Alice Domon y Léonie Duquet, cuya desaparición ocurrió en diciembre de 1977, junto a denominado grupo de la Iglesia de la Santa Cruz que integraban las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.
Hasta ahora, el único miembro de la Iglesia que fue sentenciado por violaciones a los derechos humanos fue el ex capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich. (Télam)
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