06 Abril 2015
La gratuidad de la educación en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) quedará consagrada en el preámbulo del nuevo estatuto si el miércoles los miembros de la Asamblea Universitaria aprueban el único dictamen referido a este eje que debatirán en el recinto. El borrador define a la casa de Terán como una “institución educativa, de investigación y desarrollo, democrática, laica, pública, gratuita y cogobernada”.
Pero que la gratuidad quede fijada en esa especie de Carta Magna que rige el funcionamiento de la casa de Terán no implica que los estudiantes de la UNT tengan garantizada su formación académica gratuita. En el actual estatuto -que rige desde el 18 de marzo de 1996- ya se encuentra expresada tal condición y, aun así, la mayoría de las facultades cobran algún tipo de arancel, en forma de bono contribución, o similares.
“En suspenso”
Este cobro no resulta antiestatutario porque el punto que versa sobre esa cuestión se encuentra suspendido desde su nacimiento; y ninguna autoridad en los 19 años que lleva en vigencia la normativa -Mario Marigliano y Juan Alberto Cerisola (ambos en dos ocasiones) y la actual rectora, Alicia Bardón- levantó tal suspensión. “La Universidad Nacional de Tucumán garantiza la gratuidad y equidad de la enseñanza de grado y ningún estudiante podrá ser obligado al pago de contribuciones por tales estudios (En suspenso)”, expresa el actual artículo 91°.
El proyecto del nuevo preámbulo -que, en cantidad de texto, prácticamente triplica al actual- expresa algunos posicionamientos políticos. Uno de estos, en particular, resulta muy sensible para gran parte de la comunidad universitaria: el medioambiental. En especial, porque la casa de Terán es propietaria de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). “(La UNT) se propone generar y transmitir conocimientos tomando como referencia permanente la comunidad, el respeto irrestricto por los derechos humanos y el desarrollo ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado”, dice parte del proyecto de preámbulo.
Finalmente, el borrador pone mayor énfasis en la autonomía universitaria. El preámbulo vigente simplemente declamaba: “la plena autonomía y la autarquía financiera son atributos fundamentales de la universidad”. El proyecto que llegará al recinto el miércoles expresa: “(la UNT) asume el compromiso irrenunciable de defender la autonomía institucional de la universidad pública, la libre discusión ideológica en sus claustros, la creatividad y libre expresión de todos sus miembros, tomando la responsabilidad de justificar el uso y disponibilidad de sus recursos”.
Pero que la gratuidad quede fijada en esa especie de Carta Magna que rige el funcionamiento de la casa de Terán no implica que los estudiantes de la UNT tengan garantizada su formación académica gratuita. En el actual estatuto -que rige desde el 18 de marzo de 1996- ya se encuentra expresada tal condición y, aun así, la mayoría de las facultades cobran algún tipo de arancel, en forma de bono contribución, o similares.
“En suspenso”
Este cobro no resulta antiestatutario porque el punto que versa sobre esa cuestión se encuentra suspendido desde su nacimiento; y ninguna autoridad en los 19 años que lleva en vigencia la normativa -Mario Marigliano y Juan Alberto Cerisola (ambos en dos ocasiones) y la actual rectora, Alicia Bardón- levantó tal suspensión. “La Universidad Nacional de Tucumán garantiza la gratuidad y equidad de la enseñanza de grado y ningún estudiante podrá ser obligado al pago de contribuciones por tales estudios (En suspenso)”, expresa el actual artículo 91°.
El proyecto del nuevo preámbulo -que, en cantidad de texto, prácticamente triplica al actual- expresa algunos posicionamientos políticos. Uno de estos, en particular, resulta muy sensible para gran parte de la comunidad universitaria: el medioambiental. En especial, porque la casa de Terán es propietaria de la firma Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). “(La UNT) se propone generar y transmitir conocimientos tomando como referencia permanente la comunidad, el respeto irrestricto por los derechos humanos y el desarrollo ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado”, dice parte del proyecto de preámbulo.
Finalmente, el borrador pone mayor énfasis en la autonomía universitaria. El preámbulo vigente simplemente declamaba: “la plena autonomía y la autarquía financiera son atributos fundamentales de la universidad”. El proyecto que llegará al recinto el miércoles expresa: “(la UNT) asume el compromiso irrenunciable de defender la autonomía institucional de la universidad pública, la libre discusión ideológica en sus claustros, la creatividad y libre expresión de todos sus miembros, tomando la responsabilidad de justificar el uso y disponibilidad de sus recursos”.
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