09 Abril 2015
ACUSADO. Según la fiscalía, Manlio Torcuato Martínez ayudó a legitimar una masacre. LA GACETA / FRANCO VERA
Humberto Rava, el actual secretario de Derechos Humanos de la provincia, es uno de los presos políticos de la dictadura que más años pasó en la cárcel de Villa Urquiza. Sus padres también fueron secuestrados.
Esta mañana, declara en el juicio que se sigue al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, acusado de haber asegurado la impunidad de quienes perpetraron la matanda de cinco personas, en mayo de 1976.
Ante el tribunal que preside Carlos Jiménez Montilla, Rava contó que pasó ocho años, cuatro meses y tres días en la cárcel. "Fui liberado el 19 de julio de 1983 a las 11 de la mañana", especificó.
Cuando lo llevaron a declarar ante el entonces juez federal Martínez, "estaba destrozado", contó.
Su madre, Sara, pasó un año detenida, y fue víctima de maltratos en la cárcel, según recordaron ex presas políticas que compartieron cautiverio con ella.
Según la fiscalía, Martínez se negó a investigar la masacre y sus actitudes habrían producido la “legitimación” de la ejecución del grupo por parte de policías y militares, y “asegurado” la impunidad.
El juicio también aborda la detención del dueño de la casa donde se produjo la masacre. Martínez sostiene que era incompetente debido a que el asunto correspondía a la Justicia Militar y a que actuó amenazado durante la dictadura.
Esta mañana, declara en el juicio que se sigue al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, acusado de haber asegurado la impunidad de quienes perpetraron la matanda de cinco personas, en mayo de 1976.
Ante el tribunal que preside Carlos Jiménez Montilla, Rava contó que pasó ocho años, cuatro meses y tres días en la cárcel. "Fui liberado el 19 de julio de 1983 a las 11 de la mañana", especificó.
Cuando lo llevaron a declarar ante el entonces juez federal Martínez, "estaba destrozado", contó.
Su madre, Sara, pasó un año detenida, y fue víctima de maltratos en la cárcel, según recordaron ex presas políticas que compartieron cautiverio con ella.
Según la fiscalía, Martínez se negó a investigar la masacre y sus actitudes habrían producido la “legitimación” de la ejecución del grupo por parte de policías y militares, y “asegurado” la impunidad.
El juicio también aborda la detención del dueño de la casa donde se produjo la masacre. Martínez sostiene que era incompetente debido a que el asunto correspondía a la Justicia Militar y a que actuó amenazado durante la dictadura.
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